La obstinada idea de un país con Justicia Social

EL modelo laboral que comenzó a desmantelar la dictadura se forjó en el primer peronismo; fue allí donde se formalizaron las relaciones laborales y con ello la adquisición por parte de los trabajadores de numerosos derechos. En el marco de un momento expansivo del MSI los trabajadores argentinos se convirtieron en el principal actor de la vida política nacional, construyendo un Estado que tenía como objetivo fijar las reglas en las que se debía desarrollar las relaciones laborales y asumía como misión la construcción de una sociedad “socialmente justa”.

El MSI se basaba  en expandir la demanda interna, promoviendo pleno empleo con trabajo registrado,  y como contrapartida poner un límite al capital entendiendo por tal que “debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”.(Constitución Nacional 1949)

Estas decisiones públicas configuraron un mundo laboral con sindicatos fuertes, negociación colectiva y altos salarios. En el centro de la relación laboral se ubicó “la estabilidad en el empleo” y como consecuencia de ello muchos trabajadores ingresaban a trabajar a una fábrica y se iban de ella recién cuando se jubilaban.

Los cambios producidos en este período se mantuvieron luego de la caída del gobierno peronista en 1955. En la Constitución Nacional del 57, que derogó la constitución peronista,  se incorporó el art. 14 bis que comienza estableciendo: “el trabajo en todas sus formas gozará de las protección de la leyes”.

De manera similar a lo que sucedía en los “Estados de Bienestar” europeos se hablaba de “ciudadanía laboral” para mencionar el conjunto de derechos que protegían a los trabajadores y sus familias. En términos de análisis sociológico se definía como “homogeneidad estructural” al mundo del trabajo en nuestro país, donde el imperativo del pleno empleo y sindicatos fuertes hacían que los trabajadores tuvieran un nivel de vida similar. En esta etapa, que duro hasta el año 75, el desempleo y el trabajo no registrado estaban confinados a los sectores no competitivos o marginales de la economía.

La Argentina transcurrió los veinte años posteriores atravesados por la lucha entre quienes querían enterrar definitivamente dicho modelo y entre quienes lo defendían. Fue la dictadura militar la que rompió el equilibrio de fuerzas; y con ella las elites económicas y políticas se aprestaron a llevar el país a un nuevo tipo de liberalismo. Con ello delinearon un nuevo mundo del trabajo que se convirtió, junto con la deuda externa, en una pesada herencia para los futuros gobiernos democráticos.

 

 

 

Luego de esta introducción debemos decir que la primera década de democracia transcurrió en dos sentidos: el primero en la recuperación de vida democrática con la correspondiente normalización de los sindicatos. Se destaca un renacer del activismo sindical, con elección de delegados y la incorporación de muchos trabajadores jóvenes que fueron los verdaderos protagonistas de la primavera democrática. Pero en los centros de trabajo crecía ahora un “miedo” de nuevo tipo crecido al calor de los planes económicos de Martínez de Hoz: era el miedo a perder el empleo.

El segundo sentido fue la profundización de la crisis del Estado que culminó con la llegada de la hiperinflación de finales de la década donde se produjeron despidos masivos, y aumento de manera exponencial del desempleo y la pobreza. Ese fue el marco social para que en la década del 90 se implementara el modelo neoliberal sin que en sus inicios produjera grandes resistencias.

 

 

A diferencia de lo que muchos creen, el proyecto neoliberal no tuvo como objetivo retrotraer las relaciones laborales a 1910 o a los tiempos posteriores a la gran depresión, por el contrario, su proyecto social es mucho más sofisticado, y si bien persigue una apertura económica indiscriminada y la búsqueda de maximizar las ganancias del capital, dichos objetivos se logran dentro de una nueva manera de estructurar el mundo del trabajo.

Pasada la hiperinflación el saldo fue el debilitamiento de las organizaciones gremiales y la consolidación entre la clase trabajadora de una profunda división: los que tienen trabajo pero tienen miedo a perderlo y los que no poseen empleo y no tienen posibilidad de enco
ntrarlo. Luego de los inicios de la convertibilidad el desempleo vuelve a crecer, superando al final de la década el veinte por ciento de la fuerza de trabajo. Paralelamente aumenta el trabajo no registrado, dejando de ser marginal para convertirse en el 50% entre los jóvenes que obtienen su primer empleo.

