La paradoja de cuando los servicios públicos generan pobres
Sobre un elevado costo en la canasta de alimentos que no para de crecer y que en marzo arrojó un alarmante 4,54% (con un acumulado para los últimos meses del 23,36%, según el Índice Barrial de Precios), el Gobierno prepara nuevos incrementos en los servicios públicos. A la energía eléctrica y los peajes se sumarán de manera inminente aumentos en las tarifas de gas, telefonía fija, transporte y ya se habla de un nuevo incremento eléctrico.
Este aumento anunciado por el Gobierno podría llegar a traer consecuencias muy perjudiciales para amplios sectores de nuestra sociedad, lo que alejaría aún más el objetivo declamado en la campaña de pobreza cero.
Este cuadro de situación traerá consecuencias no sólo para los hogares humildes, donde muchas familias directamente no podrán afrontar los aumentos, ya que la canasta de alimentos ocupa cada vez mayores recursos; sino también entre los trabajadores, los sectores medios y los pequeños comercios y los talleres.
Para el grupo social más vulnerable, el Gobierno ha propuesto un régimen de tarifa social sobre el cual, en los últimos días y ante los cuestionamientos que hemos formulado, ha aclarado que el sistema beneficiará a 2,7 millones de usuarios. Aun considerando que esa vaya a ser la amplitud en la implementación, insistimos en que es limitada e insuficiente y que muchos de los hogares más pobres del país se verán alcanzados por los aumentos.
Y eso es así, primero, porque el límite de 150KW de consumo mensual es limitado en numerosos casos, tanto por la existencia de gran cantidad de hogares multifamiliares como por la carencia en muchos de ellos de servicios como el agua o el gas, lo que obliga a la utilización de más energía eléctrica y lleva a superar ampliamente ese límite.
También porque el universo contemplado para acceder a la tarifa social —jubilados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores—, si bien abarcaría un espectro amplio al incluir a los que ganen menos de dos salarios mínimos, no incluye a los enfermos crónicos electrodependientes. Tampoco a los inquilinos, que luego de abonado el alquiler quedan por debajo del límite de ingreso de 12 mil pesos. Hay que considerar, además, que en el país más de seis millones de argentinos habitan casas alquiladas y muchísimos de ellos se encuentran en el límite de ingreso. Un dato de color, inexplicable, es que el poseedor de un auto de menos de 15 años de antigüedad no puede acceder a la tarifa social, aunque reúna los otros requisitos.
Por otro lado, me preocupa cómo afectarán estos incrementos en las actividades de las pymes comerciales e industriales, que generan gran cantidad de empleo y no se encuentran contempladas en ningún tipo de escalonamiento tarifario. Se va a dar la situación en la cual la factura de luz será mayor que el alquiler. Para muchos de ellos los incrementos no serán absorbibles, ni tendrán posibilidad de traslado a los precios sin disminuir sus ventas o su nivel actividad, con un impacto directo sobre el empleo y la actividad económica.
El aumento de las tarifas significará entonces, empujar a miles de personas a la pobreza.
