“Pura Espuma”

Beder Herrera, la minería a cielo abierto y su aporte al crecimiento

“Pura Espuma”

Por Silvia Ferreyra. Asesora HCDN. Movimiento Libres del Sur

Pasadas tres semanas de iniciado el corte de ruta en Alto Carrizal por las Asambleas de Famatina y Chilecito en rechazo al acuerdo firmado entre la provincia y la empresa canadiense Osisko Mining Corp, el gobernador Beder Herrera rompió el silencio y defendió la política minera. En relación a las protestas, señaló que “esto es pura espuma, todavía no hay ningún hecho concreto en relación a este proyecto”, “si alguien sabe a ciencia cierta si existe un sólo hecho de contaminación que lo diga”. Entre otros dichos, destacó la actividad minera, a la que “hay que agradecerle el desarrollo que genera”, indicando que “es la única posibilidad de crecimiento que tiene La Rioja”.

Idénticos argumentos son repetidos en forma insistente por empresarios, gobernantes, legisladores y funcionarios vinculados a esta actividad tanto en el ámbito local o nacional, aún cuando los datos o pruebas de la realidad que permanentemente intentan distorsionar u ocultar se les revelan en sentido contrario.

La causa por contaminación contra la empresa Minera Alumbrera en Catamarca lleva más de 13 años dando vueltas en la Justicia Federal de Tucumán. Fue iniciada por el fiscal Antonio Gustavo Gómez en 1998 por envenenar las aguas del canal DP2, ubicado en territorio tucumano, afectando al río Salí y al dique de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. En 2008, a raíz de los estudios realizados sobre muestras extraídas que confirmaron el daño ambiental, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento de Julián Rooney, directivo de la firma, por ser presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) anuló parcialmente ese fallo un año más tarde, por considerar que se afectó el derecho a defensa de la empresa, ya que las pericias no se realizaron ante la presencia de un representante de la misma.

Tanto Gómez como los querellantes rechazan realizar nuevas pruebas e insisten que la Justicia Federal resuelva la situación procesal de Rooney y eleve la causa a juicio oral. Por las demoras en la resolución, en febrero próximo expondrán el caso en audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington.

Por estas razones y por el debate abierto en torno a este tipo de explotación, una importante cantidad de unidades académicas han rechazado los fondos que por ley Minera La Alumbrera –YMAD destina al sistema universitario nacional.

Pero no es sólo la cuestión ambiental lo que se cuestiona. La Secretaría de Minería de la Nación promete para el sector 380.000 empleos directos y 800.000 indirectos para el 2025. En esta actividad, Chile factura 8 veces más que nuestro país y sin embargo el total de empleos en el 2009 incluyendo contratistas era de 174.127. Canadá factura 6 veces más que Argentina y en ese mismo año sólo registró poco más de 51.000 empleos directos.

Según el organismo que dirige Jorge Mayoral, ya en el 2007 nuestro país contaba con 40.000 empleos directos en minería, es decir, el 0,24% de los 16 millones de personas que conformaban la población económicamente activa. Pero el cuestionado Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que en el 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (es decir, sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio); 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas y canteras.

En 1993, antes de iniciar sus actividades, Minera La Alumbrera prometía 10.000 puestos de trabajo directo; según la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) en el proceso de construcción se ocuparon 4.000 puestos, y según estudios de la Universidad Nacional de San Martín, el empleo directo fue de 831 puestos de trabajo directos para el año 2.000; 795 para el 2001 y 894 para el 2.002. La propia empresa, en su página, reconoce que actualmente trabajan 1.800 empleados: 800 permanentes y cerca de 1.000 contratistas.

La brecha existente entre lo enunciado en materia de empleo y los datos publicados aún por fuentes cuestionables, revelan que no se trata de la buena o mala gestión de funcionarios o empresarios, sino de los límites concretos impuestos por el desarrollo tecnológico propio de este tipo de actividad capital intensiva, que requiere cada vez menos mano de obra. Chile, entre 1990 y 2004 aumentó 150% el volumen de minerales extraídos y paralelamente tuvo una pérdida de 18.490 puestos de trabajo, una caída superior al 30%. En nuestro país, cada 1 millón de dólares invertido en estos proyectos, que tienen una vida promedio de 15 años, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos.

