No sorprende la postergación de derechos

No sorprende la postergación de los derechos de las mujeres por Urtubey

Una vez más Urtubey demostrando que está muy lejos de considerar a los derechos de las mujeres como parte de su política de estado.

Salta se encuentra por sobre la media nacional en feminicidios, violencia hacia las mujeres y abusos. Para el Gobierno de Salta, en boca del propio Urtubey, el problema de seguridad es una cuestión solamente relacionada al turismo, cuando las cifras nos demuestran que hay componente importante de violencia machista en los casos de inseguridad: violación, maltrato y muerte de mujeres y niñas.

El Gobernador Urtubey está también en contra de la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (26.150): en las escuelas primarias y secundarias de Salta, no se dicta Educación Sexual.

Además, llevamos años luchando desde los movimientos sociales para que se reglamente la ley provincial de Salud Sexual y Procreación responsable N°7311 que como no está reglamentada no cuenta con un presupuesto específico ni normas que regulen su aplicación.

Ahora, cuando la Corte Suprema dicta una sentencia sienta jurisprudencia a raíz de las diversas interpretaciones que había sobre una norma del código penal y con la finalidad de evitar la judicialización de casos en que está en juego la salud e integridad física, psicológica y moral de niñas y mujeres víctimas de violación, Urtubey dice que en Salta se va a pedir la orden judicial para el acceso al aborto no punible. No solo inventa requisitos donde la ley no los pide, sino que impone según su propio criterio, una norma, contrariando el principio de reserva de la Constitución Nacional (art. 19).

Demorar y poner trabas en la realización de un aborto no punible es ilegal, pero también es inhumano. Es atentar contra la dignidad de las mujeres que ya han sufrido un abuso, y que en muchos casos se trata de niñas y adolescentes.  Es revictimizarlas. Es el ejercicio de violencia institucional en los términos del art. 6 inc. B de la ley 26.485: la ejercida por funcionarios que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esa ley.

Cualquiera podría pensar que viniendo de quien viene, no sorprende. A nosotros, nos obliga a pronunciar el más duro repudio a este accionar sistemático contrario a los derechos humanos de las mujeres y a exigir la urgente aplicación de las normas que los protegen.

 

María Laura Postiglione – Carlos Morello

Movimiento Libres del Sur en FAP