La Defensoría del Pueblo realizó una actividad sobre el derecho a la protesta

Frente al endurecimiento del accionar de las Fuerzas de Seguridad del Estado, durante las últimas manifestaciones, el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo recibió los reclamos de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

También presentó la “Guía del derecho a la protesta” de normativas nacionales e internacionales, recursos y recomendaciones que los ciudadanos y ciudadanas deben tener conocimiento que se adjunta en el mail. La misma se llevó adelante con otros sectores de la Defensoría, diputadas nacionales, organismos de DDHH y organizaciones sociales.
Integraron el panel de debate: Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad, Victoria Donda, y Lucila de Ponti, Diputadas Nacionales, el CELS, la APDH, Daniel Menéndez, Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie, Gabriel Fuks, defensor adjunto, Roberto Baigorria, titular del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría CABA, entre otros.

El Defensor Alejandro Amor, refiriéndose a los graves hechos sucedidos en las últimas manifestaciones, afirmó: "La Defensoría cuenta con un equipo de observadores de manifestaciones y protestas sociales cuya actuación se rige por las Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas Sociales elaboradas por la Oficina Regional de las Naciones Unidas, en conjunto con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo de la región. A partir de ella, tenemos el mandato de observar las manifestaciones y protestas, constatando el respeto al ejercicio de los derechos esenciales que allí convergen y elaborar un reporte descriptivo que detalle lo acontecido. La Defensoría va a estar en las calles en cada una de las marchas, así como también en los barrios más humildes de la Ciudad como sucedió con los desalojos forzados en la Villa 31". También ratificó su compromiso con el ejercicio de la protesta pacífica que "antecede a la propia república".

El titular del Consejo de Organizaciones Sociales Defensoría del Pueblo CABA, Roberto Baigorria explicó que "el derecho a la protesta es una garantía de la que gozamos en nuestra democracia, si la protesta social no se garantiza sino que por el contrario se obstaculizan las libertades, considerando los niveles actuales de pobreza y desigualdad, estaríamos pasando a otro tipo de régimen político, no podemos permitir más muertos ni detenidos injustificados durante las manifestaciones. Por eso hemos realizado este manual, para que todo argentino y argentina sepa cómo defenderse frente al accionar, muchas veces ilegal, de las fuerzas de seguridad".

En su momento, el Defensor adjunto, Gabriel Fuks, expresó, "Desde el 8M del año pasado la movilización social está atravesando un difícil proceso". Y resaltó que "un año después de aprobada en la Legislatura una Nueva Ley De Seguridad, hay que tener bien en cuenta los artículos 99 y 100 que resguardan el derecho a manifestarse de la población y cuál debe ser el rol de las Fuerzas de seguridad para garantizar el ejercicio de ese derecho en la vía pública". Fuks destacó, haciendo referencia a los hechos de diciembre que "la resolución de la jueza López Vergara constituyó un llamado para hacer cumplir dicha ley, que ordena, cómo debe ser el accionar de la Policía de la Ciudad; esta resolución, de ninguna manera puede considerarse un obstáculo, como quiso presentarse". También exigió la designación del Defensor Policial, y foros de Participación Ciudadana reales.

La Diputada Nacional Victoria Donda Pérez, recalcó que “los trabajadores de la Defensoría estén controlando a la policía en las marchas nos deja mucho más tranquilos y me pone contenta que lo hagan, ya que, en la manifestaciones de diciembre por ir a preguntar solamente quién estaba a cargo del operativo, nos respondieron con perros y patadas en las piernas. Si queremos lograr un cambio de fondo tenemos que seguir estando en las calles y la policía debe velar por la seguridad de todos los ciudadanos mientras se manifiestan, y no al revés”.

La también Diputada Nacional, Lucila De Ponti dijo: "Quiero resaltar la importancia de este espacio que brinda la Defensoría del Pueblo. Tenemos que consolidar la relación de las organizaciones sociales con las instituciones, pero de ninguna manera renunciar a la presencia en las calles, que es una herramienta de lucha de la que hace tiempo nos hemos apropiado".

