Más voces cuestionan el proyecto oficial para el Tiro Federal

El Consejo Profesional de Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos pidieron que se analice el impacto ambiental del plan.

La creación de una Agencia de Bienes porteña que se encargará de administrar y vender terrenos públicos de la Ciudad, entre ellos el histórico Tiro Federal Argentino, sigue generando controversias. Mientras en la Legislatura se discutían ayer las posiciones a favor y en contra, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) solicitaron que el proyecto de transformación del predio de Núñez aclare, entre otros puntos, cuáles son las normas urbanísticas que regirían para evitar especulaciones inmobiliarias que atenten contra el Plan Urbano Ambiental.

Lo hizo en un documento que se conoció ayer luego de que sus directores participaron de la audiencia pública no vinculante desarrollada la semana pasada para lograr el traspaso de 13 de las 16 hectáreas del Tiro Federal al Estado. El gobierno porteño, según informó, pretende crear en esas tierras un Parque de la Innovación, conformado por instituciones educativas públicas y privadas.

El CPAU y la SCA advirtieron que sólo darían el visto bueno al proyecto si se obliga a la futura Agencia de Bienes a realizar estudios de tránsito y ambientales que evalúen el impacto de las obras en la zona y si se limitan las construcciones.

Los socios del Tiro Federal, al igual que gran cantidad de vecinos, ya expresaron su rechazo a la iniciativa oficial, porque abriría el juego a negocios inmobiliarios.

Ayer, según describieron legisladores opositores, hubo una "tensa discusión" durante la sesión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano, Desarrollo Económico y Presupuesto de la Legislatura, en la que se analizó la creación de la agencia. Vecinos y organizaciones sociales expusieron en contra de la propuesta, por considerarla "inconstitucional".

"Dieron la palabra a los presentes y, sólo después, informaron que habían modificado uno de los artículos. El público se enajenó", relató a LA NACION el diputado socialista Adrián Camps. "Nos convocaron a tratar un proyecto al que se le hicieron cambios que no conocíamos", agregó, minutos después de firmar uno de los despachos de minoría.

Cambios

Los diputados de Pro, en tanto, avanzaron con la redacción, y si bien circularon versiones de que se había firmado el despacho de mayoría fuentes cercanas al presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Agustín Forchieri, lo negaron. Indicaron que se otorgaron otras 24 horas para permitir a los legisladores sugerir algún otro cambio al proyecto, que podría convertirse en ley en la sesión de pasado mañana.

Las modificaciones al borrador para crear la Agencia de Bienes fueron propuestas por el bloque del Frente para la Victoria (FPV). Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y uno de los impulsores de la campaña "Buenos Aires no se vende", denunció que este acuerdo entre bloques "fue un intercambio político que garantiza al FPV un lugar en la estructura orgánica del futuro nuevo ente".

Uno de los cambios incorporados establece que la agencia deberá remitir un "programa anual de acciones a la Legislatura para su aprobación", con el fin de que los diputados se expidan al respecto de cada una de las ventas de terrenos previstas. Así, quedarían sorteadas las críticas sobre la inconstitucionalidad del texto original, que omitía el aval parlamentario. "Es una locura que una ley explicite que deben cumplirse exigencias ya impuestas por la Constitución de la Ciudad", opinó el diputado Maximiliano Ferraro en diálogo con LA NACION.

El proyecto reformulado limita además la reelección de los miembros del directorio a una única vez y fija que "los fondos producto de la venta de los bienes inmuebles no podrán ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes".

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Agencia de Bienes S.E.: Aumentan las críticas

El bloque de SUMA+ (interbloque ECO), conformado por 6 legisladores y conducido por Hernán Rossi, expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno de la Ciudad para crear la Agencia de Bienes S.E., que estará a cargo de administrar un conjunto de bienes inmuebles, entre ellos, los predios donde se encuentran el club Tiro Federal Argentino, en Núñez, y el paseo ferial “El Dorrego”, en Colegiales.

A través de un comunicado, los diputados del espacio que responde a Martín Lousteau manifestaron que “de acuerdo con la Constitución, la Legislatura tiene la facultad de aprobar transacciones, desafectar y disponer los bienes inmuebles de la Ciudad. Este proyecto, tal cual está redactado, autorizará al Poder Ejecutivo a transferir los inmuebles del dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires a la Agencia de Bienes Sociedad del Estado”.

“Queremos trabajar en la mejora de la calidad de vida de todos los porteños, y tenemos un firme compromiso por aprobar leyes en ese sentido, por eso hemos trabajado con los distintos bloques para llegar a una redacción que respete la Constitución de la Ciudad”, agregaron.

