Con la exposición de uno de los querellantes, Medardo Avila Vázquez, ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, y de los abogados de los acusados, dos productores agropecuarios y un aviador, arrancó ayer el primer juicio penal en la Argentina por la contaminación por fumigación de agroquímicos en áreas urbanas. Los imputados unificaron su estrategia: se negaron a declarar y pidieron, sin resultado, la anulación de la querella. Hoy, el tribunal escuchará testimonios de los vecinos del barrio afectado, Ituzaingó Anexo, una zona caracterizada por la alta presencia de enfermos de cáncer y malformaciones, ubicado en las afueras de la capital provincial. Entre ellos, se espera que declare la otra demandante, Sofía Gatica.

La mañana comenzó movida en los Tribunales II de Córdoba. En la entrada, el colectivo Paren de Fumigar Córdoba y los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo se vieron impedidos por la policía provincial, que no dejaba que los manifestantes ingresaran a la audiencia del juicio oral y público ni montaran una carpa en las afueras del tribunal para desarrollar actividades informativas. Mientras, en la sala designada para el proceso judicial a cargo de la Cámara 1 del Crimen, los abogados de la defensa ponían el primer obstáculo. De forma conjunta, exigieron al tribunal que declarara la nulidad de la querella, por considerar que Avila Vázquez era funcionario público al momento de hacer su denuncia y, por lo tanto, uno de los acusados como integrante del Estado municipal responsable de proteger a la población. Así lo consideraba otra demanda, ampliada la semana pasada por la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam). El planteo fue rechazado por extemporáneo –no se formuló durante la instrucción– y la Cámara, conformada por Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevilla y Susana Cordi Moreno, comenzó a leer la acusación.

El Ministerio Público es representado por los fiscales Marcelo Novillo Corvalán y Carlos Matheu. En la banca de los imputados se encontraban los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra y el propietario y piloto del avión fumigador Edgardo Jorge Pancello. Se los acusa de fumigar por vía aérea y terrestre con glifosato a distancias muy cortas o sobre el barrio Ituzaingó Anexo. Los tres serán juzgados por “contaminación dolosa”, según la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, y en caso de probarse la vinculación entre la contaminación y el elevado número de casos de cáncer, malformaciones y otras patologías derivadas de los agroquímicos, la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”.

Tras la lectura de los cargos, los imputados se negaron a declarar. “(Sus letrados) Declararon inocentes a sus defendidos y reconocieron la contaminación del barrio, pero pidieron que se considere el cóctel de contaminantes que puede tener impacto sobre la salud”, contó ayer a este diario el vocero de Paren de Fumigar, Gerardo Mesquida. Los letrados apuntaron que las enfermedades podrían tener raíz no sólo en el uso de agroquímicos, sino en el consumo de agua con arsénico y la contaminación de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, EPEC.

El querellante Medardo Avila Vázquez, que en la actualidad integra la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, inició la demanda en 2008, tras comprobar en persona cómo una avioneta sin identificar fumigaba de forma ilegal el barrio con glifosato y endosulfán. Ayer se encargó de desmentir el argumento de la presencia de otros contaminantes. El aumento de los casos de leucemia y cáncer aparece en 2000, coincidentemente con el inicio de las fumigaciones, según los vecinos. El último estudio de sangre realizado en 2011 en una muestra de 140 niños, determinó que el 80 por ciento tiene presencia de agroquímicos y no así de otros metales.

“(Avila Vázquez) Se emocionó mucho al recordar la cantidad de niños que llegaron a su consultorio con malformaciones de nacimiento”, aseguró Mesquida. Tras su exposición, que duró más de dos horas, el médico aseguró que se “llegó a esta situación pese a las miles de advertencias que se hicieron por la prensa y mediante ordenanzas que prohibían estas fumigaciones” y destacó que “se están utilizando en Argentina 340 millones de litros de agrotóxicos que caen en un área donde viven 12 millones de personas”.

En el mismo sentido, Sofía Gatica, fundadora de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo e impulsora de la segunda demanda que se unificó en este juicio, resaltó que el juicio “va a crear un antecedente para todo el país porque el genocidio no es sólo de este barrio, sino de todos los lugares donde se fumiga indiscriminadamente”. Hoy será su turno de declarar.

Informe: Rocío Magnani.