Que se haga foco en el narcotráfico

SE REALIZÓ LA VIII CONFERENCIA NACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS
La despenalización del consumo es el centro del debate sobre drogas

 

Representantes de organizaciones civiles y de la justicia coincidieron en la necesidad de que el Congreso modifique la Ley 23.737 de Estupefacientes, para lograr que los recursos públicos se concentren en persequir al narcotráfico.

Por Lucía Álvarez

La necesidad de terminar con la actual política sobre drogas y de que se apruebe en el corto plazo una ley para despenalizar a los usuarios y poner el foco en la persecución de las redes de narcotráfico, fueron las principales conclusiones de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que comenzó ayer y seguirá hoy en el anexo del Congreso de la Nación.
“Todavía mantenemos una política irracional que viola los Derechos Humanos y que encuadra como delito un problema que debe entenderse desde la salud mental”, sentenció la voz inaugural del panel, la de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

También participaron de la conferencia –bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción; Fabián Peralta, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados; la doctora Lucía García, en representación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y Graciela Touzé, investigadora de la UBA y presidenta de la Asociación Civil Intercambios, que organizó el encuentro.
 

Se esperaba además contar con la presencia del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pero no asistió: envió en un comunicado su apoyo irrestricto al impulso de “reforma a las leyes de droga, de salud mental y de prevención y atención de su consumo”. Asimismo, la apertura contó con las adhesiones del ministro de Educación Alberto Sileoni y los diputados Ricardo Alfonsín (UCR), Victoria Donda y Cecilia Merchán, quienes saludaron “la apertura de un debate que nos saque de la parálisis de legislación vigente”. Precisamente ayer, las legisladoras del Movimiento Libres del Sur presentaron un proyecto para modificar la Ley 23.737 de Estupefacientes (ver recuadro).
 

También se encontraban respaldando la iniciativa Rubén Mayorga, coordinador de ONUSIDA para América del Sur; Marcelo Vila, representante de la OPS; y Carola Down, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).
 

Graciela Touzé, titular de Intercambios, señaló como un avance el hecho de que cada año nuevos actores se sumen al debate, consolidando una masa crítica que espera del Estado respuestas más integrales a la simple criminalización.
“Es necesario reconocer el fracaso de los intentos de los últimos 50 años por controlar la oferta y la demanda de drogas. En este sentido, nos resulta muy auspicioso que en la reciente reunión del Consejo Directivo de la OPS, los ministros de Salud de todo el continente se comprometieron a adoptar acciones centradas en la prevención, la intervención temprana, la reducción de daños, el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y la administración del sistema de salud”, explicó, y concluyó: “La salud pública y los Derechos Humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas en la Argentina.” Mónica Cuñarro, por su parte, puso la atención sobre el cambio en los abordajes de las políticas de drogas, más vinculadas desde hace tres años a los Derechos Humanos, la prevención, el desarrollo de la atención de la salud, y no sólo a la seguridad. “La guerra de las drogas es un fracaso si la medimos por la violencia. No sólo se vincula a otros delitos como la trata o los homicidios violentos, también tiene un enorme impacto carcelario que significa un gasto enorme de recursos públicos y la imposibilidad de generar una reinserción social.” A pesar de los avances, todos los panelistas coincidieron en que el camino no está allanado y mencionaron que todavía existe mucha superficialidad, hipocresía y diletancia para tratar el tema. “A un año de que la Corte Suprema se expidiera en el fallo Arriola, todavía hay voces que ven a los usuarios como delincuentes y no como sujetos de derecho. Hay voces que proponen un ‘servicio cívico voluntario’ que va a estar destinado a las personas con problemas de estupefacientes. Eso es volver al patronato”, reclamó Stella Maris Martínez.
 

