[CABA] Usuarios de barrios populares excluidos de la tarifa social

Usuarios de los barrios populares excluidos de la tarifa social por las improvisaciones del gobierno

Tanto la puesta en marcha de los aumentos tarifarios, como los cambios anunciados,
denotan improvisación y carencias de planes que vayan más allá de garantizar las ganancias de las empresas.

Esta semana el gobierno anunció cambios en la aplicación de los aumentos de las tarifas anunciadas en el mes de enero. El 24 de febrero un conjunto de ONGs acompañamos a la Diputada Nacional Victoria Donda a una entrevista con el Ministro de Energía José Aranguren, para plantearle una serie de inquietudes respecto a las consecuencias negativas que acarrearía la aplicación indiscriminada de los incrementos que se estaban instrumentando. Pocos días después los mismos actores reiteramos los planteos ante la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.

Los planteos más importantes que hicimos en aquél momento se referían al alcance estrecho de la tarifa social que contemplan un reducido tope de 150 w de consumo; a la necesidad de contemplar tarifas especiales para las entidades sin fines de lucro como clubes de barrio, cooperativas, comedores populares, etc.; como así también a las PYMES, sobre todo aquellas que utilizan energía intensivamente; también planteamos las dificultades especiales en las provincias del noreste de nuestro país que no cuentan con gas natural y los usuarios residenciales deben sustituir con energía eléctrica, situación extendida a los barrios populares de todas las grandes ciudades, entre ellas el conurbano bonaerense, donde la llamada garrafa social solo figura en los papeles. No hubo ninguna respuesta satisfactoria para estos planteos realizados oportunamente.

El pasado 26 de mayo, hace apenas dos semanas, el Ministro Aranguren, ante una ola de reclamos y presentaciones judiciales pidiendo cambios en la aplicación de los aumentos tarifarios, declaró que los incrementos producidos “eran una necesidad, porque si no íbamos a seguir desfigurando la inversión”.

En el día de ayer -2 de junio- el gobierno parece empezar a producir modificaciones en dirección de los planteos que hicimos hace varios meses, tratando de responder a los múltiples fallos judiciales que le ordenan derogar estos incrementos tarifarios.

Tanto la puesta en marcha de los aumentos tarifarios, como los cambios anunciados, denotan improvisación y carencias de planes que vayan más allá de garantizar las ganancias de las empresas en un marco de reducción del gasto público.

Continuamos reclamando los siguientes puntos no contemplados hasta el momento.

• Exigimos que se realice una auditoría que investigue la utilización de los subsidios cobrados por las empresas durante más de una década, que no fueron destinados a inversiones.
• Solicitamos la inmediata reglamentación y entrada en vigencia de la ley 27218 sancionada en 2015 que establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público, al igual que la reglamentación de la ley 27098 de régimen promoción de los Clubes de Barrio. El gobierno en lugar de cumplir con estas leyes ya sancionadas, anuncia medidas transitorias que se pueden sacar o modificar en cualquier momento, e inexplicablemente “continúa estudiando cómo aplicarlas”.
• Ante la continuidad de los cortes de energía, requerimos la suspensión de los aumentos en las zonas donde se producen, hasta que la provisión se regularice definitivamente.
• Pedimos la extensión de la elevación del umbral de consumo para acceder a la tarifa social de la energía eléctrica otorgada a las provincias que no cuentan con red de gas natural, a todos los barrios y zonas del país que se encuentran en esas condiciones. Particularmente en el conurbano bonaerense hay cientos de miles de usuarios que están en esa situación y son excluidos injustamente de ese derecho.

Isaac Rudnik
Director
ISEPCi | Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana
www.isepci.org.ar