Troyano no debe ser Fiscal Penal

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Troyano no debe ser Fiscal Penal

El ex Ministro de Seguridad salteño, Maximiliano Troyano, hoy candidato a ocupar una Fiscalía Penal del Ministerio Público de la Provincia de Salta, no debe ser nombrado. 

Troyano carece de sensibilidad y formación sobre las problemáticas que aquejan a las mujeres y que tienen que ver con su género –de las cuales la más cruda es la violencia hacia las mujeres.

Prueba de esto fueron sus dichos, siendo Ministro de Seguridad, en los medios locales donde se pronunció sobre dos cuestiones, ambas de una gravedad mayúscula. En primer lugar, culpabilizó a una mujer de haber provocado el abuso sexual que sufrió. En segundo, el entonces ministro, entendió que la situación de la violencia de género en nuestra provincia era un tema menor, dijo que el abuso de la turista era “un caso aislado”, cuando por el contrario, la magnitud de la realidad que vivimos supera lamentablemente la media nacional.

Todo esto implica, como mínimo, un gran desconocimiento de normas tan importantes en la lucha por la equidad, la no discriminación de las mujeres y la eliminación de la violencia tales como la CEDAW[1], la Convención de Belem do Pará[2] y la ley 26.485[3], entre otras.

Las organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos, llevamos adelante una militancia muy activa en pos de incluir la perspectiva de género dentro de todo el accionar estatal, incluidos el Poder Judicial y el Ministerio Público. Bregamos por erradicar de la mirada de magistrados y funcionarios estereotipos o prejuicios de género que, en general, desvirtúan la correcta aplicación de la normativa vigente.

Por otra parte, entendemos que lo que la ciudadanía espera del Ministerio Público, es que haya funcionarios independientes del poder político. Funcionarios de una idoneidad técnica y moral intachable, porque lo contrario socava en la legitimidad y credibilidad del llamado Cuarto Poder.

Evaluamos el impulso de Troyano como un hecho negativo, que no contribuye a mejorar la administración de justicia ni su legitimidad frente a la ciudadanía y, finalmente, no hace más que demostrar la actitud desidiosa del gobierno de Urtubey en la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres.

 

Dra. María Laura Postiglione
MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana, Salta. 

 

[1] Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Aprobada ONU 18/8/79, incorporada a la Constitución Nacional art. 75 inc 22.

[2] Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

[3] Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.