Indignación tras la reacción de Manzur

Nota en La Nación

Sorpresa e indignación tras la reacción de Manzur por los abortos no punibles

"Para mi la interpretación no es que el ministro haya dado marcha atrás. No sé qué fue lo que ocurrió", dijo a lanacion.com la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio; Cecilia Merchán, de Libres del Sur, afirmó que se trató de un "bochorno"; el breve comunicado despertó una fuerte confusión

Por Maia Jastreblansky de la Redacción de lanacion.com

La controversia sobre el protocolo de abortos no punibles que actualizó el ministerio de Salud se desplazó de eje cuando el titular de la cartera, Juan Manzur, desmintió hoy haber firmado la resolución ministerial de aval a la guía. El comunicado provocó indignación a la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur, coautora del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso y tomó por sorpresa a la legisladora kirchnerista Juliana Di Tullio, que encabeza esa iniciativa.
"La verdad, no se qué fue lo que ocurrió. Para mi la interpretación no es que Manzur dio marcha atrás. Yo celebro la publicación de la guía, se trata de una política pública y tiene fuerza en ese sentido", dijo a lanacion.com Di Tullio, quien admitió no conocer por qué Manzur no terminó de legitimar el protocolo promovido por su cartera.

"Es un bochorno lo que ha pasado. El haber dado un salto adelante con esta guía tan importante y borrarlo hoy con esta acción me parece lamentable, y vuelve a poner al debate en un mal lugar", manifestó por su parte Merchán.

Mediante un escueto comunicado, que generó confusión tras las declaraciones emitidas ayer desde su cartera, Manzur se limitó a aclarar hoy que "no ha firmado resolución alguna respecto de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles". Hoy, lanacion.com pidió aclaraciones sobre lo ocurrido, pero indicaron que sólo pueden ceñirse a esa comunicación.
La resolución ministerial, al avalar el protocolo, hubiera terminado de saldar las dudas sobre los casos no punibles de aborto. La guía, publicada en la página del ministerio y enviada ayer a este medio, provocó resistencias por la interpretación amplia que realiza del artículo 86 del Código Penal, donde se tipifican las situaciones donde la interrupción del embarazo es legal.

El nuevo texto permite la legalización del aborto para todos los casos de violaciones, no sólo para los de "mujer idiota o demente", y pone como condición que la víctima presente una denuncia o, simplemente, una declaración jurada en la que afirme haber sido violada.

Según había explicado a lanacion.com el viceministro de Salud, Máximo Diosque, la intención es evitar la intervención de juzgados en los pedidos de aborto no punibles. Se trata del concepto de "no judicialización", que no figuraba en la anterior versión de la guía, de 2007.

"Claramente hubo presiones por las repercusiones que generó. No se animaron a terminar de dar el debate", manifestó Merchán y agregó que "es una pena lo que ocurrió hoy porque Manzur le podría haber dado la fuerza necesaria y así queda como una recomendación".

Sobre los casos de aborto no punible contemplados por la nueva Guía, Di Tullio indicó: "El Código Penal es clarísimo: hay una diferenciacion entre las definiciones de violación y atentado al pudor". La diputada aclaró que en ese último caso se podría contemplar un consentimiento viciado por la incapacidad de la mujer mientras que los casos de violación tienen en cuenta a todas las embarazadas que pasaron por esa situación.

"En estos grises todo se enrosca en una discusión que deja a las mujeres desamparadas. Es un tema que hay que plantearlo con claridad desde el Congreso", indicó Merchán.

Di Tullio coincidió en la necesidad de debatir el tema desde el Poder Legislativo. Ambas diputadas firmaron un proyecto de leypara la interrupción voluntaria del embarazo junto a otros 36 legisladores, que está en manos de las comisiones de Legislación Penal, Salud Pública y Familia de la Cámara de Diputados. "Vamos a presentar un pedido solicitando que se ponga en tratamiento el proyecto apenas regresemos del receso", aseguró Merchán.

El macro jurídico que sustenta la polémica guía. Según informa la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (ANP), en" Argentina mueren alrededor de 80 mujeres por ano a consecuencia de complicaciones de abortos inseguros" y representan el "30% de las causas de la mortalidad materna". Además, indica que, según "las estimaciones recientes ocurren 460.000 abortos inducidos por año".

