"Si contamina no es progreso" Por S. Ferreyra

Pérdida de cianuro y de confianza en San Juan

Las movilizaciones en la provincia a raíz del derrame ocurrido el 13 de septiembre pasado en la mina Veladero continúan con perspectivas de crecer, sacudiendo los cimientos del consenso con la actividad minera en la provincia y en el resto del país. El doble discurso de la Barrick y del gobierno provincial. El silencio del gobierno nacional.

Bajo la consigna "Si contamina no es progreso", alrededor de 6.000 personas se movilizaron el viernes pasado en Jáchal, localidad de casi 20.000 habitantes al norte de la provincia de San Juan. En la capital de San Juan ese día también marcharon cerca de 1.000 personas.

Los puntos principales de la concentración en Jáchal fueron:

1. Esclarecimiento, información, asunción de responsabilidades desde la empresa Barrick Gold y Gobierno de San Juan con todos los organismos relacionados y dependencias.
2. Puesta en marcha de un plan de contingencia y saneamiento urgente con la debida asistencia a la población para los departamentos afectados (sólo se ha repartido agua para tres días).
3. Sanciones inmediatas a la empresa Barrick Gold y a los organismos gubernamentales de control.
4. Ante el incumplimiento de las normas relativas al cuidado de la vida: la expulsión de la empresa una vez resarcido el impacto ambiental desde todos los ámbitos y garantías permanentes para toda la zona afectada.
5. Impulsar, por medio de iniciativa popular, la prohibición de la megaminería en la provincia, ya que hoy el pueblo sufre las consecuencias del desarrollo de una actividad de alto riesgo sin control debido.

Luego de ocurrido el derrame, el estado de alerta en Jáchal se extendió a localidades del departamento Iglesia, cercano a la mina. Para el próximo viernes 25 plantean una movilización hacia la legislatura sanjuanina, para presentar un petitorio. Queda claro que los avances que se han dado en los últimos días mucho tienen que ver con la presión ejercida por la gente a través de la movilización.

La respuesta del gobierno provincial, la justicia y la empresa

Las autoridades de la provincia apenas se enteraron del accidente, salieron a minimizar los hechos, asegurando, al igual que la empresa, que todo estaba bajo control. El gobernador Gioja hasta el día de hoy insiste que la mayoría de los cuestionamientos por lo ocurrido tienen que ver con la campaña electoral y con la búsqueda de protagonismo de la oposición.

Sin embargo, dos días después del derrame, funcionarios de la secretaría de minería de la provincia debieron reconocer que el mensaje de alerta a la población enviado el día del accidente por personal de la mina, vía whatsapp, decía la verdad: la solución cianurada del derrame había llegado a los ríos Potrerillos y Las Taguas, afluentes del río Jáchal. El secretario de gestión ambiental y control minero de la provincia, Marcelo Ghiglione, quien tiene a cargo la policía minera, aseguró que el río Las Taguas ya estaba limpio, mientras que en el río Potrerillos aún quedaban “mínimos vestigios”: 0,07 g/m3 de la solución cianurada. Es decir, apenas por debajo del límite legal de 0,01 g/m3 en fuentes de agua para bebida humana, y 14 veces por encima del máximo para protección de vida acuática, según lo establecido por la ley.

El martes, la provincia presentó una denuncia penal contra la empresa ante la Fiscalía General, y recomendó evitar el consumo de agua proveniente del Río Blanco en los pueblos El Chinguillo, Malimán y Angualasto. El viernes un grupo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), inició la toma de muestras e investigación en los ríos Jáchal, Las Taguas y Blanco a pedido del Ejecutivo, en el marco del convenio que tiene la provincia con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para auditorías externas en algunos emprendimientos mineros.

El miércoles la municipalidad de Jáchal se vio obligada a declarar “la emergencia ambiental, social, sanitaria, educativa y laboral en general” en todo el departamento.

También el miércoles, en respuesta a un amparo presentado por un particular, la justicia provincial ordenó: 1) inspección ocular en la mina para constatar las condiciones de seguridad vinculadas con los hechos; 2) un informe técnico a cargo un ingeniero en minas de la Universidad Nacional de San Juan; 3) extracción de muestras en los animales muertos encontrados en la zona de explotación, para determinar las causas de su muerte; 4) muestras de tierra en los lugares determinados por la inspección; 5) informe detallado de la policía minera y gendarmería sobre los procedimientos realizados en el lugar del derrame y 6) informe de la empresa respecto a los hechos y la composición del líquido derramado. Asimismo, dispuso el cierre de la mina por cinco días para realizar estos procedimientos y la entrega de agua embotellada a costa de la empresa, en los departamentos Jáchal e Iglesia, hasta tanto se garantice la provisión segura.

Barrick hizo público ese mismo día el informe entregado al gobierno sobre los hechos, afirmando que los litros de solución cianurada derramados no fueron los 15.000 del famoso whatsapp del empleado, sino 224.000, volumen calculado desde las 10 de la mañana que se detectó la pérdida hasta las 11.45 que pudieron detenerla. Pero el informe revela que último control de la empresa sobre la válvula que provocó el derrame fue a las 18 hs del día sábado, por cuanto si el accidente se produjo minutos después, la estimación de la pérdida podría superar los 2 millones de litros. Sin embargo los resultados de las muestras y el monitoreo de agua, tierra y aire correspondientes al área de operaciones y de influencia de la mina desde las 18 hs del día 12 hasta la fecha no se han dado a conocer, ni por la empresa ni por el gobierno.

En búsqueda de la verdad

Saúl Zeballos, referente de los vecinos de Jáchal, junto con los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, presentaron el viernes pasado un amparo solicitando esta información, entendiendo que el accidente se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Residuos Peligrosos, siendo necesario conocer la magnitud de los hechos, de manera de “diseñar un plan eficaz de prevención de la afectación de salud de la población de Iglesia y Jáchal”. Tanto Diego Seguí como Arancibia integran la misma fuerza que Margarita Stolbizer y son candidatos y referentes de la Alianza Progresistas en San Juan.

En los mismos términos, la diputada Victoria Donda, a la vez que se solidarizó con los vecinos de Jáchal e Iglesia, presentó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de la Nación, a la Cámara de Diputados, y a la Secretaría de Ambiente de la Nación, por su competencia respecto a la ley de residuos peligrosos. Solicitando además la conformación del comité de cuenca del Río Desaguadero-Colorado, por cuanto el río Jáchal forma parte de esa cuenca.

El gobierno nacional mantiene el silencio con el correr de los días. Sólo Aníbal Fernandez mencionó el tema en su conferencia de prensa, el martes pasado indicando que “en el tema trabaja personal especializado, es un tema muy delicado y tiene que repararse rápidamente”.

Nadie puede asegurar hasta dónde pueden llegar las consecuencias del debate abierto en la sociedad sanjuanina a raíz de todos estos hechos. Pero sin duda se están sacudiendo cimientos que tanto la empresa como el gobierno suponían de hierro, han probado su propia medicina al confiar en la impunidad con que actúan desde hace años en estas provincias mineras.

Por Silvia Ferreyra
Coordinadora del área de ambiente de ISEPCI
isepci.org.ar