Piden que se retracte el Ministro de Salud

La convocatoria de la radio abierta comenzó cerca de las 11, en la puerta de la Casa de Gobierno. Representantes de “Mumalá” (Mujeres de la Matria Latinoamericana), del gremio ATE (con Raquel Blas como portavoz) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores se reunieron con la iniciativa de expresarse en contra de las declaraciones del gobernador Francisco Pérez, quién advirtió que el fallo de la Corte sobre abortos no punibles a víctimas de abuso sexual no se aplicará ya que no es legislación provincial ni nacional. Además, exigieron la renuncia del Ministro de Salud y la urgente protocolización para el cumplimiento del fallo, que recibió media sanción este miércoles en la Legislatura.

Karina Ferraris, quién fue candidata a vicegobernadora por el Frente Amplio progresista, afirmó que la reunión se realizó principalmente en forma de repudio hacia las declaraciones “misóginas y sexistas” del Ministro de Salud, Carlos Díaz Russo. “El fallo de la Corte, como ya se conoce, esclarece el Código Penal y si bien se estableció en base a un caso específico de una chica violada, se generaliza. No cumplir con el mismo es una ilegalidad”.

Ferraris explicó que este esclarecimiento permite terminar con las suspicacias de lecturas que hacía cada juez, cada vez que se pedía autorización para llevar adelante abortos no punibles, en caso de violaciones. “La Corte Suprema termina, de esta manera, con las sospechas y establece específicamente cómo debe proceder la Justicia y los profesionales de la salud”.

Tanto Ferraris, como Noelia Montero, militante de Mumalá, separaron el debate sobre el fallo de la Corte con la campaña de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, son temas no excluyentes, que van de la mano dentro de la lucha de agrupaciones de género bajo la consigna de la plena decisión de la mujer sobre su cuerpo y la necesidad imperiosa de terminar con el negocio del aborto clandestino.

Ferraris recordó que lo siniestro de las prácticas abortivas es su clandestinidad, un negocio millonario cuyo ejercicio involucra la vida de las mujeres de menos recursos. De esta forma, aseguró que los grupos provida operan bajo un halo de hipocresía. “La persona que tiene plata puede acceder a un aborto en condiciones seguras y de hecho lo hacen.  Está claro que esta postura es discriminativa hacia mujeres de menores recursos económicos, quiénes se ven expuestas a situaciones de riesgo a la hora de terminar con un embarazo”.

Por su parte, Noelia Montero, encauzó el debate hacia los prejuicios y concepciones que existen sobre la mujer y su sexualidad. Aseguró que el fallo de la Corte legitima luchas sociales y establece una categoría básica: la mujer violada tiene pleno derecho de abortar. “Creo que a partir del fallo se da un marco propicio para establecer la discusión sobre la legalización del aborto en todos los estratos, se genera un marco legítimo”.

El aborto legal no se estableció como un tema dentro de la agenda del Ejecutivo, ni provincial ni nacional. Sin embargo, tanto el fallo histórico de la Corte como las consecuentes luchas de las agrupaciones políticas, insertan el debate en la opinión social y obligan a las voces de autoridad a expresarse sobre el tema y, consecuentemente, a avanzar en su tratamiento.

“Todo este debate, este cambio de opiniones y discusiones, tienen un peso simbólico porque permiten hablar del aborto. Las mujeres abortan, es una realidad. Criminalizar esto es criminalizar prácticas sociales de hecho, que existen y que se llevan a cabo bajo condiciones inseguras, sobre todo para mujeres sin recursos. Decir que la mujer que aborta es criminal es aislarla de la sociedad, maltratarla, estigmatizarla. La legalización sería un paso para terminar con esto”, finalizó Montero.

Fuente: MDZ