La ley garantizá jueces adictos, no transparencia

Selección y designación de jueces del S.T.J.

El texto actual de la ley 7157 garantizá jueces adictos al poder político y no transparencia

Tal como lo expresáramos en oportunidad de su sanción, lejos del promocionado objetivo del fin de la dependencia del poder político y la transparencia, la ley 7157 votada y defendida en general por diputados justicialistas, del Frente Grande y aliados, en realidad sigue el camino del actual kirchnerismo nacional en esto de pretender conformar una justicia adicta al poder político de turno, hoy en manos de la gestión Capitanich.

Lo que manifestamos en su momento se desprende de cuatro aspectos esenciales  que se encuentran presentes en la redacción de la norma, hoy en examen por el ejecutivo: requisitos para ser aspirantes, incompatibilidades , procesos de selección o concurso de antecedentes y oposición propiamente dichos y acto de designación por el Ejecutivo.

En relación al primero de los aspectos, el nivel de discrecionalidad  al momento de la inscripción es tal en la actual redacción que cualquier miembro de la corporación política, tanto de los poderes legislativo y ejecutivo, puede aspirar hoy a ocupar una vacante en el cargo de integrante del Superior Tribunal de Justicia o la Procuración. Esto significa que, por ejemplo,  funcionarios de la actual o anterior administración Capitanich, ministros, secretarios, subsecretarios, asesores de gobernación, directores,presidentes o vocales de organismos autárquicos o descentralizados o legisladores, incluso los que participaron en la votación de la ley , pueden inscribirse en la nómina de aspirantes sin que exista ningún tipo de prohibición.

Sobre los criterios de incompatibilidad, la discrecionalidad llega al punto que hasta los mismos actuales integrantes del Consejo de la Magistratura pueden presentarse a concursar como aspirantes a magistrados del más alto tribunal provincial, ya que el actual artículo 12 prevé la exclusión “automática” del organismo para aquellos que se inscriban al concurso. O sea, podría darse el caso de integrantes del Consejo de la Magistratura “evaluando” a quienes fueran ex colegas suyos hasta apenas sesenta días, lo que sería altamente sospechoso y para nada ético.

La ausencia total de un Tribunal Examinador “ad hoc” , integrado por jueces y juristas de renombre nacional es un serio problema para asegurar transparencia e independencia en lo que hace a criterios de evaluación. Pese a los antecedentes nefastos sobre el rol que cumpliera el Consejo de la Magistratura en los casos Franco, Abalos y Toledo se insiste en el actual texto en hacerle cumplir la función de tribunal examinador para el caso, a pesar de saberse de antemano que sería altamente probable que al menos dos de los tres integrantes del organismo evaluador pertenecerán  con seguridad al partido del gobierno actual.

Si bien la tabulación para antecedentes está incorporada en la redacción, los pisos de puntaje (50 puntos) son bastante bajos y  fácilmente “alcanzables”, lo que relativiza su influencia ante el marco más determinante de un esquema de inhabilidades totalmente discrecional y un tribunal examinador en manos del oficialismo gobernantes.

Finalmente, la liberalidad se hace presente también al momento del acto de designación por parte del Poder Ejecutivo  del aspirante seleccionado, ante todo en el hecho que el gobernador no está obligado a fundar su decisión, lo que suma más arbitrariedad al procedimiento.

Desde el Bloque Libres del Sur alertamos a los legisladores del oficialismo , justicialistas y aliados, respecto a lo que se pretendía sancionar y propusimos nuestro despacho en base al proyecto de Ley 3090/11 de nuestra autoría, que saldaba todas estas deficiencias con que cuenta el texto votado por todos los diputados del Frente Chaco Merece Más.

Ante los hechos consumados dijimos solo hace unas semanas : “Todo está preparado  entonces para que  “nuevos” Abalos y Toledos” justicialistas reemplacen a los seguramente “jubilados” Lucas  y  Modi , y de allí para abajo. En ese sentido, el kirchnerismo chaqueño, lejos del fundacional que allá por 2004 impulsará el proceso de renovación y calidad institucional de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación  está más vinculado  y cercano al kirchnerismo nacional actual  perseguidor de jueces que solo busca una magistratura sumisa cuando no adicta a su poder.”  Y también expresamos que : “Desde Libres del Sur decidimos ser  coherentes con nuestra historia y el compromiso de justicia independiente, y por ello votamos nuestro propio despacho, basado en el proyecto 3090/11 que presentáramos hace más de un año, convencidos como siempre lo estuvimos que los jueces deben ser independientes del poder político , del de ayer, pero también del poder político de hoy, y que esa es la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos.

 Nunca resignaremos nuestro pensamiento acerca que quienes aspiren a integrar la administración de justicia deben ser hombres y mujeres probos, designados previo concurso participativo de antecedentes y oposición, tal como lo establece nuestra Constitución, garantizándose los requisitos de idoneidad, independencia del poder político de turno, capacidad técnica, honestidad ,antecedentes profesionales y académicos y vocación democrática.”

Ratificamos lo dicho y sostenemos que la demanda de justicia independiente de la sociedad chaqueña, materializada a través de un activa participación en los últimos años no puede, ni debe, ser bastardeada por los sres legisladores oficialistas, a través de el “Relato”, tan común al kirchnerismo, que pretende hacer pasar por transparente una reforma que solo profundizará la dependencia de la justicia de la actual gestión política.

Que así como esta redactada la ley 7157 es más o peor de lo mismo, ninguna duda tenemos .Ahora, es el gobernador quién tiene la última palabra.
 

Carlos Martinez
Diputado provincial
Bloque Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista