Tarifas de servicios públicos y derechos humanos

Desde hace más de 2 años nuestro pueblo viene asistiendo a un ajuste brutal basado en la presión sobre las clases medias y medias bajas, y en particular sobre el valor de las tarifas de servicios públicos que esta porción de la sociedad debe afrontar.

Y decimos que nos enfrentamos a un ajuste brutal, puesto que el Gobierno nacional, lejos de intentar proteger el bolsillo alicaído de los que menos tienen, no tuvo mejor idea que incluir una suba de precios de dichas tarifas en forma descontrolada y desmedida. Circunstancia que, sin lugar a dudas, pone en riesgo a diario el desarrollo de una vida plena de miles y miles de ciudadanos que no poseen los medios necesarios para hacer frente a sumas exorbitantes e ilógicas.

Es decir, el Gobierno ha decidido que el ajuste lo paguen los que menos tienen, y que los beneficiarios de dicho ajuste sean en forma directa las empresas de servicios públicos, las cuales, lejos de hacer esfuerzo alguno, han visto incrementadas sus ganancias en forma obscena y desmedida a costa del saqueo del bolsillo de los pobres.

Dicha conducta no solo afecta el bolsillo de los más desposeídos, sino que, además, viola en forma flagrante el derecho que todo ciudadano posee a los fines de asegurar el efectivo ejercicio del derecho constitucional a una vida digna. Derecho que resulta fundamental para el desarrollo de la vida particular de todo individuo y, por ende, constituye un derecho humano inherente a toda persona.

Desde hace varios años venimos sosteniendo que el desarrollo pleno de una persona incluye el acceso mínimo y seguro a los servicios básicos como resultan el acceso a electricidad, agua potable, gas, etcétera, circunstancias que se ven afectadas notablemente por el aumento de sus tarifas.

En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH) plantea en sus artículos 22 y 25, entre otros, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Nuestra propia Constitución Nacional, en su artículo 42, dispone que los consumidores y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger los monopolios naturales y legales.

Por lo tanto, resulta incomprensible que el Gobierno nacional siga insistiendo en violar en forma sistemática el derecho humano de toda persona a desarrollar una vida digna, con pleno acceso a los servicios básicos, sin que ello implique una irrazonable pérdida de ingresos para favorecer a las empresas amigas del Presidente.

Tenemos la obligación de ponerle un freno a esta situación en forma inmediata, por ello acudiremos cuantas veces sea necesario al auxilio de los juzgados nacionales e internacionales que correspondan, a los fines de ponerle fin a esta sistemática violación de derechos efectuada por parte del Gobierno nacional.

 

Victoria Donda
Diputada Nacional - Libres del Sur

 

Nota Publicada en Infobae: https://www.infobae.com/opinion/2018/04/29/tarifas-de-servicios-publicos-y-derechos-humanos/