A pesar de las enormes ventajas económicas otorgadas, muy por encima de cualquier otro sector productivo de las regiones donde se asientan, la megaminería no puede ser considerada motor de desarrollo. La tecnología y los principales insumos, maquinarias y recursos humanos son importados desde su país de origen. Casi no existen articulaciones con el aparato productivo nacional, ni en la fase previa de exploración ni en la final, ya que prácticamente todo lo que se extrae se exporta en bruto. Aún representando un porcentaje significativo del Producto Bruto Geográfico de estas provincias, hay que considerar que el “crecimiento” de esta minería se ha dado en el contexto del detrimento de otras actividades productivas: en Catamarca entre 1997 y 2002 el sector minero creció más de 18 puntos porcentuales, mientras que la industria manufacturera cayó 10 puntos y el sector terciario en general descendió 7 puntos.

Según el INDEC, en el 2010 había en Argentina un 12 % de personas bajo la línea de pobreza; en el Gran San Juan un 14,4%; en el Gran Catamarca, con 13 años de funcionamiento de la minera más grande del país, la cifra ascendía al 20, 9%, nivel superior a la media del noroeste argentino. En esta provincia los indicadores sociales siguen siendo los peores: 25% de su población económicamente activa trabaja en el Estado; 56% de los menores de 18 años reciben la Asignación Universal por Hijo; el 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos, 87.000 niños se alimentan en comedores infantiles o escolares. La tasa de suicidios supera un 58% la media nacional: 13,5 casos cada 100 mil habitantes (1).

Nueve legislaturas provinciales de nuestro país sancionaron leyes que prohíben o restringen en alguna medida la megaminería metalífera a cielo abierto: Chubut (2003), Río Negro (2005); Tucumán, La Rioja, La Pampa y Mendoza (2007); Córdoba y San Luis (2008); Tierra del Fuego (2011). Casi todas fueron fruto de la movilización de distintos sectores ante el avance de proyectos impulsados por los gobiernos de turno, canalizaron el descontento de diversos sectores de la sociedad, en algunos casos con el apoyo de importantes actores económicos en clara contradicción de intereses. Dos gobernadores de estas provincias dieron marcha atrás apenas asumieron: Beder Herrera quien fuera uno de los impulsores de la prohibición y Carlos Soria en Río Negro, quien logró que su legislatura derogara la norma días antes de su muerte.

El amplio rechazo al veto presidencial a la Ley de Glaciares y el debate abierto posteriormente permitieron que fuera sancionada nuevamente. Las mineras –principalmente la canadiense Barrick Gold- tuvieron que promover leyes de glaciares “express” a su favor en las provincias y una vez aprobada la nacional, optaron por la vía judicial en San Juan, acompañadas por el gremio AOMA, para frenar sus principales aspectos.

Hoy es Famatina la que nuevamente se pone de pié, junto con Belén en Catamarca, Bariloche, y tantas otras localidades movilizadas en estos días; como fueron San Jorge el año pasado en Mendoza, o la pueblada en Andalgalá hace casi dos años ya. Luchas que con el correr del tiempo crecen y se fortalecen. A pesar de las persecuciones, los aprietes, el procesamiento de dirigentes y el silencio de los medios de comunicación.

Toda esta realidad, estos datos, son ampliamente conocidos por el gobierno nacional, legisladores, funcionarios, jueces y gobernadores como Beder Herrera que persisten en el compromiso político de impulsar y favorecer esta actividad. En momentos de alza del precio internacional del oro y otros metales mantienen y profundizan el régimen vigente para disputar entre el resto de países mineros de la región el desembarco de inversiones, como si nada hubiera pasado en el país desde la década infame de Menem a la fecha.

Los distintos sectores políticos tenemos la responsabilidad de redoblar los esfuerzos para abrir el debate en los ámbitos de decisión, para poner las reglas de esta actividad en sintonía con las demandas de la sociedad. En el Congreso de la Nación, en diputados y en senadores, hay varios proyectos presentados que plantean restricciones similares a las aprobadas en varias provincias. Ojalá este año podamos dar un paso en ese sentido.

(1) Nota: Los datos económicos y de empleo fueron extraídos del libro del Colectivo Voces de Alerta “15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina”, Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta, Buenos Aires, Argentina, octubre de 2011.