Judicialización de expresiones públicas

Carlos Martínez expresó preocupación por judicialización de expresiones públicas

 

 

El diputado Carlos Martínez expresó preocupación por nuevos casos de funcionarios que inician o piensan iniciar acciones legales contra ciudadanos que expresan opiniones de manera pública, por considerarlas injuriosas. “Resulta preocupante esta tendencia que se observa en funcionarios y figuras públicas de nuestra provincia a judicializar el debate sobre asuntos de interés público” expresó Martínez, “estamos hablando de una práctica que atenta netamente contra el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho humano a la información pública que debería caracterizar a cualquier sociedad democráticas, una práctica que debería ser desterrada de una vez por todas de nuestra sociedad en particular, dada la nefasta historia de represión y censura con la que cargamos los Argentinos.”

 

El caso de más resonancia en estos días es la intimación por parte de la Ministra de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Beatriz Bogado, al dirigente del Polo Textil, Teodoro Gincoff, por lo que la funcionaria consideró declaraciones que “agravian a su persona y su función”, formuladas por Gincoff en un acto partidario. Otros casos que tuvieron resonancia en épocas recientes fueron la querella iniciada por el entonces candidato a diputado y ahora legislador, Carim Peche, contra Fabricio Bolatti por declaraciones vertidas por el legislador del Frente Grande en un programa televisivo; la querella que le iniciara el ex – gobernador Angel Rozas al diputado Ricardo Sánchez o la causa iniciada por la Intendenta Aída Ayala contra el mismo Martínez por opiniones que el diputado expresó a un portal de noticias. “En todos estos casos” aclaró Martínez, “estamos hablando de expresiones que refieren a la figura y función pública de los querellantes, y no a su vida privada”.

 

“En estos momentos se está debatiendo en la Legislatura un proyecto de resolución presentado por el Bloque libres del Sur, en el que repudiamos este tipo de acciones judiciales” afirmó Martínez, “el proyecto en particular tiene que ver con el anuncio por parte del Intendente de La Leonesa, José Carbajal, de una querella contra la Dra. Ana Lía Otaño por el delito de Injurias, en relación a declaraciones realizadas por ésta referentes a temas de interés público”. En ese sentido, el legislador recordó que desde diciembre del 2009, mediante la entrada en vigencia de la ley 26.551 se establece que En ningún caso configurarán delito de calumnias o injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público. “Es decir que estamos hablando en estos casos de una despreocupación por parte de los querellantes, de la responsabilidad que compete a los funcionarios públicos con respecto al conocimiento de la legislación vigente en un estado de derecho respetuoso de las libertades civiles y garantías individuales” aseguró Martínez.