Y expresaron que “en este caso creemos que, tal como lo hicimos en la primera lectura de este proyecto al votar negativamente, no podemos delegar facultades de la Legislatura en otro poder y la redacción final del mismo, si bien incorporó algunas modificaciones constructivas sugeridas por nuestro bloque, no ha llegado a modificar este aspecto fundamental”.

Por su parte, el legislador Adrián Camps, del monobloque PSA, calificó de “desprolijo” el tratamiento del proyecto y subrayó que antes del plenario de comisiones, “no se hizo ninguna reunión de asesores. Venimos a tratar un proyecto al que se le hicieron modificaciones que no conocemos; no sabemos cuál es el texto definitivo”.

“Es inaceptable que se pretenda enajenar el patrimonio de una Ciudad sin tener un plan de desarrollo urbano que determine qué ciudad necesitamos”, señaló y explicó que en el predio del Tiro Federal, “donde dicen que el objetivo es construir el Parque de la Innovación -que todavía no sabemos qué es, porque nunca lo explicaron- se esconde un negocio inmobiliario gigantesco destinado a favorecer a intereses privados; construcción de departamentos y oficinas de lujo orientados a la especulación y que en nada tienen que ver con las necesidades de vivienda de los habitantes porteños”.

Movimiento Libres del Sur de la Ciudad

La agrupación criticó el proyecto del Poder Ejecutivo y apuntó que “es ilegal” porque “trasgrede la Constitución de la Ciudad y delega tareas propias de la Legislatura” e “ilegítimo” porque “no respeta la voluntad de la totalidad de los vecinos y vecinas y de agrupaciones vecinales que se manifestaron en rechazo a la iniciativa en la audiencia pública”.

“Hoy vivimos otro capítulo del pacto Pro-K donde el FpV manifestó su decisión de aprobar el proyecto en la próxima sesión de la Legislatura a través del legislador del FpV Gabriel Fuks que cosechó el repudio unánime de los presentes”, expresaron.

Y anunciaron que ante la posibilidad de que la iniciativa se trate en el recinto este jueves, “desde Libres del Sur y en conjunto con organizaciones como la Asociación Vecinos de Belgrano, Observa torio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler y Asociación por la Justicia Ambiental, entre otras, con las que integramos Buenos Aires No Se Vende, convocamos a toda la ciudadanía a manifestarse en contra de la entrega del patrimonio de la Ciudad y de un nuevo negociado inmobiliario”.

Además, advirtieron que la Agencia también tendrá facultad para “negociar todos los terrenos del dominio privado de la Ciudad que se encuentran al norte de la calle San Juan (fuera de jurisdicción de la Corporación Madero y la Corporación Sur). En situación de riesgo queda el Centro Cultural Recoleta, asentado sobre un espacio que es patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, Casa Amarilla, y concesiones como la del Centro de Exposiciones, subsuelo de Plaza Houssay o Costanera Norte”.

 

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Avanza la creación de la Agencia de Bienes

Durante un picante plenario de las comisiones de Planeamiento Urbano, Presupuesto y Desarrollo Económico se trató el proyecto del Poder Ejecutivo, a través del cual se crea la Agencia de Bienes S.E. y se habilita la venta del predio donde funciona la histórica institución Tiro Federal Argentino.

La norma fue aprobada en forma inicial el pasado 3 de diciembre, con 44 votos positivos –Pro y Frente para la Victoria-, 14 negativos y 2 abstenciones. La iniciativa busca que en el lugar se construya un Parque de la Innovación, que funcionaría como un campus educativo y de investigación. Por otro lado, permite la venta de una fracción de “El Dorrego” que se utilizará para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual.

Al final de las exposiciones de un grupo de vecinos y socios del club, el Director General de Administración de Bienes del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño, Gerónimo Cabrera, sostuvo que “entre los beneficios que traerá la Agencia de Bienes está mejorar de manera contundente la administración de los bienes de la Ciudad”. “Tenemos un montón de inmuebles que no le sirven a la gestión”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Tiro Federal Argentino, Juan Carlos Salerni, criticó la “celeridad” del tratamiento del proyecto y afirmó que los legisladores “no estudiaron en nada lo que la gente manifestó en la audiencia pública”, donde hubo un rechazo unánime a la iniciativa.