En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó por unanimidad el fallo Arriola, declarando inconstitucional el segundo párrafo del Articulo 14 de la Ley 23.737, que reprime la tenencia de drogas para uso personal.
Los magistrados explicaron, siguiendo el artículo 19 de la Constitución Nacional, que esas acciones privadas no perjudican a terceros. También aseguraron que los consumidores son víctimas visibles de las bandas criminales y que la respuesta punitiva del Estado no hace más que revictimizarlos.
En ese fal lo, el doctor Raúl Zaffaroni apeló además a un argumento que se repitió en diversas oportunidades durante la conferencia de ayer. La persecución del delito de tenencia para el consumo genera enormes gastos materiales y de personal, tanto para las fuerzas policiales como para el Poder Judicial, impidiendo que toda esa fuente de recursos pueda ser utilizada para combatir el narcotráfico.
“Hay que preguntarse a quién benefician estas políticas. Hoy la mayoría de los arrestos son de usuarios de cuantía mínima.
Desgastamos esfuerzos en eso y después no contamos con lugares adecuados para tratamientos”, explicó Martínez.
 

Los expositores coincidieron además en exigirle al Senado que apruebe este año los proyectos de ley de salud mental y de creación del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones, redactados por los legisladores con mandato cumplido Leandro Gorbartz y Sylvestre Bennis, que a fines de 2009 obtuvieron por unanimidad media sanción en la Cámara de Diputados

 

Para que se haga foco en el narcotráfico

Las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, del Movimiento Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de despenalización de tenencia de drogas para que la justicia se concentre en la persecución del narcotráfico. La iniciativa modifica la Ley 23.737, con el objetivo principal de adecuar la normativa vigente con el ar tículo 19 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. El proyecto tiene en cuenta, a su vez, el fallo “Arriola”, que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2009, donde “se pone de manifiesto el claro fracaso de la doctrina y de la jurisprudencia que sostenía la penalización del usuario de estupefacientes, con razones utilitaristas o pragmáticas”, según expresaron las legisladoras.
Otra de las modif icaciones sustanciales de la propuesta es la derogación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 que regulan los tratamientos de rehabilitación como parte del canje por la pena en las diversas instancias del proceso penal. “La ley penal no puede regular tratamientos de salud y menos aun utilizarlos como una pena encubierta. La iniciativa nos permite seguir un camino similar al que ya viene transitando la sociedad argentina, con temas como los del casamiento entre personas del mismo sexo o el debate con respecto al aborto”, explicó Victoria Donda.

 

 

Tres veces más “mulas”

La VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Droga también puso énfasis en la necesidad de que el sistema penal no se centre en delitos menores, como la importación de estupefacientes en escasas cantidades, contenidos en el artículo 6 de la Ley 23.737.
Este delito es por el que comúnmente se acusa a las “mulas”: las personas, sobre todo mujeres, que transportan drogas en su cuerpo de un país a otro. Stella Maris Mar tínez señaló en este sentido que, en los últimos años, se triplicó el número de mujeres detenidas por ingreso de estupefacientes.
También Mónica Cuñarro advirtió que estas mujeres, que en su mayor parte son madres, son detenidas por el tráfico de cantidades mínimas, pero que tienen “peligrosidad cero”.
La propuesta de las diputadas del Movimiento Libres del Sur, Victoria Donda y Cecilia Merchán, incorpora este tema y propone una modificación en la normativa para disminuir el mínimo de la pena de 3 a 2 años de prisión. “Esto permitiría la aplicación de penalizaciones más flexibles que redunden en un trato más humano para con quienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, per tenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, argumenta el proyecto de ley presentado ayer.

 

La Argentina y Venezuela

2 países latinoamericanos son los únicos de la región que “no descriminalizaron la tenencia para consumo personal: la Argentina y Venezuela”, dijo Mónica Cuñarro.

Panel - Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, en el centro de los expositores, ayer, durante la conferencia en el anexo del Congreso de la Nación.

 

Cronología de la legislación argentina

 

