La desigualdad como insumo del narcotráfico. Por Damián G. Farah
Capitalismo legal o ilegal
En los negocios que se llevan a cabo en el marco de la normativa establecida, los desequilibrios tanto positivos como negativos, producidos por el mercado o por cualquier tipo de regulación, se ajustan en términos generales a través de la variación de los factores de producción, tierra (locaciones, edificios, sucursales), trabajo (mano de obra calificada o no), capital (inversiones financieras o capital acumulado) y conocimiento (desarrollos o benchmarking).
Asimismo, en los casos donde esos desequilibrios tienen un origen por fuera del marco legal, toma intervención el Estado impartiendo justicia y reestableciendo de alguna manera el equilibrio, para que todos los actores se sientan contenidos en ese marco consensuado socialmente. Tanto la generación del marco legal como la contención o no de los actores económicos, genera consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales.
En el caso de los negocios que se realizan por fuera del marco legal establecido, como el narcotráfico, los desequilibrios tanto positivos como negativos, también se ajustan a través de los factores de producción antes mencionados; la diferencia radica en que el marco de ilegalidad mencionado, hace que el Estado intervenga desde un lugar represivo, desatando un nivel de violencia y alta conflictividad que se traduce a estamentos político-sociales, culturales y económicos y desde los cuales retroalimenta una violencia que es propia de la ilegalidad.
La instalación de los negocios ilegales como el narcotráfico, su desarrollo y masificación, constituyen una paradoja que resulta de difícil explicación desde la perspectiva de una variable. La multidimensionalidad del problema nos lleva a buscar interrelaciones con factores exógenos al negocio, pero que al mismo tiempo son facilitadores de la expansión del mismo. Ellos son la desigualdad, el nivel educativo en relación a la calidad de la enseñanza y el índice de desempleo, entre otros muchos. Asimismo, la tasa de crímenes cometidos anualmente es un indicador del nivel de violencia que es posible explicar como consecuencia de lo antedicho.
La desigualdad por región
El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que entre 1990 y 2010 la desigualdad de ingresos aumentó un 9% en los países de altos ingresos y un 11% en los que se denominan “en vías de desarrollo”. La desigualdad monetaria es medida tradicionalmente a través del coeficiente de Gini (0% es perfecta igualdad y 100% es perfecta desigualdad). En este caso, luego de analizar los índices de Gini de 127 países, es posible establecer promedios por región, siendo Europa (del este y oeste) el continente con menor desigualdad (31,7 entre ambas), mientras que América Latina promedia un 49, 2 %.
La mayor parte de los gobiernos ven la problemática desde la perspectiva de la pobreza y trabajan la creación de programas para reducirla o mitigarla a través de programas de asistencia alimentaria o económica, cuando en realidad la pobreza es una consecuencia de la desigualdad como factor de desequilibrio social.
La desigualdad es más compleja para su comprensión y lleva más tiempo la generación de propuestas para reducirla o establecer resultados mensurables respecto de su reducción, y no genera beneficios electorales para la política en el corto plazo, porque es un factor cuya modificación es de carácter estratégico.
Desigualdad, producción y consumo
Latinoamérica es la región más desigual del planeta, pero asimismo, es también donde se concentra, según datos de la UNDOC (Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga), el 60% de la producción y los mayores niveles de consumo. México, Bolivia y Colombia lideran en cuanto al cultivo y procesamiento de drogas, mientras que Argentina (2.8%) es número uno a nivel mundial junto con España, en porcentual de consumo respecto de su población.
Para profundizar el análisis, tomamos las variables que precedentemente enunciamos (indice Gini, Nivel educativo, Empleo, tasa de crímenes) y las conjugamos con la tasa de consumo de cocaína para establecer una interrelación entre las mismas.
De los cuadros precedentes se desprende, que el país con mayor nivel de desocupación y subocupación, es el de mayor nivel de crímenes. Asimismo, el país que muestra una tendencia a la baja en el nivel educativo es el que más cocaína per cápita consume y el país donde se muestra el mayor incremento de desocupación es el que muestra una tendencia creciente en cuanto a la cantidad de crímenes cometidos.
