Un negocio en billetes verdes. Entrevista a S. Ferreyra

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En lugar de ciudad verde, un negocio en billetes verdes

Por Gisela Marziotta

El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.

Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.

“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.

Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.

“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.

En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.

Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.

“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.

“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.

Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.

Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.

“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.

Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.

Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.

El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.

Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.

Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.

“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.

En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.

“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.

 

“Es una ley de referencia”

Por Gisela Marziotta

Silvia Ferreyra, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci), aseguró que la Ciudad “se va a tener que endeudar para llevar adelante las plantas de incineración”, y sostuvo que la propuesta va a contramano de lo que pasa en el mundo, donde se desalienta este tipo de práctica.

–¿Qué hay detrás de la modificación de esta ley?

–Desde hace mucho tiempo el Gobierno porteño viene haciendo intentos para poder avanzar hacia otra estrategia para la disposición final de los residuos y a fines del año pasado han tomado la decisión de acelerar los tiempos. Lo más preocupante es que se modifique la Ley de Basura Cero, que es una ley de referencia clara para un montón de ciudades, de nuestro país y países vecinos, que se la modifique para poder habilitar la incineración de los residuos, aun siendo por captación de energía. Y por otro lado, que la iniciativa para poder llevar adelante estas tecnologías las lleve la propia Ceamse, una sociedad del Estado, que actualmente tiene la mayoría de los residuos que se tratan en el país. Es el centro de disposición final, el relleno sanitario más grande del país, que abarca todas estas jurisdicciones. No solamente va a implantar este tipo de plantas de incineración para la Ciudad sino que va a tomarlo como política de gestión para la disposición final de todos los residuos.

–¿Qué está sucediendo con estos incineradores en el resto del mundo?

–La Comunidad Europea ha mandado recomendaciones a los distintos estados para que empiecen a quitarle los subsidios a estas empresas, a estas estrategias de generación porque a la larga desalientan la reducción y el reciclado. A la larga vieron que podían ser contraproducentes a las estrategias de economía circular que rigen para la disposición final en esos países. Y acá, el Gobierno lo presenta como tecnología de avanzada cuando allá que hace años lo vienen utilizando y lo están desalentando porque va a contramano de la estrategia de reducción y reciclado. Que encima nosotros acá tenemos una realidad muy distinta, porque el régimen que nosotros tenemos se valoriza por tonelada recibida, entonces lógicamente una planta de incineración que cobra por tonelada de residuos, cómo va a tener un estímulo para disminuir si cobra por tonelada. Eso no se aclara en el proyecto.

–¿Esto significaría la desaparición de las cooperativas?

–Si se utiliza muchos reciclables para optimizar la cantidad de energía que puedan producir la incineración, esos reciclables van a estar en contradicción con lo que necesiten los recicladores para sus propias fuentes de trabajo. Y por otro lado es un despropósito porque nosotros todavía no estamos ni cerca del techo de establecer sistemas de recuperación y reciclado. Nosotros estamos reciclando mucho menos del 10 por ciento del total de los residuos cuando en Europa están reciclando cerca del 70 por ciento con los sistemas de recuperación y reciclado. Si alentamos la incineración, es muy difícil que esa tasa vaya a crecer. No entra en la cabeza pensar que esa energía es renovable, cuando nosotros estamos quemando un montón de materiales que podrían volver a insertarse en el mercado ahorrando todo el ciclo de energía, ahorrando petróleo, ahorrando electricidad, ahorrando materia prima, no tiene sentido que nosotros digamos: optemos por este tipo de energía obtenida de residuos para insertarlo en la red de energía de los hogares cuando por otro lado eso nos está costando fabricar más plástico, fabricar más papel.

–¿En qué afectaría esta modificación al medio ambiente?

–Tenemos la Ley de Basura Cero que plantea metas de reducción y de residuos a rellenos sanitarios, a disposición final. Hoy no está agotada esta ley. El Gobierno dice que no puede seguir reduciendo, entonces en función de eso cambia los objetivos, porque pone objetivos más realizables, que es lo que hace con el proyecto de modificación y habilita como estrategia de disposición final la incineración para poder reducir la cantidad de volúmenes que pueda tratar la Ceamse y no enviarlos a rellenos sanitarios. Hace 10 años que anticipamos que lógicamente si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora y que vaya a disminuirse la cantidad de residuos ni que vaya a cumplir ni siquiera las nuevas metas de reducción. Además, lleva a una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa. La tecnología de incineración es mucho más cara que la que se requiere para enterrar la basura. No es menor esta alerta que tienen los cartoneros al pensar que están en riesgo sus fuentes de trabajo y su propia existencia.

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