Verdad, Justicia y examen de conciencia. Por R. Velasco

 

Recientemente ha vuelto a salir a la opinión pública el término “reconciliación” referido a los delitos de lesa humanidad y sus efectos perdurables en nuestros días. Esto ha provocado diversas reacciones. Me interesa aquí ofrecer algunas reflexiones sobre el particular.

Para los cristianos el término reconciliación es clave. Cristo vino a reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Es un término con connotaciones teológicas propias. Para la tradición católica en particular, la reconciliación se consagra en un sacramento. Y este sacramento tiene sus requisitos. Estos son: 1. hacer un sincero examen de conciencia, 2. tener dolor por los pecados cometidos, 3. hacer un propósito de enmienda, 4. confesar todos los pecados al sacerdote y 5. cumplir con la reparación que asigna el sacerdote.

Si intentáramos un parangón entre estas condiciones para el sacramento y una hipotética reconciliación social y política, a simple vista se observa que los perpetradores del terrorismo de estado no cumplen con varios de los requisitos. Tal vez hayan examinado sus conciencias, pero no se ha demostrado públicamente –salvo tal vez alguna excepción- ningún dolor por los delitos y aberraciones cometidas (un gesto de ello habría sido, por ejemplo, que revelaran donde están los restos de los desaparecidos para que los familiares puedan ir a enterrar a sus muertos).

Tampoco ha habido confesión pública de los delitos; o si la hubo fue para encomiar lo hecho. La gran mayoría sigue sosteniendo que lo que hicieron era lo que correspondía. Tampoco se ve ningún propósito de reparar el daño hecho. Desde la extrapolación de estos parámetros religiosos, todo hace pensar que no hay condiciones de reconciliación social o política.

Por otra parte, utilizar un término de raigambre religiosa –como la reconciliación- en la vida política es riesgoso. Las palabras toman significado propio. En nuestro contexto el término reconciliación es vidrioso Por un lado tiene cierto sabor a impunidad y auto amnistía. Y por otra parte favorece el equívoco de que se tienen que dar la mano dos “bandos” enfrentados; con lo que se estaría diciendo que en realidad hubo una guerra en la que solo se cometieron “excesos”; negando de este modo lo que en verdad ocurrió: que el Estado fue usurpado ilegalmente por las fuerzas armadas. Y que estas, con diversas complicidades activas y pasivas, secuestró, robó, apropió niños, torturó y asesinó impunemente. Pretender que la violencia política de los grupos guerrilleros es simétricamente igual a la del Estado terrorista es un grave error. Quienes ejercieron la violencia política debían ser juzgados con todas las garantías constitucionales y llegado el caso, condenados. Eran ciudadanos que delinquieron. Ante ellos el Estado debe actuar dentro del estado de derecho. No ejerciendo el terrorismo.

Por estas razones parece complicado hablar de Reconciliación ante este tema. Lo que cabe en este tiempo es la justicia propia del estado de derecho. Tal vez después de la acción reparadora de la justicia haya lugar para plantearnos cómo podemos hacer los argentinos, en adelante, para dejar de encontrar motivos para odiarnos. Pero ese es un tema diferente a la resolución justa de los delitos de lesa humanidad del pasado y no puede ser utilizado como excusa para silenciar el legítimo reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

 

Rafael Velasco

Jesuita, ex rector de la Universidad Católica de Córdoba

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