Editorial: ¿Qué esconden atrás del conflicto con los Mapuches?

Humberto Tumini / Nacional
Por Humberto Tumini / Nacional septiembre 10, 2017 09:27

Editorial: ¿Qué esconden atrás del conflicto con los Mapuches?

Santiago Maldonado:

¿QUÉ ESCONDEN ATRÁS DEL CONFLICTO CON LOS MAPUCHES?

Los pueblos originarios en nuestro país fueron, en el norte, sojuzgados por los colonizadores españoles, que necesitaban liberar de amenazas las vías de comunicación y comercio entre el Alto Perú y el Río de la Plata; como así también de mano de obra sumisa en el campo y las ciudades que iban fundando. En el centro y sur de lo que constituyó luego el territorio argentino, las necesidades de conquista fueron durante muchos años menores. Y las tribus que habitaban esas tierras -Ranqueles, Tehuelches, Mapuches/Araucanos- mucho más guerreras, por lo que aquellos convivieron con ellas sin excesivos conflictos.

Esto comenzó a cambiar durante el siglo 19 cuando nuestro país, ya independiente, se fue orientando a un proyecto agropecuario esencialmente asentado en la pampa húmeda. Se tensó paulatinamente la relación con las tribus allí asentadas y crecieron los enfrentamientos. No se aceptaba desde los gobernantes que ellas controlaran el territorio donde debía desarrollarse la principal economía nacional. La primer “campaña del desierto” la llevó adelante Rosas (ganadero, gran productor de tasajo en sus saladeros, que se exportaba a Brasil) en 1833, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La confrontación fue escalando con el pasar de los años. La aparición de los buques a vapor que acortaban el tiempo de los viajes a Europa y de sistemas de enfriado que permitían exportar carnes hacia Inglaterra, determinaron que los sectores dominantes tomaran la decisión de llevar a los indios (como les denominaban) por debajo del río Negro. Primero fue la construcción de la “Zanja de Alsina” (por Adolfo Alsina, Ministro de Guerra de Avellaneda) en 1876, corriendo la frontera con los aborígenes hasta cerca de Bahía Blanca. Luego le siguió la conocida y feroz campaña de “Conquista del Desierto”, que comandó el general Julio Argentino Roca en 1879. Los nuevos fusiles Remington de tiro a repetición fueron demasiado para las lanzas y boleadoras.

Derrotados y dispersados que fueron los pueblos originarios del sur -y también los tobas en el noreste en 1884 por el general Victorica-, ya no hubo a partir de allí casi resistencia en el territorio nacional. Aunque si matanzas como la de Napalpí en el Chaco en 1924 o de Rincón Bomba en Formosa en 1947.

Fueron a partir de allí diezmados dichos pueblos por la miseria, el hambre y las enfermedades, al ser confinados en territorios aislados y marginales, de casi nula capacidad productiva. Miles de ellos se fueron a vivir a las ciudades, quebrándose así su cohesión como etnias. En esa situación y durante más de cien años la problemática de los mismos estuvo prácticamente invisibilizada; era como que no existía en éste país.

Sin embargo hace ya más de una década han recrudecido las demandas de los pueblos originarios; en el norte y en el sur. En parte es el fruto del renacer de su dignidad, seguramente ayudados por las luchas de otros como ellos en toda nuestra Latinoamérica. En otra porción, igual de importante que la anterior, los responsables son los grandes intereses agropecuarios y también petroleros que ahora ven con buenos ojos las pobres tierras en que han sobrevivido a duras penas las comunidades indígenas.

En nuestro norte, en Salta, son los wichis y guaraníes los que están en conflicto. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, señalan. En Chaco y sobre todo Formosa el hostigamiento es a los quom. “Los particulares que se apropian de nuestras tierras están vinculados a la ganadería, y a la agricultura. Por lo general están muy ligados con el gobierno provincial de Insfrán”, señaló en reiteradas oportunidades el cacique Félix Díaz.

En el sur la cosa no es distinta. En un comienzo los principales reclamos de la comunidad mapuche fueron alrededor de las tierras. Grandes propietarios como Benetton (900.000 hectáreas de campo) ocupan terrenos que son reclamados como propios, con toda justicia, por los habitantes originales. Pero ahora, de hace 4 ó 5 años, se le ha agregado la cuestión petrolera. No solo en lo que a contaminación refiere -actual y futura- sino también y por sobre todo a quienes -y en qué proporción- corresponden los beneficios que se obtengan; en particular de la joya de la corona: Vaca Muerta.

No por casualidad dijo el 29 de mayo pasado Jorge Nahuel Werken (vocero de la Confederación Mapuche) en Neuquén a periodistas: “llegamos hasta las oficinas de YPF porque estamos en un estado de alarma general en las comunidades, porque se notan movimientos de Gendarmería en los alrededores y creemos que esto responde a una política premeditada de YPF para buscar enfrentamientos que justifiquen una intervención de la Justicia Federal a través de la Gendarmería Nacional”.

Sabido es que Macri tiene a la explotación de petróleo y gas en Vaca Muerta como uno de los principales ejes económicos de su gestión. Pero sucede que los precios internacionales siguen bajos, 47 dólares el barril cuando hace pocos años estaba arriba de 100. Como la producción a través del “fracking” es más cara que la convencional, el gobierno viene entonces buscando bajarle los costos a las grandes empresas petroleras de las que espera inversiones. En ese camino, el primer paso fue introducir la flexibilización laboral en los contratos de los trabajadores del sector. Les resta disciplinar a los mapuches con sus demandas, de manera tal de que haya “tranquilidad social” para las transnacionales que vengan.

Atrás de la represión de gendarmería que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y de la defensa a ultranza de dicha fuerza de seguridad por parte de Patricia Bullrich. De la presencia de Noceti, jefe de gabinete de la Ministra, ex defensor de militares de la dictadura, dirigiendo el operativo. Como también de todas las operaciones posteriores del gobierno para que las víctimas -los mapuches y Santiago-  aparecieran como victimarios, como violentos, como “terroristas” acorde a las nuevas etiquetas que usa la derecha. Se oculta la estrategia del gobierno nacional de imponer una vez más los intereses de los grandes grupos económicos sobre -en este caso- el de los pueblos originarios. Usando para ello todos los mecanismos del Estado, incluyendo la violencia.

 


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