"En el año 2007 se registraron 59.960 hospitalizaciones por aborto en todo el país", informa la guía. Y, en base a esos datos, explica que "el derecho de las mujeres de acceder al ANP sufre limitaciones ilegitimas a través de la interpretación restrictiva de las causales de no punibilidad, la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y la judicialización indebida de la autorización" del ANP.

"Esta guía técnica tiene por fin reducir en todo el país las barreras de acceso al aborto en los casos que no es punible, es decir, en los casos permitidos por el Codigo Penal de la Nacion", explica el informe, y a continuación, cita el artículo que generó la polémica. "El CP establece cuatro situaciones en que el aborto esta permitido:

(i) Si hay peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios;

(ii ) Si hay peligro para la salud de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios;

(iii ) Si el embarazo proviene de una violación;

(iv ) Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

 

Nota en La Voz
 

Marcha atrás con la guía que flexibiliza el aborto no punible
 

El Ministerio de Salud de la Nación dio marcha atrás con el protocolo de actuación para casos de aborto no punibles: comunicó que su titular "no firmó ni firmará" una resolución sobre la guía, a pesar de que había sido difundida por la propia cartera sanitaria y llevaba el número de resolución 1.184, con fecha del 12 de julio.

La "Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles" fue divulgada ayer por todos los diarios, canales y radios del país y generó polémica. Grupos religiosos y abogados acusaron al Gobierno de facilitar o "legalizar de hecho" el aborto por medio de una interpretación del Código Penal, extremo tajantemente rechazado por legisladores -oficialistas y de la oposición- y organizaciones de mujeres.
Uno de las voces contrarias fue la del director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica (UCA), sacerdote Alberto Bochatey, quien advirtió ayer que la guía ministerial "parece más orientada a facilitar los abortos no permitidos" que a regular el procedimiento a seguir en aquellos casos contemplados por el Código Penal.

"Un papelón". La diputada nacional por Córdoba, Cecilia Merchán, tildó la marcha atrás del Ministerio como "un papelón" y dijo que "esto no hace más que volver a revictimizar a las mujeres que han sufrido una violación o corren riesgo de vida al continuar con el embarazo".
"Esperemos que esta situación se aclare", manifestó Alejandra Domínguez, Coordinadora del Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Domínguez recordó que la existencia de esta resolución ministerial fue reportada ante el Comité Cedaw (Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) donde la Nación indicó "como uno de sus logros la elaboración y actualización de la guía de atención integral para casos de abortos no punibles, aprobada por resolución ministerial 1184/2010 del 12 de julio del corriente año".

Es más: el viceministro de Salud, Máximo Diosque, había afirmado a La Nación que la resolución reforzaba "una realidad que ya está legislada, pero que, frente a un notable desconocimiento, (los casos) se judicializaban, terminaban siendo noticia y se provocaban tremendas demoras".
No sólo eso: desde Salud habían informado el martes a este diario que las guías estaban en la imprenta y que se iban a distribuir a las provincias dentro de 15 días, lo que iría acompañado de capacitaciones a los profesionales de la salud.
La cartera sanitaria nacional no dio más explicaciones ayer sobre si ese plan seguía o no vigente y qué consecuencias prácticas se desprendían de la supuesta no firma de la resolución 1184/2010.
Qué dice
La guía es una herramienta técnica y práctica que señala procedimientos legales y médicos que se deben seguir ante un caso de aborto no punible. En una interpretación amplia, incluye a la violación como uno de los supuestos. Para alegar esa causa, dispone que es necesaria la denuncia policial o una declaración jurada de la mujer.
Además, indica que sólo las niñas menores de 14 años necesitan el consentimiento de los padres para acceder a un aborto no punible. Permitía la objeción de conciencia de los médicos, pero no así de toda una institución. Y hacía hincapié en que no es necesaria la intervención judicial para autorizar esas intervenciones.
La diputada kirchnerista Diana Conti afirmó que la guía "iguala a las mujeres que tienen plata" con las de "menores recursos" que muchas veces recurren a esa práctica "por desesperación y pagan con su vida".
La legisladora señaló que el instructivo 2010, dirigido a médicos de hospitales públicos, "está dentro del marco de la ley" y consideró que, "llegado el caso", la Corte Suprema "lo va a sopesar de esta manera" y avalará la resolución.
Si bien admitió que este tema es fuertemente resistido por "sectores eclesiásticos y otros", advirtió que "si creen que la conciencia se lava frente a Dios por el Código Penal estamos equivocados, porque esta conciencia tiene que quedar sucia por las muertes que produce la penalización del aborto.