Durante la reunión, el legislador Adrián Camps (PSA) consideró que hubiera sido bueno que “los legisladores pudieran informarse” y “que los funcionarios pudieran venir mucho antes”. Sobre la construcción del Parque de la Innovación, el diputado expresó: “no sabemos qué es el Parque de la Innovación”.

“En base a qué criterio de planificación urbana se va a destruir un club”, preguntó y aseveró: “creo que técnicamente no van a poder hacer el Parque de la Innovación”. “Detrás de esto hay negocio inmobiliario”, denunció.

Desde el Frente para la Victoria, el legislador Gabriel Fuks reconoció que “tal como mismo lo hemos votado nosotros, creemos que el proyecto es inconstitucional”. Sin embargo, planteó modificaciones a dos artículos del proyecto, sobre la transferencia de bienes inmuebles y el régimen jurídico, y anunció que de aceptarse las sugerencias el bloque acompañaría la propuesta.

El cambio sobre el polémico artículo 5 consiste en que la Agencia tendrá que aportar un listado de los bienes sobre los que desee trabajar, el cual será remitido a la Legislatura para que cada inmueble pase por un tratamiento individual en el recinto.

Roy Cortina (PS) salió a responder que “esta ley, incluso con las modificaciones, sigue violando la Constitución”. “Este proyecto se gestó mal y nacerá como una ley peor”, advirtió el diputado socialista.

Recordó que “la ley se votó sin debate” y opinó que “el oficialismo comete una gran torpeza tratando de apurar los tiempos”. También calificó a la norma como “incompatible con la gestión que debe tener la Ciudad en materia de desarrollo urbano”.

Por el lado del Pro, la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, se refirió a la “importancia de tener una Agencia para el mejoramiento de la administración de un montón de lotes” que hay en la Ciudad. Dijo que la creación del ente ayudará a un “trabajo profesional y centralizado”.

“Este proyecto no viola la Constitución”, afirmó y agregó: “de ninguna manera voy a aceptar que esto es un negocio”. Pese a que expresó el “respeto” por el club y su casona, declarada como Monumento Histórico Nacional, Polledo manifestó que “no hay necesidad de tener 16 hectáreas para practicar tiro”.

A raíz del amplio rechazo y la oposición de los legisladores de la mayoría de los bloques, la diputada expresó que “de las cuestiones que se han dicho acá, hay muchas que no son verdad”. “Creemos que este proyecto es bueno para la mayoría de los habitantes de la Ciudad”, finalizó.

A su turno, el legislador Marcelo Ramal (FIT) denunció un “golpe parlamentario”. Inmediatamente, Polledo lo interrumpió y sentenció: “de ninguna manera voy a permitir que usted hable de golpe”.

Sin embargo, Ramal subrayó la “creación de un Estado paralelo”, y “la privatización y el desguace del Estado”. “Esta ley es la autodisolución de la Legislatura”, dijo. Por su parte, su compañero de interbloque Patricio Del Corro (PTS) pidió la realización de una consulta popular o plebiscito.

El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) anticipó el voto en contra del bloque e hizo hincapié en tres cuestiones del proyecto sobre la trasparencia y el control público, la delegación de facultades y la especificidad en relación al destino de los bienes.

En último lugar, el jefe del bloque Pro, Francisco Quintana consideró que “sería materia del Poder Judicial decir si la ley es inconstitucional o no”. El legislador aceptó las modificaciones solicitadas por el FpV y además especificó nuevos cambios en el texto original, tales como: el Directorio remitirá un programa de acciones a la Legislatura para su aprobación, “antes del 30 de septiembre del año anterior para el que rige”; la limitación de la reelección de los miembros del Directorio y la Sindicatura a una única vez; con respecto al régimen jurídico, se regirá también por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad; el Parque de la Innovación deberá desarrollarse mediante la realización de un Concurso Público; y los fondos producto de la venta de los bienes inmuebles no podrán ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.

Los bloques de Autodeterminación y Libertad, Bien Común, Coalición Cívica, FIT, Partido Socialista, PTS, Partido Socialista Auténtico y SUMA+ ya anunciaron su voto negativo. No obstante, el Frente Renovador y Confianza Pública no sentaron posición, pero en la aprobación inicial se abstuvieron.

Para que la norma se apruebe en el recinto, el Pro necesita 40 votos, de los cuales cuenta con 28 de sus propios legisladores. Para alcanzar el número contaría, al igual que el pasado 3 de diciembre, con los votos del Frente para la Victoria, un bloque que hoy cuenta con 12 diputados, más el aliado Claudio Palmeyro, de Sindical Peronista.

Publicado en: http://www.parlamentario.com/noticia-90577.html