También se atacó la estabilidad del empleo en el sector público mediante las privatizaciones. Fue el momento de los “retiros voluntarios” a cargo del estado para que las empresas de servicios públicos, ahora privatizadas, pudieran precarizar las condiciones de trabajo. Los 90 fueron también el inicio del proceso de cambio de las leyes laborales para adaptarlas al nuevo contexto. Se privatizaron los fondos de la seguridad social con el régimen de AFJP y se impulsó desde el Estado un régimen de contrato de trabajo que facilitaba la subcontratación y tercerización. Se sancionó la nueva ley de riesgos del trabajo que implicó un fenomenal retroceso en los derechos de los trabajadores. Al final de esta década De la Rua impulso la ley “Banelco” para aumentar el período de prueba de tres a seis meses, consolidando los trabajos de “alta rotación” en donde los jóvenes son los más perjudicados.

Como corolario, el neoliberalismo logró ubicar la “inestabilidad en el empleo” en el corazón de la relación laboral y el mundo del trabajo había perdido la “homogeneidad estructural” que lo caracterizaba en la década del 70. Con el avance del desempleo, del trabajo no registrado,  la precarización laboral y bajos salarios se consolidó un modelo de fragmentación de la clase trabajadora que  en términos sociológicos se denomina “heterogeneidad estructural”.

 

 

La década iniciada en el año 2003, se caracterizó por una alta creación de empleos sostenida por un tipo de cambio retrasado y el aprovechamiento del capital instalado que permanecía ocioso. La recuperación logro en solo cuatro años (2003-2007) la creación de 4 millones de puestos de trabajo, decayendo el ritmo de creación de empleo luego de dicho período hasta estancarse en el año 2010.

Con el aumento de la ocupación, aumento la capacidad negociadora de los sindicatos y mejoraron todos los índices sociales, destacándose el aumento de los salarios, que durante el periodo 2003-2009 crecieron por sobre la inflación, equilibrándose durante 2010-2011 y retrocediendo en el bienio 2012-2013.

Pero es respecto de la calidad del trabajo donde surgen las mayores críticas, ya que la “heterogeneidad estructural” heredada de los 90 no cambió. En la actualidad el desempleo se ubica en el 15% (si se cuentan los beneficiarios de planes sociales) y el trabajo no registrado asciende al 32% según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Poco mas de la mitad de los trabajadores se encuentran registrados aunque muchos de ellos, sobretodo los mas jóvenes, tienen trabajo precarios, con bajos salarios y donde los despiden al concluir el periodo de prueba o antes de sumar un año de antigüedad.  Solo el 35 % de los trabajadores puede ejercer plenamente su “ciudadanía laboral”.

El peso de la magnitud del trabajo no registrado y precarizado incide de manera determinante en muchos sentidos: uno de ellos es la fragmentación de la clase trabajadora en cuanto colectivo social, en tanto que hace real la amenaza a perder el empleo, generando un miedo que paraliza y quiebra el ánimo del colectivo. De esta manera se debilitan las organizaciones sindicales y se condiciona a la baja la negociación salarial tanto de los trabajadores registrados como de los no registrados. También los debilita a la hora de exigir y controlar las condiciones seguridad e higiene en el trabajo, siendo ello una de las causas de aumento en los accidentes laborales.

Dicha situación de precariedad hace que el daño social sea inmenso porque el trabajo deja de ser para los jóvenes de los sectores populares un camino válido, asociado al progreso social e individual y se lo vincula a una mala paga y pocos derechos, con el riesgo de despido siempre latente.

Esa es una de las razones por la cual es cada vez mas importante en los sectores populares la ayuda estatal mediante la transferencia de ingresos producida por los planes sociales asistenciales como la AUH o el PROGRESAR. Lo que denota una diferencia sustancial respecto del Modelo de Sustitución de Importaciones (1945-1975). Mientras éste distribuía la riqueza incorporando masivamente trabajadores al mercado formal y construyendo una “homogeneidad estructural” del mismo, el modelo actual (2003-2013) mantiene la matriz neoliberal en el mercado de trabajo, con alto empleo no registrado y precarizado, paliando la situación de exclusión y pobreza con los planes asistenciales,  profundizando así la “heterogeneidad estructural” mencionada.

Cambiar la matriz neoliberal que domina el mercado de trabajo es sin dudas la asignatura pendiente de estos 30 años de democracia que tienen los trabajadores argentinos. Para lograrlo hay que hacer extensiva de manera efectiva la tutela de los derechos laborales a la mitad de los trabajadores que hoy carecen de ella. El Estado debe imponer nuevamente las condiciones para generar empleo registrado, con buenos salarios, con acceso a la seguridad social y con estabilidad. El desafío es grande pero no imposible, ya que aún persiste en la memoria colectiva la obstinada idea de un país con justicia social.