• 1926. Persecución del consumo.
  La Policía Federal, que desde 1921 tenía un Gabinete de Toxicomanía, promueve la posibilidad de perseguir mediante el derecho penal a quienes poseyeran drogas.
  El consumo estaba acotado a sectores acomodados de la sociedad.
• 1963. Modelo represivoterapéutico.
  Con la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes, en 1961, ratificada por la Argentina en 1963, toma forma a nivel mundial ese modelo de gestión respecto de las drogas.
  Las sustancias definidas como “estupefacientes” son los derivados de tres plantas: adormidera, cannabis y coca.
• 1968. No es delito la tenencia para consumo personal.
  Una reforma del Código Penal agrava las sanciones al tráfico, pero la Ley 19.567 deja sin sanción la tenencia para uso personal. Comienzan los operativos antidrogas conjuntos con organismos internacionales; algunos policías viajan a formarse a los Estados Unidos.
  Mientras tanto, una reforma del Código Civil permite la inhabilitación e internación compulsiva de los “toxicómanos” y se crea la primera institución especializada en tratamiento y rehabilitación: Fondo de Ayuda Toxicológica, dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA.
• 1971. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas.
  Se extiende el sistema internacional de fiscalización de sustancias de la industria farmacéutica. Se crea el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO).
• 1974. Ley 20.771.
  En los EE UU, Richard Nixon califica a la heroína como “el primer enemigo público no económico”; un año antes se había creado la DEA. En la Argentina, la Ley 20.771 reprime con prisión de uno a seis años la posesión de estupefacientes, aunque estén destinados a uso personal.
  José López Rega, ministro de Bienestar Social, asevera: “Las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla”.
  Los términos narcoguerrilla, narcoterrorismo y narcosubversión surgen en estos años.
• 1978. Fallo Colavini.
  La Corte Suprema de Justicia ratifica la sentencia a dos años de prisión en suspenso para Ariel Colavini, a quien se le habían encontrado dos cigarrillos de marihuana, por considerar que “el uso de drogas representa un peligro para la ética colectiva”.
• 1983. Retorno de la democracia y énfasis en la prevención.
  Se instala la imagen del usuario de drogas como enfermo y el Estado se orienta a tareas de prevención.
• En 1984, el Departamento de Toxicomanía de la Policía Federal se convierte en la Dirección General de Drogas Peligrosas.
• 1986. Fallo Bazterrica.
  La Corte declara la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley 20.771, que penalizaba la tenencia de drogas para uso personal y por el cual se había detenido al guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica. Se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.”
• 1989. Ley 23.737. La nueva norma incrimina el uso personal con prisión de un mes a dos años. Se crea la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), que tiene a cargo hasta la actualidad, tanto la asistencia a las personas que usan drogas, como el control de los precursores químicos y el resto de los eslabones de la oferta de drogas. Un año antes se había firmado la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que acentuó la respuesta represiva como política global.
• 1999. Primera encuesta nacional.
  La realiza la SEDRONAR y estima en 600 mil las personas que consumen drogas en todo el país.
• 2000. Reducción de daños. Por impulso de organizaciones de la sociedad civil, comienzan a implementarse estrategias que tienen como objetivo disminuir los efectos negativos del uso de drogas: reducir la morbilidad y mortalidad, prevenir enfermedades, favorecer el acceso a los servicios de salud.
• 2001. Pasta base de cocaína.
  La presencia de esta sustancia reconfigura la posición de la Argentina en la geopolítica de las drogas a nivel mundial.
  Evidencia que algunos eslabones de la cadena de producción se han asentado en el país, hasta entonces considerado estrictamente “país de tránsito”. A la vez, revela la incorporación de sectores pobres y vulnerables de la población al microtráfico local, y el consumo de esta sustancia por parte de un sector específico de la población: jóvenes urbanos pobres.
• 2003. Primera Conferencia Nacional de Políticas de Drogas.
  Por primera vez, se abre el debate sobre los distintos abordajes para atender la salud de las personas que usan drogas. Organizada por la Asociación Civil Intercambios en el edificio Anexo del Congreso de la Nación, permite comenzar a instalar el debate sobre la despenalización de la tenencia y el contexto sociocultural de las drogas.
• 2005. Desfederalización. La Ley 26.052 permite que sean los poderes judiciales de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires los que asuman la investigación de los delitos menores (tenencia y pequeño tráfico), originariamente atribuidos a la justicia federal.
• 2008. El Comité. Se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, para proponer reformas y actualización legislativa en las diversas problemáticas vinculadas a la drogadicción.
• 2009. Fallo Arriola. El 25 de agosto, la Corte declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 23.737 (que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal), aplicable a aquellos casos que no afecten derechos o bienes de terceras personas.
• 2010. El debate actual. El Senado tiene pendiente tratar el proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones, que a fines de 2009 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Además, hay en el Parlamento varios proyectos para reformar la Ley de Estupefacientes.

Fuente: Intercambios Asociación Civil.