El acuerdo entre YPF SA y la Provincia del Neuquén para viabilizar la explotación de hidrocarburos no convencionales en el área de Loma Campana fue debatido en la Legislatura neuquina en tres comisiones y como resultado de dicho trabajo se emitieron dos despachos: uno solicita aprobarlo, cuyos miembros informantes serán los diputados Raúl Podestá y Luis Sapag, y el otro propone el rechazo y tendré la responsabilidad de ser miembro informante del mismo. Todo indica que el 28 de este mes será tratado en la cámara.

La razón central por la que proponemos el rechazo del acuerdo "máscara" entre YPF SA y Neuquén es que esconde el verdadero acuerdo, "el acuerdo Chevron", y éste es secreto, oculto y desconocido.

Los legisladores tenemos la obligación y responsabilidad de no legitimar algo que desconocemos. Así, es sumamente necesario que la Provincia, en su carácter de concedente, tenga conocimiento acabado de lo que se va a hacer en suelo neuquino, y para ello resulta indispensable acceder a los términos del acuerdo entre las dos explotadoras del área. Esa necesidad adquiere suma potencialidad al haber sido las acciones de YPF expropiadas por el Estado nacional, por lo que todo el comportamiento de YPF es de interés público puesto que la expropiación se va a pagar con dinero público y el éxito o fracaso de la empresa tiene directa implicancia en la economía de nuestro país.

La explotación de hidrocarburos no convencionales va a realizarse entre dos empresas, YPF y Chevron. En rigor de verdad, la explotación de esa área no sería posible una sin la otra; es decir, se necesitan mutuamente. YPF es la actual concesionaria, por lo que Chevron por sí sola no podría explotar el área, y, por su parte, YPF no cuenta con la tecnología ni con los recursos que la estadounidense le aporta. Es por eso que de manera conjunta llevarán a cabo la explotación.

Según expresiones de funcionarios provinciales, Chevron sólo sería un "operador financiero". Estos dichos no tienen ningún sustento; en primer lugar, porque ni la Provincia conoce el acuerdo entre las dos empresas, por lo que mal puede saber cuál es la participación que va a tener Chevron en la explotación. En segundo lugar, porque la misma YPF, en nota a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 16 de julio, detalla: "Informamos que YPF SA y sus subsidiarias y subsidiarias de Chevron Corporation han firmado en el día de la fecha un acuerdo de proyecto de inversión con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén".

De los mismos dichos de YPF se desprende la existencia del acuerdo entre las dos empresas y se expresa claramente "explotación conjunta".

Así las cosas, nos quieren hacer creer que sólo YPF va a explotar el área y Chevron sería una suerte de financiera, cuando verdaderamente estamos ante dos empresas que se asocian para explotar un área y sólo YPF es la cara visible hacia la Provincia. Consecuentemente, YPF asume todas las obligaciones y responsabilidades frente a la Provincia del Neuquén, dejando totalmente indemne a la estadounidense, que parece que participa de los beneficios pero no de las obligaciones.

Por sí solo este escenario sería suficiente para rechazar el acuerdo entre YPF y Neuquén pero, lamentablemente, lo descripto no sólo es sumamente oscuro sino también inconstitucional e ilegal.

En sólo dos días se aprobó el decreto nacional 929/13, de promoción de inversiones hidrocarburíferas, y se presentó y aprobó un proyecto de inversión entre YPF y Chevron de más de mil millones de dólares. Mucha premura para tamaño proyecto, que compromete los recursos naturales y el medioambiente hasta el 2048.

Por otra parte, el decreto nacional 929/13 es a todas luces inconstitucional; por un lado, por ir en violación de la ley de hidrocarburos, modificando los años y la modalidad de otorgamiento de concesiones hidrocarburíferas y pasando por alto al Congreso de la Nación, y por otro, por avasallar las facultades propias de las provincias. Así, el decreto 929/13 resulta violatorio de las leyes 17319 y 26197 y de la Constitución nacional (artículo 124).

Por su parte, la Provincia del Neuquén no se quedó atrás, adhirió al decreto citado y firmó un acuerdo con YPF para extender la concesión de un área por 22 años más (cuando la ley sólo lo permite por diez años), finalizando así la concesión en el 2048.

Sumado a esto, le otorga beneficios impositivos a YPF: el Estado neuquino se compromete a mantenerle una alícuota de Ingresos Brutos inmodificable hasta el 2048. Asimismo, renuncia a la jurisdicción de los tribunales locales para cualquier diferendo que no sean los pagos comprometidos por la empresa. Y, para cerrar el paquete, conforma una comisión en conjunto entre la empresa y la Provincia para el control del cumplimiento de normas del medioambiente; el sujeto controlado se controla a sí mismo.

Como este procedimiento está plagado de ilegalidades, necesita acuerdo legislativo para obtener cierta legitimidad. La firma por parte del gobierno nacional del acuerdo con Chevron, en un proceso improvisado, ilegal y oscuro, realizado a espaldas de la ciudadanía, es el reconocimiento del fracaso de su errónea política energética, con el agravante de que seremos los argentinos y en particular los neuquinos los que pagaremos el costo de la irresponsabilidad de la presidenta. Así hechas las cosas, comienzan mal. Es un manotazo de ahogado.

Vaca Muerta representa una oportunidad histórica para los argentinos y para los neuquinos. En nuestras manos está imprimirle seriedad al tema, hacerlo planificado, modificando previamente la normativa necesaria; recuperar la renta para el Estado y de este modo lograr un desarrollo y una explotación de los recursos dotados de transparencia, sujetos a las leyes y respetuosos del medioambiente. Podemos continuar haciendo las cosas mal o, de una vez por todas, poner nuestros recursos, capacidades e inteligencia al servicio de la construcción de una sociedad más justa.

(*) Diputado de Libres del Sur en Neuquén.