Aborto: realidad social, no problema de minorías

“El Aborto es una realidad social y no un problema de las minorías”

 

En la Argentina se producen entre 460y 600 interrupciones voluntarias del embarazo. El estudio que permite tener una magnitud de la problemática del aborto en nuestro país, fue encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS) del Ministerio de Salud de la Nación.

La criminalización del aborto se cristaliza en una doble discriminación, prohibida por nuestra legislación. En relación a los varones, del mismo modo que con la anticoncepción, el único cuerpo sujeto a la regulación estatal es el de las mujeres. El aborto no es un problema de las mujeres, sino la consecuencia de las relaciones sexuales entre mujeres y varones, es el Estado patriarcal que ha decidido deliberadamente y naturalizado que el único cuerpo sujeto a control y criminalizado sea el de las mujeres, con consecuencias fatales para las más pobres. La prohibición no hace más que generar injusticia social, poniendo en riesgo a las mujeres más vulnerables, por falta de acceso a los métodos seguros para abortar.

Las estadísticas muestran que estamos ante una realidad social y NO ante un problema de las “minorías”. En ese sentido, manifestamos nuestro desacuerdo y preocupación ante las declaraciones del Sr. Oscar Arévalo quien peligrosamente llama a “reaccionar “ a las mayorías silenciadas, según sus públicas palabras, marcando con esto la intolerancia y la discriminación al momento de abordar el debate sobre la problemática.

Recientemente a nivel nacional se ha realizado el lanzamiento de una línea gratuita (0800-222-3444) para consultas sobre salud sexual. Chaco duplica el promedio nacional de mortalidad materna y según este Observatorio el Aborto es la primera causa de muerte materna, ya que provoca el 26,7% de los decesos.

Según la información que publica el diario La Nación, las causas de la mortalidad materna en el país no varían desde hace años, con respecto a las causas un relevamiento presentado la semana pasada por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba), ponen al Aborto en primer lugar, luego la hipertensión en el embarazo, la hemorragia posparto, las infecciones por el parto vaginal o la cesárea y los traumatismos en el parto.

Esto da cuenta de la gravedad de la realidad del Aborto en el país y sobre todo en nuestra provincia. No pretendemos dar vuelta la sociedad como lo plantea el sr. Arévalo, si defendemos nuestros derechos para poder decidir y ejercer una maternidad deseada para que nuestros hijos e hijas sean el resultado de un deseo compartido, de un acto amoroso y no de una imposición.

Lo que es importante resaltar también, es que la legalización sacaría al aborto de la clandestinidad y con ello el “negocio” de algunos que puertas adentro de los consultorios actúan dejando sus convicciones morales en el pasillo.

La mantención de la prohibición del aborto como ley durante tanto tiempo, a pesar de los cambios políticos y la reafirmación de los compromisos con los derechos humanos de las mujeres, pone en evidencia una alianza extorsiva. Esta alianza mantiene al aborto clandestino y a las mujeres viviendo bajo un sistema totalitario, aún en una democracia declarada. Naturaliza la impunidad con que los varones ejercen violencia en las relaciones heterosexuales y la existencia de un estado paralelo corporativo.

Mientras el estado democrático invirtió en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 35 millones de pesos en 2009, en nuestro país, el negocio del aborto clandestino cuesta a las mujeres 1 millón de dólares por día, promedio $ 2000 por aborto. Los abortos clandestinos promueven para algunas mujeres en condiciones de privilegios cierta seguridad; para otras, en condiciones de mayor riesgo, tortura, humillación y muerte.

Legalizar el aborto no es una cuestión de conciencia, es una deuda democrática con las mujeres, afecta directamente a más de la mitad de la población del país (que aborta), e indirectamente a la otra mitad (que participa del aborto). Las mujeres, acompañadas por sus familias (parejas, padres, madres, hermanas, hijo/as…) entre 450,000 y 600,000 veces al año constituyen una encuesta contundente sobre la popularidad del aborto y el aval social con el que cuenta esta práctica.

De acuerdo con la experiencia internacional, la criminalización no sirve para eliminar su práctica. A su vez, la legalización del aborto no implica que las mujeres se hagan más abortos, pero sí tiene una relación directa con la mortalidad materna: en los países en los cuales el aborto es legal, las mujeres no mueren por aborto inseguro.

En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresamente dijo que la mortalidad materna por causas evitables es una violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas por parte de los Estados: el derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a ser libres para recabar, recibir y difundir información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a ser libres de la discriminación y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva .

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a la Argentina legislar sobre el aborto para ayudar a las mujeres “a evitar embarazos no deseados” y las prácticas quirúrgicas clandestinas. El Comité, organismo de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exhortó a la Argentina a “modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”

Es necesario aclarar que apoyar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo NO significa estar a favor del aborto, es estar a favor del acceso pleno a nuestros derechos de salud. Las mujeres seguimos pagando el ejercicio de la sexualidad, en muchos casos hasta con la muerte, no podemos seguir pensando en la sexualidad como un tema tabú.

Defendemos la vida y consideramos que esta instancia en la vida de cada mujer no deja de ser una situación difícil y mucho más cuando la práctica del aborto se encuentra penalizada. Cada mujer como persona ciudadana portadora de derechos es capaz de tomar decisiones que impliquen la libertad de conciencia y el derecho a la libertad individual.

Nancy Sotelo
Coordinadora Movimiento de Mujeres Juana Azurduy

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