 

Nota en Dia a Dia

Manzur negó haber rubricado guía para abortos no punibles
 

El polémico texto para atender casos contemplados en la ley obligó a la cartera sanitaria nacional a negar la firma de ese documento. Sin embargo, se aclaró que sigue vigente el protocolo de 2007.
22/07/2010 | Argentina
Por Redacción Día a Día

Manzur negó haber rubricado guía para abortos no punibles, pero sigue vigente el protocolo de 2007.
El Ministerio de Salud de la Nación negó ayer que su titular, Juan Manzur, haya firmado una resolución que actualiza la guía para la atención de los abortos no punibles, vigente en todo el territorio argentino desde 2007; mientras que la desmentida oficial despertó sorpresa e indignación en varios sectores. Concretamente, la cartera de Salud nacional aclaró que nunca existió una resolución ministerial para distribuir una nueva guía con recomendaciones a los hospitales públicos de todo el país para atender los abortos no penados por ley.

Voceros de ese Ministerio aclararon a Día a Día que la resolución existió como proyecto, pero que nunca fue firmada por Manzur. Las mismas fuentes responsabilizaron a la directora del Programa Nacional de Salud Sexual, Paula Ferro, por difundir información equivocada. “Manzur nunca firmó ni va a firmar la resolución”, ahondaron, como para ponerle punto final a la controversia.

Un “papelón”. También temprano, las diputadas kirchneristas Diana Conti y Juliana Di Tullio defendieron ayer la medida oficial, aunque al conocerse la desmentida ministerial reconocieron sentirse sorprendidas. En cambio, el comunicado le provocó indignación a la diputada nacional por Córdoba, Cecilia Merchán, una de las autoras junto a Di Tullio del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. “Es un papelón. La guía era un paso importante y borrarlo hoy con esta acción me parece lamentable”, sentenció la legisladora cordobesa por Libres del Sur. Di Tullio, en cambio, no pudo explicar por qué la máxima autoridad sanitaria del país no legitimó el protocolo.

Por su parte, el director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica (UCA), sacerdote Alberto Bochatey, advirtió ayer que la guía ministerial parece más orientada a facilitar los abortos no permitidos que a regular el procedimiento a seguir en los casos contemplados por la ley. Sin embargo, el especialista eclesiástico reconoció que la guía ministerial es la realidad de lo que ya contempla el Código Penal.

Qué sigue vigente y qué no. Tras la marcha atrás de Salud, la guía 2010 no está en vigencia. Así las cosas, vuelve a estarlo –con rango de “recomendación”– la de 2007, elaborada durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García. En muchos aspectos, ambos textos son similares, pero mantienen una diferencia que quizá es la que más polémica despierta: el protocolo anterior establece que, en los casos de mujeres con embarazos producidos por violaciones, los médicos deben solicitar a la mujer constancia de la denuncia judicial o policial de la existencia de la violación. La actual versión, que ahora Salud dice no haber rubricado, añadía que si no había denuncia, alcanzaba con una declaración jurada de la víctima.

La guía interpreta las excepciones a la penalización del aborto, previstas en el artículo 86 del Código Penal argentino, y está dirigido a los jefes de servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos de todo el país. El texto fue publicado el martes en la página web de Presidencia y retirado a las pocas horas.
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Lo que dice la Guía sobre el aborto no punible
*Según se puede leer en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, el fin de la misma es reducir en todo el país las barreras de acceso al aborto en los casos permitidos por el Código Penal de la Nación (CPN).

