Piden evalúar legalidad de resolución educativa

Iniciativa de los diputados Martínez, Altamiranda y  Varisco.

Piden que la Comisión de Derechos Humanos evalúe la legalidad de la Resolución 506/13 del Ministro Soto

En horas de la mañana de hoy,16/04/2013, ingresó  la Nota 4838/13 firmada por los diputados Carlos Martínez(Libres del Sur-FAP), Elba Altamiranda (Bloque UCR-Alianza) y Jorge Varisco (Bases y Principios) por la cual se dirigen a la Presidenta de la Comisión Permanente Legislativa de Derechos Humanos, Profesora Mariel Nancy Gersel,  a fin de solicitarle proceda a iniciar las actuaciones correspondientes a los fines examinar, investigar y dictaminar respecto a los alcances, congruencia y eventuales transgresiones de la Resolución 506/2013 dictada a fines de marzo por el Ministro de Educación, Sergio Soto con relación a la legislación de orden internacional, nacional y provincial vigente.

El diputado Carlos Martínez, uno de los impulsores del inicio del pedido, señaló que “el dictado de esta resolución por parte de las autoridades del área educativa del gobierno del contador Capitanich, y su inicial y más que problemática aplicación en los establecimientos escolares, ha generado resistencias en una parte importante del sector docente , al tiempo que plantea severas dudas respecto a  su eficacia práctica como  instrumento componedor del conflicto educativo  así como serios y fundados interrogantes de que sea esa la medida discrecional de gobierno óptima y adecuada desde el punto de vista  legal y  constitucional”.

Finalmente, agregó que “los legisladores no debemos ser espectadores pasivos de las normas que hemos sancionado desde esta legislatura y estamos obligados a controlar su real cumplimiento; de igual forma estamos llamados a evaluar la adecuación normativa de la legislación reglamentaria que se dicte desde el Ejecutivo y sus organismos  con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, lo referente a normativa laboral vigente.  Estamos de esta forma cumpliendo cabalmente nuestro rol, como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, de garantizar la protección  no solo de los derechos humanos civiles y políticos sino también los derechos sociales, económicos, culturales y de incidencia colectiva, tal como lo establece la ley provincial 2971 y el artículo 67 de la Resolución  828/2001 de la Legislatura Provincial”.

CARLOS MARTINEZ
DIPUTADO PROVINCIAL
BLOQUE LIBRES DEL SUR  en el F.A.P.