Daniel Pavlovsky, miembro de la APDH, afirmó “Hay fallos donde la protesta social se describe como sedición. ¿Cómo puede ser sedición la manifestación del pueblo? El 14 de diciembre ocurrieron hechos que no debieran haber ocurrido, y menos desde el Estado, este debe conservar la integridad de sus ciudadanos".

También hizo uso de la palabra Pablo Ferreyra, asesor del Defensor adjunto Gabriel Fuks, quien opinó que "antes, durante y después de las marchas tiene que haber un protocolo de acción de las Fuerzas de Seguridad. Hoy diferentes colectivos sufren la represión policial: las trabajadoras sexuales, los manteros, los trabajadores de la economía popular. Los manifestantes tienen que saber defender sus derechos en la calle y saber que desde la Defensoría estamos para acompañarlos".

En relación a la actualidad de los movimientos sociales, Daniel Menendez explicó que "luego de las manifestaciones, el Ministerio de Desarrollo Social bajó el presupuesto otorgado a los programas que integran las organizaciones de la economía popular, la protesta no puede traer como resultado persecuciones o vueltos, sino, espacios de diálogo para los reclamos".

Raquel Vivanco de Mumalá afirmó "Luego de la represión del #8M las mujeres y el movimiento feminista demostramos que somos un actor víctima de la protesta y foco de la represión policial, según relevamos en el Índice Nacional de Femicidios el año pasado, el 8% de los mismos fueron realizados por las fuerzas de seguridad".

A su turno, Nicolas Tauber, abogado e integrante de Liber pueblo, valorizó el espacio de intercambio y la posibilidad de "contar con esta red de defensa de derechos" y resalto las "dificultades que tienen los organismo y letrados para realizar su labor, cuando incluso se le niega en las comisarias la posibilidad de ver a los detenido y constatar condiciones de detención".

Las organizaciones sociales, fueron escuchadas por las autoridades de la Defensoría. Desde el MTE relataron que “la violencia institucional también se expresa todos los días en los barrios más humildes: hay casos como el de Camila, en Junín, que estaba maniatada, los autos de la policía frenaron en la entrada y taparon el ingreso de la ambulancia y cuando esta logró entrar, ella ya estaba muerta”.

Los representantes de Ni Un Pibe Menos por la Droga afirmaron que "Los problemas no aparecen como mucho en las desconcentraciones, sino, también, surgen luego de esta: Tuvimos casos de detenciones de jóvenes y adolescentes cuando se estaban por tomar el tren".

Desde el Frente Popular Darío Santillán, Dina Sanchez, expresó: "Están persiguiendo a los jóvenes en los barrios y en las marchas, no vamos a dejar las calles, por eso el derecho a la protesta debe ser promovido, protegido y garantizado por el Estado. En el barrio a los jóvenes nos piden todos los días el DNI, nos ofrecen droga, hay una persecución de la juventud”.

También participaron: María Rachid, del Instituto contra la Discriminación, Florencia Kravetz, Conducción Ejecutiva de DDHH y Seguridad, Laura Velasco, coordinadora de Proyectos Especiales del Consejo Económico y Social de la CABA, por la Coordinadora Argentina de DD.HH. se hizo presente Cintia Monaco; Nahuel Berguier, Campaña Nacional contra la VIolencia Institucional, Victoria Darraidou del CELS, y referentes de las Organizaciones Sociales: Juan MartÍn Ardura del Movimiento Evita, José Pepe Peralta , secretario general de la CTA-A, Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán, Luciano Nardulli, de la CCC, Jaqueline Flores del MTE y Walter Córdoba de Barrios de pie.

Para finalizar la Defensoría repartió “Las Guías del Derecho a la Protesta” que describen diferentes recomendaciones y derechos que toda persona debe conocer a la hora de manifestarse; y se comprometió a redoblar su compromiso durante las manifestaciones públicas y garantizar el derecho a la protesta, que como afirmó Baigorria es la condición fundamental de la Democracia.

 

 

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