*A continuación, cita ese artículo, el 86: “El CPN establece cuatro situaciones en que el aborto esta permitido: (I) Si hay peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios. (II) Si hay peligro para la salud de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios. (III) Si el embarazo proviene de una violación. (IV) Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.
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“No existe la resolución”
El ministro de Salud, Juan Manzur, ratificó anoche que no existe una resolución de la cartera que dirige sobre la Guía Técnica para casos de abortos no punibles, y sostuvo que ese protocolo rige desde 2007. “Yo lo único que hice fue decir que la resolución de la que todos hablaban, respecto de la guía del año 2007, no existe”, advirtió. En un comunicado, la máxima cartera sanitaria del país informó que se trató de un “error” la información acerca de la actualización del protocolo. “El Ministerio de Salud de la Nación aclara que su titular, el Dr. Juan Luis Manzur, no ha firmado resolución alguna respecto de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles”, reza el texto emitido por Salud.
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Córdoba no recibió directivas
El ministro de Salud de Córdoba, Oscar González, aclaró ayer que desde la Nación le informaron que no hay ninguna actualización sobre la guía para atender abortos no punibles. Además, el funcionario explicó que la cartera sanitaria que conduce desconoce aún los puntos que se modificarían en el nuevo protocolo que ahora Manzur niega haber firmado.

La difusión de la supuesta nueva guía ya había abierto ayer de nuevo el debate por el aborto. Al respecto, González estimó que inevitablemente ese tema tendrá que ser debatido en la sociedad argentina, aunque reconoció que este no es el mejor momento para eso. “Hay por delante un enorme terreno para trabajar en lo que es el embarazo no deseado. Porque, en realidad, las mujeres lo que quieren no es abortar, lo que quieren es no tener un embarazo no deseado. Hay mucho por hacer en ese sentido, y ahí es donde hay que profundizar la política. En algún otro momento llegará la oportunidad adecuada para un debate sobre el aborto”, opinó el ministro.

El funcionario recordó que dentro de dos semanas se reúne, en Santiago del Estero, el Consejo Federal de Ministros de Salud de Argentina. “Me imagino que será ese el ámbito adecuado para discutir este tema y para consensuar las cosas que haya que consensuar”, destacó el responsable de Salud.

 

 

Nota en La Mañana de Córdoba

 

SE ANTICIPO EL DEBATE POR EL ABORTO
En agosto el Congreso comenzaría a discutir legalización del legrado

El debate comenzaría los primeros días del mes próximo en las comisiones de Legislación Penal, Familia y Salud para luego ser tratado en plenario. El proyecto fue presentado por 33 diputados de distintos partidos políticos. Se advierten discusiones dentro de los partidos, todos atravesados por distintas posiciones.

Los primeros días de agosto sería tratado el proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
El escrito, rubricado por 33 diputados de distintos bloques, contempla que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.
Cecilia Merchán diputada nacional por Córdoba de Libres del Sur que integra el espacio de Proyecto Sur que conduce Pino Solanas, es una de las más fuertes defensoras de legalizar el aborto, “ya que es un flagelo que atraviesa a nuestra sociedad desde siempre”.
Merchán adelantó que el tema sería tratado en comisiones los primeros días de agosto, para luego ser tratado en plenario.
El proyecto deberá pasar por las comisiones de Legislación Penal, Familia y Salud para luego se debatido por especialistas, al igual que con el tratamiento del matrimonio igualitario.
El tema dará lugar a una fuerte discusión, aún en bloques históricamente en contra del aborto.
“Este es el caso del PRO, espacio liderado por Mauricio Macri, donde algunos parlamentarios se manifestaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo”, añadió Merchán.
El presente proyecto fue presentado ante la Cámara baja por las organizaciones integrantes de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” el 28 de mayo de 2007 bajo el N° 092-P-07. El mismo fue rubricado por Augsburger, Silvia; Areta, María Josefa; Barrios, Miguel Angel; Belous, Nélida; Benas, Verónica; Di Tullio, Juliana; Donda Pérez, Victoria; Beveraggi, Margarita; Bisutti, Delia; Gil Lozano, Fernanda; Giudici, Silvana; Gorbacz, Leonardo; Lozano, Claudio; Merchan, Cecilia; Peralta, Fabián; Recalde, Héctor; Rodríguez, Marcela; Sesma, Laura; Storni, Silvia; Sylvestre Begnis, Héctor; Vaca Narvaja, Patricia; Viale, Lisandro.

