Prevenir la violencia y construir seguridad

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Reflexiones para prevenir la violencia y construir seguridad

Mucho se dijo en las últimas semanas respecto de los acontecimientos vinculados a la presencia de grupos narcos disputando territorios, violencia social y connivencia policial. Problemáticas complejas que requieren compromisos de múltiples actores: del Estado, del conjunto de la dirigencia y militancia política y de la ciudadanía.

 No son útiles, sino más bien contraproducentes, los discursos y proclamas que tienen como objetivo el aprovechamiento político de situaciones dolorosas. Decir “Rosario es Narcópolis” es similar a  la expresión “en la villa son todos vagos y  chorros”, son etiquetas que estigmatizan, confunden y más que aportar a la solución del problema, suman incertidumbre a una sociedad que necesita más propuestas consensuadas y menos titulares grandilocuentes.

Como posible aporte, acercamos algunas reflexiones:

¿Cuáles son las causas que generan la profusión de bandas juveniles vinculadas al delito? Entre otras, hay que considerar el sentido de pertenencia, la necesidad económica y la promesa de ascenso social, así como el desapego a una vida que no ofrece, en general, grandes expectativas. Por eso, hay que construir nuevas identidades sobre todo, pero no únicamente, en los sectores juveniles en situación de vulnerabilidad. Es necesario fortalecer la intervención estatal con políticas sociales de largo plazo, integrales y atractivas, con el poder de incorporar a jóvenes que hoy son tentados con la oferta de las organizaciones criminales. Estas políticas estatales deben ser construidas junto a las organizaciones que viven y actúan en el territorio y recibir también los aportes hacia la inclusión en el mercado de trabajo del sector empresarial. Por esto es positiva la convocatoria de un Consejo Económico y Social que deberá extenderse y  consolidarse.

Otro aspecto a tener en cuenta, que compromete al Poder Legislativo nacional, es la criminalización que se hace de los consumidores de sustancias psicoactivas. La aún pendiente despenalización de los consumos aportaría al redireccionamiento de los recursos judiciales y económicos hacia la persecución de los narcotraficantes por un lado,  y hacia la atención desde la salud pública que requiere el consumo problemático de sustancias, por otro.

Un aporte más hacia la prevención de la violencia sería crear y/o fortalecer programas educativos/recreativos/ culturales/ comunicacionales en unidades penitenciarias e instituciones juveniles así como el mejoramiento de las condiciones de los establecimientos carcelarios. El porcentaje de reincidencia en el delito disminuye cuando se respetan los derechos humanos de las detenidos/as y se logra su participación en propuestas útiles para su reinserción social.

Se necesita brindar continuidad y  profundidad a la reforma policial, las fuerzas federales deben actuar en el control del narcotráfico, las agencias gubernamentales deben ocuparse de las investigaciones financieras para controlar el flujo de dinero proveniente de los circuitos económicos ilegales, la justicia federal y provincial deben ponerse a tono e insistimos en la necesidad de brindar herramientas de contención e integración a quienes son el eslabón más débil de la cadena delictiva. En definitiva, las principales víctimas mortales, según las estadísticas, son los jóvenes más pobres.

Con decisión, trabajo, compromiso y consenso, sin necesidad de caer en golpes bajos ni oportunismos políticos, es posible construir seguridad desde una perspectiva democrática. Que asegure el ejercicio y promoción de los Derechos Humanos. Que incluya una mirada desde lo social, lo educativo, lo cultural, lo comunicacional y desde la participación ciudadana.

Gabriela Sosa
Movimiento Libres del Sur en el FAP