El atentado contra la AMIA acumula 24 años de impunidad

Este 18 de julio se cumple un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, acumulándose así ya 24 años de impunidad. Al respecto va haber el miércoles próximo un acto en Once, pero a diferencia de otros años la DAIA ni siquiera va a ser de las organizaciones convocantes.

En estos últimos casi dos años y medio, se está dando el juicio oral contra Menem, Anzorreguy y otros funcionarios de la ex SIDE, Galeano, los ex fiscales y Beraja de la DAIA, por los delitos de “encubrimiento” y otros cometidos durante la instrucción de la causa AMIA. La investigación judicial del atentado contra la AMIA está en manos de la Unidad Fiscal AMIA. Y a pesar de todo ese tiempo transcurrido, la lentitud y complejidad de las imputaciones, prometen prolongar hasta fin de año dicho enjuiciamiento.

Durante este juicio fueron notables muchos episodios bochornosos tanto de la justicia como de “la política”.

Al respecto los integrantes de APEMIA (una de las querellas que participan en ese juicio) planteó, días antes de dar su alegato en el mes de abril pasado, que: “Desde hace muchos años están más que demostrados los delitos por los que se acusa a los imputados. Eso es así a pesar de que el Estado sigue ocultando los archivos secretos que debieran haber sido prueba en este juicio del “encubrimiento”. Este juicio limitado como es y que se presentó como el segundo juicio histórico, mostró la participación de los tres poderes del Estado y la SIDE en la comisión de todos los delitos, que contaron con la indiscutible complicidad de las direcciones políticas de la AMIA y la DAIA. Una limitación adicional fue impuesta por los jueces que resolvieron que el 25% de las audiencias fueran secretas, para evitar el conocimiento público de los testimonios referidos a la SIDE.” Esas fueron las ideas que pusieron de relieve en su alegato ante los jueces del TOF 2, el pasado 7 de mayo. Los integrantes de APEMIA, una de las querellas presentadas y activas en dicho juicio, son los más firmes en reclamar porque el Congreso cree una Comisión Investigadora Independiente, y por exigir la apertura inmediata de los archivos secretos que persisten en esa situación.

Para más ejemplos de episodios bochornosos de “la política”, sorprendió a todos que el pasado 13 de julio se diera a conocer la resolución del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, que anunciaba la creación de una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional (SAIT). Lo llamativo no es sólo que esta secretaría estaría a cargo de él mismo; sino que se le asignó la extraña misión de “abordar de manera integral el extremismo violento entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”, (cuando los fiscales, en realidad deben actuar frente a delitos cometidos/pasados, ya que para “prevenir” ataques están las policías y los servicios de inteligencia, no los fiscales). Sobre el final de dicha resolución se menciona difusamente el caso AMIA, planteando que esa Secretaría colaborará con la Unidad Fiscal AMIA -que es la que encabezaba Alberto Nisman, y luego de su muerte se designaron en la misma a tres fiscales que dieron pasos importantísimos en la investigación que acompaña dicho juicio; el más conocido de todos los hallazgos fue la identificación de la víctima número 85, llamado Augusto Jesús, que Nisman decía que era un obrero boliviano, y resultó ser el hijo de otra víctima-.

Es que en esta zaga de bochornos que venimos enumerando, ya el pasado 22 de marzo, Mario Cimadevilla presentó su renuncia como titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia (organismo que “coordinaba” a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado y en las causas derivadas), ya que según él, el ministro de Justicia Germán Garavano, presionaba a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado. Finalmente, el ministro trasladó ese organismo a la Secretaría de Derechos Humanos de Claudio Avruj, (quien, a su vez, fue ex funcionario de la DAIA durante la gestión del imputado ex presidente de la entidad, Rubén Beraja), lo que en la práctica significó la disolución de hecho de dicha Unidad AMIA.

En síntesis, la política nuevamente vuelve a enturbiar los pequeños avances dados, ante tremendo atentado que sigue lastimando nuestra memoria nacional. Por un lado, se está desarmando la Unidad Fiscal AMIA (enviando a los fiscales que la integraban a cubrir otras tareas del Ministerio público fiscal) y, por el otro, se levanta una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional, muy vinculada a las necesidades políticas de la Casa Rosada.

El aniversario coincide con las instancias finales del llamado Juicio por Encubrimiento, donde entre los acusados están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, el policía Jorge El Fino Palacios (muy ligado al Presidente Macri), la ex SIDE y hasta el ex presidente de la comunidad judía. No hay que ser muy lúcido para entender que las presiones son enormes dado que lo que está en juego es muchísimo. Tan grande es, que la manipulación durante el juicio del Ministerio de Justicia fue evidente, cambiando los abogados designados, con denuncias de apriete de por medio, desatando otra interna fuerte entre Carrió y Garavano. A su vez, las querellas de AMIA y DAIA redujeron ostensiblemente las acusaciones, mientras que los únicos que se mantuvieron en sus posiciones iniciales fueron las querellas de Memoria Activa y de la agrupación APEMIA sosteniendo sus acusaciones a los imputados que llevaron hasta el final, durante sus alegatos.

Según el periodista Santiago O’Donnell, que viene cubriendo el tema hace años, la embajada de Estados Unidos presionaba a Nisman para que desista de las acusaciones, con el argumento de que eso debilitaba la imputación contra Irán. En los cables de Wikileaks quedaba claro la dependencia del fiscal respecto de la CIA y los mandatos norteamericanos e israelíes: “concéntrese en acusar a Irán”, le decían. Según su seguimiento de este tema, en este juicio quedó probado: el pago ilegal a Carlos Telleldín, de 400.000 dólares, para que involucre en el atentado a policías bonaerenses; y el desvío de la investigación en relación a otros sospechosos, que a EEUU no le convenía que avanzara, y al actual gobierno tampoco. Por eso son evidentes las presiones del Ejecutivo para lograr la absolución o penas muy menores a los que entorpecieron o desviaron la investigación del atentado a la AMIA aquel 18 de julio de 1994.

Ante todo esto no podemos menos que sostener el reclamo de justicia, y acompañar a los familiares y amigos de las víctimas, que a pesar de tantos años transcurridos, tanta manipulación inescrupulosa y tanta indiferencia de la mayoría de la sociedad, sostienen esta lucha por memoria, verdad y justicia intacta.

Cintia Monaco
Licenciada Cs. Política.
Directora de la CADH

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