Posición del ISEPCi ante la Audiencia Pública sobre la tarifa del gas

El gobierno propone un aumento del 400% para los consumos más bajos

El cuadro tarifario que se propone implementar el Ministerio de Energía, implica un incremento del precio del gas en boca de pozo, del 400% para los hogares de más bajo consumo, un 178% de aumento para los de consumo medio, y de un 107% para los usuarios de alto consumo. El objetivo principal del gobierno es llegar al 1° de octubre del 2019 con una tarifa sin subsidios, y en la que todos las familias paguen el mismo valor, independientemente de los diferentes niveles de ingreso con tengan.

CUADRO TARIFARIO PROPUESTO POR EL GOBIERNO:

FUENTE: ENARGAS e ISEPCi

Los valores del gas en poco de pozo que constituyen el 65% de la tarifa que deberán pagar los usuarios, por lo que al ser considerados en dólares, marchamos a la dolarización de las tarifas. Esto implica que los próximos aumentos –de acuerdo a la reglamentación que propone el oficialismo  se producirán dos ajustes por año- dependerán del precio de la divisa norteamericana. Si este criterio hubiera estado vigente al momento de asumir el actual gobierno, las tarifas de gas se habrían incrementado automáticamente un 70%, que fue el porcentaje de la devaluación que se produjo.

Por otro lado esta propuesta oficial incluye la decisión de que el estado nacional dejará de intervenir en la fijación del precio del gas, dejándolo librado al libre juego de oferta y demanda y de los precios internacionales. El precio previsto para el año 2019 es de u$s 6.78 el Btu que es el valor del gas licuado importado; mientras que el costo del gas extraído en la Argentina, ronda los u$s 2 (dos dólares) de la misma unidad. Es de destacar que según el mismo informe del gobierno, el 70% del mercado interno es abastecido por gas extraído en el país, por lo que no hay ninguna justificación para la fijación de dicho precio como valor general a pagar por todos los usuarios.

Desde el Instituto de Investigación Social, Económica, Política Ciudadana afirmamos que:

1°) El estado debe continuar con la facultad de intervenir en el valor del precio y la tarifa del gas en todas las etapas: producción, transporte y distribución del servicio.

2°) Los subsidios son un atributo y una obligación del estado, a la hora de impulsar el desarrollo de políticas que promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades. Hay una extendida experiencia internacional en curso –a la que se refiere expresamente la resolución de la Corte- en la que mediante una variada batería de subsidios, los estados sostienen los servicios indispensables,  para cumplir con las disposiciones internacionales que los obligan a garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos.

3°) Es imposible avanzar, independientemente de la orientación político-económica que se elija, sin la realización de una auditoría detallada y precisa del destino de los recursos del estado que en estos años fueron trasladados a las empresas concesionarias en forma de subsidios, ya que son  las mismas que transitaron todo el período que nos condujo a la crisis actual, siguen al frente de las concesiones a lo largo del país.

4°) La distribución inequitativa de los subsidios que favorecieron indiscriminadamente a sectores de mayor consumo se reproduce con la propuesta oficial, que además persigue el objetivo que en el año 2019 todos los argentinos paguemos la misma tarifa, sin contemplar la profunda brecha existente entre los niveles de ingresos de los diferentes sectores de la población.  Si en definitiva se tomara la decisión de reducir la magnitud de los subsidios, esto debería hacerse bajo la lógica de diferenciar por niveles de ingresos de los hogares y sus necesidades de consumo, dejando de lado la obsoleta e injusta distinción por niveles de consumo. La provisión del abastecimiento por garrafas debe ser considerado un servicio público, y el estado debe fijar su valor final, que tiene que contemplar diferenciales para los sectores con acceso a las tarifas sociales.

5°) Respecto a la Tarifa Social, deben establecerse mecanismos automáticos para acceder a la misma, evitando los engorrosos trámites que hoy se requieren. Por otro lado el requisito de dos salarios o jubilaciones mínimas, es un piso que debe ser tomado para calcular el gasto máximo del conjunto de los servicios indispensables de una familia, que no debería superar el 5%  de los dos salarios mínimos. Con esta propuesta el total del gasto por los servicios de energía eléctrica, gas, y agua potable, en ningún caso excederían los 500/600 pesos a los valores actuales.

6°) Una consideración final sobre la estrategia del gobierno que busca atraer inversiones en la producción de hidrocarburos, particularmente de gas, promoviendo precios altos y elevadas ganancias para las empresas, en esta caso instalando el que hoy se paga más caro por la importación del gas que llega en barco y debe ser regasificado. La implementación precios exageradamente altos, que manifiestamente no son sustentables en el tiempo, lejos de incentivar grandes inversiones con retornos de mediano y largo plazo (como las que se requieren en hidrocarburos), promueven políticas de saqueo para el corto plazo, financiadas con endeudamiento que indefectiblemente terminará pagando el estado.

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Isaac Rudnik
Director
ISEPCi | Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana
www.isepci.org.ar