No a ex funcionarios de la dictadura

(Publicado en Diario Norte)

Proponen una ley para expulsar de cargos públicos a ex funcionarios de la dictadura

 

Sábado, 29 de Mayo de 2010 - Publicado en la Edición Impresa

En la Legislatura está radicado un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, determinará la cesación en sus funciones de aquellos ocupantes de cargos públicos que hayan sido funcionarios de la última dictadura castrense.

Si la norma fuera sancionada, alcanzaría, por ejemplo, nada menos que al actual presidente del Superior Tribunal, Rolando Toledo. El juez integró la Comisión de Asesoramiento Legislativo del gobierno militar en el Chaco.
La propuesta fue ingresada por el diputado del Movimiento Libres del Sur, Carlos Martínez, que propone modificar la ley de Etica Pública para no sólo inhabilitar a ex funcionarios del régimen militar para el ejercicio de la función pública, sino además hacer que “cesen en sus funciones” quienes hoy son autoridades en algún poder del Estado provincial y tienen entre sus antecedentes el haber colaborado con el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

La propuesta

La iniciativa de Martínez es un agregado a un proyecto que ya fue presentado por él en junio del año pasado, y que desde entonces está cajoneado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Aquella propuesta era una modificación a la Ley Electoral y a la Ley de Etica Pública, para establecer la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de “las personas que hayan sido condenadas como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio, privación ilegítima de la libertad, supresión, sustitución o falsificación de identidad, torturas y cualquier otro delito que por su entidad constituya graves violaciones a los derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad”.

La inhabilitación también alcanzaba en ese proyecto a “las personas contra las que existan pruebas suficientes de participación en graves violaciones de los derechos humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad” y a quienes “hayan usurpado cargos electivos o ejercido funciones o cargos públicos de las previstas como autoridades por la Constitución Provincial en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
El agregado que Martínez hizo ahora consiste en disponer que “cesarán en sus funciones” quienes estén hoy en la función pública y tengan los antecedentes mencionados anteriormente.

Los fundamentos

En la fundamentación del proyecto, el legislador dice que “debe ser entendido como una medida que adopta el Estado para dar cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de reparación”.
Además, recuerda que “la mayor parte de los responsables de los crímenes de lesa humanidad aún no ha sido juzgada”, y plantea que “las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores”.
“Según el derecho internacional de los derechos humanos, es perfectamente válida la restricción al ejercicio de la función pública respecto de aquellas personas sobre las que existan pruebas suficientes de participación en graves violaciones de derechos humanos, cometidas durante la última dictadura militar”, indica.