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La presión impositiva que sufren los trabajadores

La política tributaria del Gobierno nacional altera, con sus acciones, los principios de equidad y de capacidad contributiva a los que adhiere nuestra Constitución.

Al mismo tiempo que se pone en funcionamiento el “blanqueo” impulsado por el Gobierno nacional, miles de trabajadores registrados cobrarán su medio aguinaldo. Y, pese a los anuncios realizados por dirigentes gremiales afines a la Nación, finalmente no se excluirá al medio salario anual complementario del pago del Impuesto a las Ganancias.

El último cambio en ese gravamen se realizó el pasado mes de enero, cuando la Presidenta anunció un ajuste de lo que se conoce como “mínimo no imponible” (MNI) de un 20 por ciento, que en realidad fue de casi 17 por ciento, ya que no comenzó a regir en enero sino a partir de marzo.

En dicho anuncio se aseveró que la medida implicaría la disminución de la cantidad de trabajadores que son alcanzados por el impuesto. En concreto, se produjo una disminución de un siete por ciento: se pasó de un 25 por ciento a un 18 por ciento de trabajadores registrados que deben pagar Ganancias.

Ya advertimos, en su momento, que además de ser insuficiente, la medida tendría patas cortas. Cuando todavía no se cumplieron seis meses desde el anuncio, con un aumento salarial promedio del 24 por ciento alcanzado en las negociaciones colectivas, la cantidad de trabajadores registrados que pagarán por Ganancias llega al 35 por ciento, 10 por ciento más que en diciembre pasado y ¡10 veces más que en la década menemista!

Esto es así producto de que en los últimos tres años la inflación y el aumento de los salarios rondaron el 75 por ciento, mientras que el ajuste del MNI sólo fue del 17 por ciento, con una diferencia acumulada del 58 por ciento.

Retrasos. Esto se agrava, además, porque no se actualizaron las escalas del artículo 90 (que lleva 13 años de retraso). Con dicha conducta omisiva, se viola la obligación jurídica de actualizar cada año las escalas, que la misma ley impositiva le impone al Estado nacional.

El retraso en las escalas, a diciembre de 2012, es del 488 por ciento, lo que equivale a negarles a los trabajadores registrados el derecho al ajuste por inflación.

Toda esta combinación de desaciertos impositivos provoca que los asalariados sufran una presión impositiva inusitada. Si tenemos en cuenta el hecho de que los trabajadores y sus familias son consumidores finales, y por tanto pagan un IVA del 21 por ciento sobre todo lo que consumen; que también realizan aportes personales a la seguridad social que alcanzan a un 17 por ciento de su salario, y que además son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, concluimos que un asalariado con 15 años de antigüedad soporta una presión tributaria por parte del Estado nacional superior al 40 por ciento, más de lo que paga una empresa multinacional sobre sus utilidades (35 por ciento) y muchísimo mas de lo que pagarán los que 
se adhieran al blanqueo (cero por ciento).

La política tributaria del Gobierno nacional altera, con sus acciones, los principios de equidad y de capacidad contributiva a los que adhiere nuestra Constitución Nacional y por los cuales deben pagar más impuestos quienes poseen mayor capacidad contributiva; esto es, quienes más riqueza poseen.

Más allá de los discursos, una política tributaria que premia a los evasores con un blanqueo por el cual no pagarán impuestos, y en paralelo le confisca una parte importante del salario a una porción cada día mayor de trabajadores registrados, no tiene precisamente un perfil “progresista”. Lo que estamos viviendo no es otra cosa que la construcción de un Estado débil y generoso con los poderosos, y fuerte e insaciable con los más débiles.

Es por ello que dicha situación aumenta la inquietud entre los trabajadores, que perciben “salarios” y no “ganancias”, y que mes a mes sienten en sus recibos de sueldo el aumento de este “impuesto” confiscatorio, mientras observan por otro lado los beneficios que el “blanqueo” les brinda a los empresarios que sí obtienen “ganancias” y que evadieron sus impuestos.

Sin correcciones a la política tributaria, se acumularán todavía más tensiones.

*Abogado, autor de “El salario no es ganancia”