El proyecto de ley

El escrito propone que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley”.
Asimismo, contempla que “fuera de las 12 primeras semanas del embarazo, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud. b) Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.
c) Si existieran malformaciones fetales graves”.
Vale destacar que en todo caso la mujer deberá prestar consentimiento por escrito.
Los servicios de salud del sistema público deberán garantizar el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los arts. 1º y 3º y los de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Asimismo, deberán garantizar en forma permanente las prestaciones enunciadas en la presente ley, incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos.

SE ANTICIPO EL DEBATE POR EL ABORTO
Los legrados clandestinos mueven 1.200 millones de pesos por año en el país

Así lo aseguró la diputada por Córdoba, Cecilia Merchán, quien además informó que se realizan entre 500 y 700 mil interrupciones de embarazo por año en Argentina y que cerca de 60 mil mujeres llegan a hospitales públicos con problemas derivados de las intervenciones clandestinas, en su mayoría inseguras.

La discusión sobre si el aborto es correcto o no parece haber quedado en un segundo plano. Lo cierto es que miles de estas intervenciones se realizan en Córdoba y el país.
Muere más de una mujer pobre por día por la clandestinidad del aborto y su realización en pésimas condiciones sanitarias. Esta discriminación social y sexista se acentúa cada vez más con la miseria y exclusión crecientes.
La diputada nacional por Córdoba, Cecilia Merchán, aseguró que en el país se producen entre 500 y 700 mil abortos clandestinos.
Hay 60 mujeres que son atendidas en los hospitales públicos con problemas derivados de estas intervenciones.
El 56% de estas mujeres tienen entre 10 y 24. Son en su gran mayoría, mujeres pobres.
Cabe destacar que un aborto en una clínica cuesta entre 600 y hasta 12.000 pesos, según la institución.
“Hay una gran variedad de precios según la realidad de la mujer. Hay algunas que se producen abortos caseros con una aguja en su casa, hay otras que una partera del barrio les cobra 200 o 300 pesos y en un centro de salud privado cuesta entre 400 y 12.000 pesos”, explicó la parlamentaria.
En tanto, aseguró que el negocio de los abortos clandestinos mueven cerca de 1.200 millones de pesos por año en el país.
En este sentido añadió que hay casos en los que los mismos profesionales que se niegan a realizar estas intervenciones en el sistema público los hacen en las clínicas privadas.
En Argentina el aborto es ilegal. La ley establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para quien realiza el procedimiento (artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal).
La misma ley estable dos causas de excepción a estas penas: cuando el aborto se practica para “evitar un peligro para la vida o la salud” de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de “una mujer idiota o demente” (artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal).
Estas dos excepciones en la práctica raramente se cumplen; en casi todos los casos que entran dentro de estos supuestos los médicos se niegan a practicar el aborto por sus propias creencias religiosas o por desconocimiento de la ley.
El aborto es la principal causa de muerte materna y tiene particular incidencia en los sectores más desfavorecidos. Si bien es una situación muy conocida entre las organizaciones de derechos humanos, en este caso lo confirma un estudio académico realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
Las conclusiones del trabajo, que abarcó casos de todo un año en seis provincias, remarcan la necesidad de que el Estado intervenga sobre las complicaciones producidas por abortos inseguros y apunta también a la cuestión legal: la descriminalización del aborto.

EL NEGOCIO DE LA CLANDESTINIDAD
1.200 millones de pesos por año se mueven por abortos en el país.
700.000 abortos clandestinos se realizan por año.
60.000 mujeres son atendidas en el sistema público de salud por abortos mal hechos.
10 a 24 años es la edad promedio de las mujeres atendidas.

“En muchas ocasiones los mismos médicos que se niegan a realizar abortos en el sistema público, cobran por ellos en el sistema privado”, aseguró Merchán.