Bariloche: la justicia refuerza la impunidad

Dura réplica de la diputada nacional Victoria Donda ante el apartamiento del Juez Lozada.
“La justicia de Río Negro pretende consolidar la impunidad de la policía”

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, Victoría Donda y el resto de diputados y diputadas del interbloque Movimiento Proyecto Sur manifestaron su profunda preocupación por el apartamiento del Juez Martín Lozada, quien había procesado con prisión preventiva al policía acusado del asesinato de Diego Bonefoi.

De tán sólo 15 años Diego murió asesinado el jueves 17 de junio de un balazo por un policía de la comisaría 28 de San Carlos de Bariloche, hecho que desató la reacción de los vecinos y vecinas del Barrio “El Alto” de la ciudad, al cual se respondió con una violenta represión causando otras dos muertes de jóvenes del lugar.

El apartamiento del Juez Martín Lozada (reconocido por su trayectoria en la defensa de las garantías procesales) es muy preocupante. No sólo porque abre la posibilidad que el próximo magistrado que lo reemplace modifique el procesamiento dictado al polícía acusado bajo la carátula de "homicidio calificado por alevosía" (ya que le había disparado a la víctima indefensa a dos o tres metros de distancia y por la espalda). Sino porque refuerza un modelo de seguridad como el dominante en dicha ciudad, con excesivo control policial de características represivas, en beneficio de los intereses de los sectores sociales más pudientes, privilegiando una intervención estatal puramente punitiva y un Estado ausente en la garantía de los derechos de los y las ciudadanas.

Lo más alarmante de la decisión de la Cámara Civil de San Carlos de Bariloche es que si así procedió frente al Juez que procesó al policía identificado en el homicidio de Bonefoi, poco puede esperarse de esta misma Cámara frente a la investigación y procesamiento de los responsables de los asesinatos de los otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco, de 17 años y Sergio Cárdenas, de 29 años, muertos también por la policía provincial durante la represión. Los autores materiales de estos crímenes aun no han sido identificados. De mantenerse estas circunstancias, se estarían consolidando la impunidad y la permisibilidad de la policía, amparada por el poder político local y provincial.

En este sentido dos ideales de ciudad han entrado contradicción, y en esa disputa también se juegan modelos de sistema penal, de justicia y de policía muy distintos.

La diputada nacional Victoria Donda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación conjuntamente con sus pares del interbloque Movimiento Proyecto Sur que integran también Fernando “Pino” Solanas, Cecilia Merchán, Liliana Parada, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli, Claudio Lozano, Miguel Bonasso, Eduardo Macaluse, Verónica Benas y Graciela Iturraspe exigen una rápida investigación de los hechos, renuncia y procesamiento de los responsables materiales de dichos crímenes, respeto de las instituciones y libertad al trabajo de los magistrados que se desempeñan en sintonía con la ley de acuerdo con las expectativas de la sociedad que busca pleno ejercicio de la justicia.

Presidencia de la Comision de Derechos Humanos y Garantias del Congreso de la Nación

Interbloque Movimiento Proyecto Sur