El instructivo sobre aborto no punible está en vigencia

Lo confirmaron desde el Ministerio de Salud a PERFIL. En una reunión de ministros del área, Jorge Manzur no habló del tema. Afirman que los médicos dudan sobre cómo proceder.

Por Marilina Esquivel

Durante el encuentro del Consejo Federal de Salud del que participa en Santiago del Estero, celebrado ayer, el ministro de Salud de la Nación mantuvo a rajatabla la política de silencio que su cartera adoptó tras la polémica surgida sobre los abortos no punibles (ANP).

La controversia se generó cuando el miércoles pasado Juan Manzur negó lo que horas antes había afirmado la directora del Programa Nacional de Salud Sexual de su ministerio, Paula Ferro: que se había otorgado carácter de resolución a la actualización de la Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles creada en 2007.

“Es lamentable que el ministro no haya hecho referencia al tema justamente en Cofesa, que da un marco de federalismo. Pero más lo es que los ministros provinciales no le hayan preguntado por el tema”, señaló el senador de la UCR José Cano, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta. La UCR intentará citar a Manzur para que dé explicaciones en el Congreso.

Vigencia. La guía, que según informó el área de prensa del ministerio está en vigencia, da marco jurídico al artículo 86 del Código Penal sobre ANP. Indica que no son punibles los abortos que buscan evitar peligro para la madre, o si el embarazo es fruto de una violación, o si es consecuencia de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. El protocolo hace la interpretación más actualizada del código al admitir todos los casos de violación como ANP.

También apunta a no judicializar los ANP al determinar que es competencia exclusiva de los médicos “decidir si el caso encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas” en el código.

Una de sus disposiciones más polémicas establece que una mujer violada que se presente en un hospital para interrumpir su embarazo sólo necesita una denuncia penal o una declaración jurada en la que afirme que fue violada.

Por el contrario, varias asociaciones de la sociedad civil aplauden la guía y abogan para que tenga carácter de resolución.

Para Raquel Vivanco, miembro del Colectivo Juana AzurduyVivanco, la reculada de Manzur genera confusión entre los médicos, algunos de los cuales “no tienen claro” que existen abortos no judicializables. “Van a la Justicia cuando en realidad hay un sistema normativo que les garantiza la práctica contenida en la legislación”, dice Vivanco.

PERFIL consultó a médicos de los hospitales Dr. Güemes, de Haedo, y Belgrano, de San Martín, sobre cómo actúan ante los casos de violación.

Mientras algunos admitieron que les gustaría recibir más información sobre la manera de proceder, todos dijeron que dan intervención a la fiscalía y a un médico policial ante una violación.

“Son dos cosas diferentes”, aclara Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. “Una cosa es que el médico denuncie para que se investigue el delito y otra que le diga a la mujer que necesita autorización judicial para interurmpir el embarazo”, aclaró.

“La objeción de conciencia es individual”

Esta guía implica un avance en la igualdad de derechos, porque iguala a las mujeres que tienen plata y van a centros privados para abortar con otras de menores recursos que se lo hacen por desesperación y a veces pagan con su vida”, indicó, tras la explosión de la polémica, la diputada oficialista Diana Conti.

 

El protocolo no obliga a los médicos a realizar abortos: “Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto no punible. Sin embargo, la objeción de conciencia es siempre individual y no puede ser institucional, por lo que toda institución a la que se recurra para la práctica de un aborto no punible deberá en cualquier caso garantizar su realización”, indica.

La actual controversia desnuda un problema profundo de la Argentina.

Cada año se producen 460 mil abortos clandestinos e ilegales y mueren más de ochenta mujeres en el país como consecuencia, según cifras oficiales. En 2007, 59.960 mujeres debieron ser hospitalizadas por complicaciones posteriores al procedimiento.

Además, según el Colectivo de mujeres Juana Azurduy, la falta de debate sobre la legalización del aborto mantiene intacto un negocio clandestino de un millón de dólares por día en nuestro país.