Con la llegada de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en los medios de comunicación nacionales se exhibe la publicidad oficial del “boleto educativo gratuito” con las imágenes de los jóvenes desaparecidos en la “Noche de los lápices”.

Ver la utilización propagandística de los rostros de aquellos jóvenes adolescentes que llenos de ideales lucharon por un país mejor me produjo un malestar no sólo emocional sino incluso físico.

Es que el gobernador José Manuel de la Sota hace unos años les dijo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que “tendrían que haber cuidado mejor a sus hijos” y ahora utiliza, por oportunismo político, la imagen de los desaparecidos.

Dicha publicidad me hace reflexionar acerca de los escasos límites éticos e ideológicos que tienen quienes nos gobiernan. Pretenden que los derechos humanos sean una bandera del pasado, ligada sólo al ejercicio de la memoria, pero sin luchar por su vigencia actual.

Hay que recordar que De la Sota inau­guró las sesiones ordinarias de este año enarbolando el proyecto de endurecer las penas del inconstitucional Código de Faltas para reprimir la protesta social, en una triste coincidencia con la ley antiterrorista impulsada y aprobada por el Gobierno nacional.

Nuestra provincia no es un ejemplo de respeto de los derechos humanos, ya que tenemos el mencionado Código de Faltas, debido al cual se encierra de manera ilegal a miles de jóvenes humildes cada fin de semana, sin derecho ni a un abogado defensor. Tampoco se respetan los derechos humanos cuando se pretende solucionar el conflicto sanitario apelando al desgaste gremial, mientras más de un millón de cordobeses pobres quedan de­samparados durante seis meses.

Tampoco se respetan los derechos humanos sin el derecho a un trabajo digno, cuando el trabajo “en negro” es tolerado por las autoridades públicas, ya que incluso es el Estado provincial el que utiliza contratos basura. En el sector privado, también se viola este derecho. Ya es una noticia repetida que trabajadores de la construcción mueran en accidentes de trabajo. Y es el Estado el que debe controlar y ser inflexible con las empresas constructoras, cosa que no hace.

La utilización simbólica de los compañeros detenidos-desaparecidos asesinados por la dictadura militar realizada por el Gobierno provincial no debe ser tolerada y deben ser los organismos de derechos humanos y la sociedad toda los que condenen dicha conducta.

No debemos olvidar que la lucha por memoria, verdad y justicia y por la vigencia actual de estos derechos está asociada a los sueños más puros de nuestra sociedad. Por ello hay que alzar la voz cuando se los utiliza con una mirada proselitista. Señor gobernador De la Sota: con el rostro de los compañeros muertos no se juega; los derechos humanos no se compran ni se manchan.

*Legisladora provincial  (Libres del Sur-Frente Cívico), miembro de la Comisión Provincial de la Memoria