Es notable la poca diferencia que había en los índices de Gini de los tres países entre los años 2000 y 2005. Dicho índice fue incrementando su brecha entre las naciones analizadas a partir de ese período y de forma muy generalizada (porque habría que incluir otras variables adicionales), puede explicar el bajo consumo de cocaína en países que son grandes productores. Esto se debe a la concentración de riqueza y la masificación de los niveles de pobreza de México y Colombia, mientras que en Argentina hubo un período de mayor distribución de ingresos, que no afectó la tasa de pobreza ni la de desigualdad de manera significativa, pero permitió a los sectores sociales más bajos acceder al consumo de bienes y servicios no durables, entre ellos los ilegales como cocaína, marihuana, paco, drogas sintéticas, etc.
Pobreza cero
Los programas generados a nivel gubernamental, destinados a paliar situaciones de crisis alimentaria y de ingresos, son todos de corto plazo, generan beneficios electorales a 2 y 4 años, pero en ningún caso reducen los factores que generan la desigualdad.
Los planes sociales, las cajas de alimentos y los subsidios dinerarios, tienen razón de ser en períodos de crisis agudas, pero se transforman en un factor de clientelismo político cuando se prolongan en el tiempo y producen una verdadera cultura de la marginalidad (lenguaje, música, lecturas, moda, pandillas, etc), la cual una vez instalada, propicia la inserción de la población de menor edad y mayor riesgo social en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor del narcotráfico.
La ausencia de capitalismo (entendido como la contención de masas de población en el sistema de producción, acumulación, transacción, administración e intercambio de bienes y servicios), explica el ingreso del narcotráfico como reemplazo. Pero la desigualdad, explica la predisposición de la mano de obra “marginada” para formar parte del negocio y del consumo.
La falta de igualdad de oportunidades, incrementa las diferencias económico-socio-político-culturales de origen. Situación frente a la cual el Estado responde solo parcialmente, transformándose implícita o explícitamente en cómplice del desarrollo de los negocios producidos en el marco de la ilegalidad, aportando al incremento de la violencia como factor de equilibrio, tal como explicitamos al comienzo del análisis.
El gasto en seguridad
En el contexto de lo analizado, la seguridad como política pública, juega un rol ambiguo. Mientras las fuerzas policiales y/o represivas de los negocios de marco ilegal, con el transcurso del tiempo y los procesos de ajuste económico llevados a cabo por los distintos gobiernos, se transforman en fuerzas genéticamente corruptas, su acción represiva produce efectos de corto plazo, pero no modifica la matriz de causas que propician la producción y el consumo de drogas, así como tampoco la corrupción policial.
Un país puede destinar la mitad de todo su presupuesto al “combate al narcotráfico”, pero si no ataca los verdaderos factores que generan la desigualdad, jamás podrá cambiar la realidad. Esto es así, porque al mismo tiempo en el que se puede incrementar la compra de armas y el reclutamiento de efectivos, crecen las organizaciones delictivas que en base al crecimiento económico del narcotráfico, se encuentran en condiciones de “comprar” voluntades, callarlas, disponer de pandillas que patrullen zonas y hasta financiar candidatos a distintos estamentos del Estado Nacional, quienes luego de acceder al gobierno, “no pondrán el mayor énfasis en combatir lo ilegal”.
En nuestro país, las zonas más vulnerables son espacios donde existe una seguridad paralela a la que brinda el Estado. Con similares características a los servicios de seguridad que se brindan en las zonas de mayor poder adquisitivo, en las zonas más pobres, el narcotráfico brinda un servicio de seguridad paralelo, que se alimenta del “silencio” de los vecinos a quienes el negocio ilegal beneficia con acceso a servicios como iluminación, cloacas, etc. o inclusive con la posibilidad de brindar “empleos” como empaquetadores, distribuidores, seguridad, etc.
En la convivencia institucionalizada del Estado y el capitalismo con el narcotráfico y el narcocapitalismo, se juegan el financiamiento los negocios derivados como la venta de armas cuyos ingresos crecen a través del incremento del gasto en seguridad ciudadana por un lado y la seguridad de la ilegalidad por el otro. Asimismo, la inversión en campañas de dirigentes políticos (en Argentina es cada vez más frecuente), a través de redes financieras de lavado y la corrupción policial, constituyen actores de un nuevo sistema integral y paralelo del cual solo estamos viendo el principio.
El problema no se reduce a la intervención de una fuerza u otra, a la cantidad de balas o los planes de reducción de la pobreza. El narcotráfico es un problema mucho más importante y complejo, al cual no se le da la trascendencia que requiere, ni se ponen a disposición los especialistas transdisciplinarios que la realidad demanda.
Publicado en: http://ar.bastiondigital.com/notas/la-desigualdad-como-insumo-del-narcotrafico
