"Su actitud legitima la clandestinidad del aborto"

ABORTOS NO PUNIBLES
Manzur: su actitud legitima la clandestinidad del aborto

Sorpresa y preocupación han causado el reciente comunicado del Ministerio de Salud, que expresa que el Ministro Manzur no ha firmado resolución alguna respecto de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. La postura del funcionario, demuestra un claro retroceso en lo que respecta a una política pública.

Esta guía de atención viene a equiparar derechos consagrados en nuestra legislación y no puede estar librada a la voluntad de un funcionario público, estamos hablando de la salud y la vida de mujeres y niñas.

Según informa la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (ANP), en " Argentina mueren alrededor de 80 mujeres por año a consecuencia de complicaciones de abortos inseguros" y representan el "30% de las causas de la mortalidad materna". Además, indica que, según "las estimaciones recientes ocurren 460.000 abortos inducidos por año".

"En el año 2007 se registraron 59.960 hospitalizaciones por aborto en todo el país", informa la guía. Y, en base a esos datos, explica que "el derecho de las mujeres de acceder al Aborto No Punible sufre limitaciones ilegitimas a través de la interpretación restrictiva de las causales de no punibilidad, la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y la judicialización indebida de la autorización" del Aborto No Punible.

Entonces, es imperioso aclarar que la Guía es parte de una política de salud pública, y que la actitud inexplicable del Ministro Manzur además de repudiable manifiesta lo que desde algunos sectores del gobierno marcan una fuerte presión ante el avance de nuestros derechos ya que la nueva Guía permitiría la legalización del aborto para todos los casos de violaciones, no sólo para los de "mujer idiota o demente", y pone como condición que la víctima presente una denuncia o, simplemente, una declaración jurada en la que afirme haber sido violada.

Asumir el debate para evitar la judicialización de los casos de abortos legales, significa nada más y nada menos que cumplir con los derechos ya consagrados. El derecho fundamental se encuentra reconocido desde el año 1921 en el art 86 segundo párrafo del código penal. El estado está obligado a garantizar el ejercicio real y efectivo de ese derecho. En ese sentido es necesario y urgente contar con el Protocolo de Intervención, para evitar situaciones de violencia que deben pasar aquellas mujeres ante la innecesaria judicialización de los casos de abortos no Punibles.

Además de exigir la aprobación del protocolo sostenemos la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, para evitar más de 500.000 muertes de mujeres que llevan adelante esa práctica y evitar también que lo sigan haciendo en condiciones de clandestinidad e ilegalidad.

Nancy Sotelo
Movimiento de Mujeres Juana Azurduy-Chaco