Las Madres de la Luz en el Congreso de la Nación

El día 6 de diembre se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley sanitaria que protege a la población de estaciones eléctricas y cables de alta y media tensión. En una jornada complicada, donde la Ciudad de Buenos Aires pudo convivir como tantas otras localidades del interior del país con la acción de fuertes agroquímicos

Luego con la torrencial lluvia y el accidente de la Diputada Donda, autora del proyecto, atropellada por un auto a pocas cuadras del Congreso (lesiones leves en la pierna, por suerte sólo un susto y moretones). Entre estos y tantos otros sucesos, como la ampliación de la cautelar a Clarín por la Ley de Medios, se presentó este proyecto de ley.

Acompañaron a Donda en la presentación la diputada María Luisa Storani, y representantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida y del Foro por los Derechos de la Niñez de Berazategui, de la Red de Vecinos por la Vida y Fundación FUNEAT de Carlos Paz, de Vecinos Autoconvocados de Malvinas Argentinas y de Barrio Los Naranjos de Jujuy.

Además de su autora, el proyecto 8452-D-12 lleva la firma de las diputadas y diputados Víctor De Genaro, Claudio Lozano, Antonio Riestra, y Graciela Iturraspe de la Unidad Popular; Gerardo Milman y Omar Duclós del GEN; María Luisa Storani, Eduardo Santin y Mario Fiad de la UCR y Horacio Piemonte de la Coalición Cívica-ARI.

Mandaron su adhesión disculpándose por no haber podido estar presentes los diputados Fiad, De Genaro y Piemonte; el concejal de Vicente López por el FAP Carlos Roberto, del Area de Defensa de Consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bs As, Raúl Montenegro de la FUNAM, la Asamblea Sol y Río de Pie, Sol y Río en Lucha, y el Centro Vecinal de Villa Independencia de Carlos Paz, de la Comisión Provincial por la Memoria de Bs As, de la CICOP, de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud de Argentina y de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Berazategui.

Adhieren al proyecto el Programa de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, el Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires.

Acercamos a continuación una síntesis del proyecto y del proceso:

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCIÓN A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE BAJA FRECUENCIA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

La iniciativa del proyecto surgió de Vecinos de Berazategui, que a pesar de haber sido reprimidos en reiteradas oportunidades, se pusieron al hombro la responsabilidad de pensar qué medidas tendrían que llevar adelante las autoridades para frenar las enfermedades que provocan estas obras.

En la audiencia pública convocada por la diputada conjuntamente con la Asamblea de Berazategui en el Congreso de la Nación en junio pasado, pudimos conocer otros casos parecidos a las estaciones Sobral (Quilmes) o Rigolleau (Berazategui): en Vicente López, Ituzaingó, Moreno, también en Misiones y Carlos Paz. Luego se sumaron José C.Paz, Jujuy, Tucumán. En Jujuy además con la represión de la policía.

En la Ciudad de Buenos Aires hay pequeñas estaciones transformadoras dentro de los patios de algunas escuelas. Hay dos casos iniciados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, uno de ellos con fallo a favor de la justicia para que EDESUR y el gobierno retiren esos equipos.

El proyecto propone resolver el vacío normativo que existe entre los requisitos técnicos pautados para la construcción y funcionamiento de estaciones eléctricas y cables de media y alta tensión, y medidas sanitarias y ambientales que protejan a la población y viviendas lindantes.

Plantea el pedido principal de los reclamos de las asambleas de vecinos: que estas obras que transforman 132.000 a 13.200 voltios (de alta a media tensión) o 13.000 voltios a 220 (de media a baja tensión, lo que llega a cada una de nuestras casas), no pueden construirse en zonas pobladas, ni pegadas a viviendas, escuelas, centros de salud o lugares de uso permanente de ancianos y niños. En caso de las ya instaladas, deben adecuarse para reducir al mínimo los riesgos previstos.

Plantea la realización de estudios sanitarios y una medición permanente de las emisiones de los campos electromagnéticos en viviendas lindantes a estaciones y cableado eléctrico, por profesionales y académicos que no reciban fondos de las empresas del sector, con la supervisión de los propios vecinos y sectores involucrados.

La zona metropolitana actualmente enfrenta una situación difícil con las empresas eléctricas, hay una crisis profundizada luego de la privatización en los 90. Hay muchísimos incumplimientos con cortes de luz, accidentes, falta de inversión, el caso de EDESUR en estos días de mucho calor sirve de ejemplo. Hay una complicidad y una connivencia muy grande por parte de los organismos de control.

Por eso el proyecto plantea mecanismos de participación de la población afectada y las organizaciones en el procedimiento de habilitación y la puesta en marcha de las obras.

Hay un debate muy grande en el mundo sobre el efecto en la salud que provocan estas instalaciones, a partir de los campos electromagnéticos que emiten. La Organización Mundial de la Salud, aún desde una mirada bastante conservadora de muchas investigaciones realizadas desde hace años, los ha clasificado como posible cancerígenos, especialmente atendiendo estudios de leucemia en población infantil.

No existe en nuestro país ninguna norma a nivel nacional que regule desde un punto de vista sanitario o ambiental este tipo de obras. Nadie puede discutir que si una estación de alta tensión de 135.000 voltios está rodeada de casas de familia, escuelas o salas de salud no habrá impacto ambiental.

Sólo hay resoluciones del Ente que regula el servicio eléctrico a nivel nacional, el ENRE, que plantean requisitos cada vez más laxos para la habilitación de obra y límites de emisiones bastante altos, fijados en la resolución 77/98.

Muchas de las estaciones que funcionan en el país han sido construidas hace décadas, en zonas alejadas. Con el correr de los años se han urbanizado y hoy están rodeadas de viviendas. En los últimos años, con el aumento de la demanda, las empresas han optado por aumentar la potencia de muchas de las obras (cableado y estaciones) ya instaladas, en lugar de instalar nuevas en lugares alejados.

Los conflictos que hoy vemos en distintas localidades son el resultado inmediato de estas políticas. Empiezan a hacerse visibles las consecuencias en la salud de esta gente que vive pegada a las obras: más de 170 fallecidos por cáncer alrededor de la estación y cableado de Sobral en Quilmes, otro tanto en B° Malvinas Argentinas en Jujuy, casos donde se han hecho relevamientos sanitarios.

La “falta de certezas” que haya una relación directa entre estas obras y las enfermedades, tal como lo señala nuestra Ley General de Ambiente, “no deberá utilizarse como razón para postergar medidas eficaces en función de los costos económicos”. Por eso el proyecto establece límites razonables de emisión (estudios internacionales ya indican posibilidad de leucemia infantil por encima de esas cifras) y la realización de relevamientos sanitarios y mediciones en todas estas obras en funcionamiento.

No existen muchos antecedentes en la región de este tipo de legislación, seguramente el proyecto tendrá muchos aspectos que ajustar y corregir, pero es ante todo un instrumento para dar el debate en la sociedad, en los ámbitos de gobierno y en los académicos sobre la necesidad de dar respuestas a los reclamos de la población en este tema. Hay funcionarios que defienden a muerte una resolución de hace 12 años, y no tienen respuesta idónea a los casos de enfermos y fallecidos que les pone la gente sobre la mesa. Hacen falta profesionales y funcionarios más comprometidos con su pueblo y menos con las empresas.

Ver texto completo de la ley:

http://recursosnaturales.org.ar/?p=915