Barrick, Gioja y el derrame de cianuro en San Juan
Cuando el lobo es quien cuida las gallinas
En San Juan es muy difícil establecer el límite entre el accionar del estado y el de las empresas mineras. La relación es de ida y vuelta: muchos funcionarios tienen o han tenido fuertes vínculos con el sector, como el actual secretario de minería de Nación, Jorge Mayoral, secretario y luego director ejecutivo de la Cámara Minera de la provincia (1994-2001). Y muchos asesores y técnicos de las mineras prestan “colaboración” en el diseño de políticas públicas y normas que rigen la actividad, como sucedió con Barrick y el veto a la ley de glaciares primero, y luego con las leyes provinciales presentadas por los gobernadores ante la inminente sanción por segunda vez de la norma nacional. Esta sintonía perfecta se mantiene intacta desde épocas del menemismo y se repite en todas las provincias mineras.
El domingo pasado se rompió “una válvula de una cañería que conduce solución cianurada” en la mina Veladero, de la Barrick Gold, en el departamento Iglesia de San Juan. El accidente alertó rápidamente a la población de Jáchal, localidad aguas abajo del emprendimiento, que por temor a la contaminación se movilizó por la noche al municipio. Gustavo Herrnann, vecino del pueblo, habló en una entrevista para la Olla.TV:
“Las noticias que nosotros teníamos es de un derrame de cianuro y mercurio de aproximadamente 15 mil litros, ellos dicen que eso es imposible. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos obligados a monitorear las aguas, porque esto ha sucedido a 5 mil metros de altura, las aguas escurren allá y vienen directamente por el río para acá. De boca de la gente que trabaja en la empresa nos venimos a enterar que el incidente fue ayer (por el domingo) a la mañana. Si no hubiera sido por la presión de las redes sociales y que se viralizó todo, a nosotros nos queda toda la sensación de que esto se hubiera tapado, no nos hubiéramos enterado de absolutamente nada”
“De boca del secretario de Minería (de la provincia) nos enteramos que ayer al mediodía ya estaba la policía minera ahí arriba. Si está la policía minera con tanta premura es porque había algo, después ha dicho que los monitoreos de agua se hacen cada dos horas. Eso nos da la sensación de que “algo” ha pasado. Ahora hay gente de Salud Pública y Obras Sanitarias que están haciendo monitoreos en todas las plantas y habrá que hacer monitoreo de aguas subterráneas y aguas arriba. Lo que pasa es que implica un costo, implica movilización y hay gente que desconfía porque acá no tenemos laboratorios para hacer análisis de agua y desconfiamos de los análisis de agua que hace el gobierno. Entonces hay gente que quiere hacer análisis paralelos en laboratorios particulares y eso también tiene un costo. Pero la gente no está tranquila”.
La empresa difundió el lunes un comunicado mostrando todo bajo control. “Nuestro equipo de Medio Ambiente está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona” “No existen peligros para nuestros trabajadores o para la comunidad con el incidente ocurrido”. En igual sintonía se manifestó el gobernador José Luis Gioja, quien siempre que va a Jáchal toma agua directamente de una acequia, en respuesta a quienes critican a la minería. En este caso dijo que iniciará un sumario para determinar responsabilidades por lo ocurrido, calificó el hecho como “una contingencia técnica que fue controlada y no generó problemas”. “Hay que llevarle seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”. En cuanto a la información trascendida en las redes sociales, señaló que “quienes quieran tergiversar o llevar agua para su molino no sirve la situación. Ustedes lo podrán ver si esto se usa políticamente”.
En la Corte Suprema de Justicia de nuestro país están vigentes dos causas contra Barrick: una impulsada por la Fundación Ciudadanos Independientes - FUCI, por afectación de glaciares y por ocultar la presencia de estas fuentes de agua en el Informe de Impacto Ambiental de la mina Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold. Como prueba ofrece la documentación del Informe de Impacto Ambiental de Pascua Lama, proyecto argentino-chileno de la misma empresa, elaborado por otra consultora (BGC) con notables diferencias sobre la misma zona geográfica. La otra causa es por daños, fue iniciada por Ricardo Vargas y está patrocinada por Diego Seguí. Refieren los daños ambientales a partir del inicio de Veladero y solicitan se suspenda la construcción de Pascua Lama del lado argentino -del lado chileno ya se encuentra suspendido por orden de la Justicia-, hasta tanto se realice el inventario de glaciares. Sostienen que este proyecto se está construyendo sobre glaciares de su provincia. Ambos expedientes, vinculados, esperan la respuesta del Tribunal.
¿A quién le tienen que creer los vecinos de Jáchal, para quedarse tranquilos? ¿A los funcionarios provinciales que controlan la actividad? ¿Al gobierno nacional que nunca intervendrá, si no es por orden expresa de la provincia? ¿A la empresa? ¿Cuál es el trato que recibe cualquier voz crítica a la actividad en estas provincias? ¿La persecución, el apriete, el ninguneo, el despido, o todas a la vez?
En julio pasado, Scioli viajó a San Juan y envió un mensaje claro al sector minero: “los empresarios, trabajadores, a los inversores y a los potenciales, la mayor de la certidumbre, tranquilidad y previsibilidad que van a encontrar en Argentina una tierra extraordinaria para invertir a distintos mercados del mundo”. En otra oportunidad Macri señaló en dicha provincia la importancia de la actividad y que “hay países que salieron adelante con la minería y son respetados desde el punto de vista ambiental”, mientras que Massa sostiene que “donde haya licencia social, hay que bancar a muerte a la minería y donde no la hay, no debe haber minería”.
Nuestro país necesita una reforma minera profunda, que vaya más allá de lo estrictamente económico, que aborde las estructuras de poder fortalecidas desde Menem en adelante de la mano del clientelismo, la compra de voluntades y la corrupción. Que contemple la defensa del agua y de la vida, y el respeto por la cultura de nuestro pueblo y su forma de vivir. Que garantice mecanismos de control transparentes y participativos, sobre todo de la población involucrada, con funcionarios idóneos e independientes de los intereses de las empresas. Sólo así se podrá construir un puente de confianza de cara a la sociedad.
Silvia Ferreyra
Coordinadora del Area de Ambiente ISEPCI
