Intervenciones de las diputadas Donda y Parada

Intervenciòn de la diputada Victoria Donda sobre la ley Antiterrorista.
A continuación la intervenciòn de la diputada Liliana Parada
Se adjunta votación nominal de los diputados

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires. La señora diputada Donda Pérez comparte el tiempo con la señora diputada Parada.

Sra. Donda Pérez.- Señora presidenta: en nombre del interbloque del Frente Amplio Progresista queremos adelantar nuestro enérgico voto negativo, nuestro enérgico rechazo a las normas que se han puesto en tratamiento en esta oportunidad de una forma tan inusitadamente rápida y apresurada.

          El proyecto que está impulsando el oficialismo es de una gravedad que llama la atención y nos obliga a reflexionar como legisladores. Si este Congreso Nacional llegase a aprobar estas normas, estaríamos agravando aún más las condiciones de aquellos luchadores sociales que en estos momentos se encuentran detenidos  por el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.

          Estos proyectos están siendo impulsados por el bloque oficialista, que responde a un gobierno nacional que dice respetar los derechos humanos.  Sin embargo, según se desprende de estos proyectos ese respeto a los derechos humanos queda atrás y no se puede verificar.

          La ley que se sancione tendrá un nulo efecto disuasorio para quienes quieran cometer verdaderos actos de terrorismo, actos que la Argentina ha sufrido. Lamentablemente tenemos muy frescos en la memoria los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, actos que por otra parte han quedado impunes, y no por falta de normas sino por falta de decisión política de que sean realmente castigados, que haya juicio y castigo para los responsables de esos atentados terroristas.

          Como bien nos dice Mempo Giardinelli en una nota que aparece en Página 12, este proyecto “…no será otra cosa que una reforma penal que legitimará la criminalización de la protesta. Y eso será así porque el proyecto amplía las figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica con una figura tan determinante y vaga como la de terrorismo”.

          En esto debemos tener presente algunos aspectos que también nos menciona Zaffaroni cuando define “protesta social”, como la herramienta de la sociedad para satisfacer los derechos no garantizados por el aparato estatal.

          La propia presidenta reconoció hace pocos días que la Argentina es un país en el que aún no están satisfechos todos los derechos humanos de los cuales debemos gozar todos los ciudadanos y ciudadanas.

          Zaffaroni sostiene lo siguiente: “La Argentina es una sociedad donde estos derechos no están satisfechos. Esta obligación de no criminalizar la protesta y satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres que viven en este territorio es la obligación de un Estado que quiere respetar los derechos humanos.”

          La respuesta del Estado debe ser, entonces, satisfacer los derechos humanos y no criminalizar la protesta social. Cualquier otro tipo de respuesta es persecutoria de aquellos que se expresan libremente.

          ¿Por qué nos oponemos a este proyecto? A pesar de que el término “terrorismo” ha presentado dificultades de conceptualización a lo largo de la historia, tal como se han referido muchos diputados y diputadas, lo cierto es que podemos acercarnos a una definición consensuada que es aquella contenida en distintas resoluciones de las Naciones Unidas y en la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que remite a actos terroristas y no a un concepto abstracto de terrorismo, como el que se establecía en el primer proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo.

          No está de más observar que se ha hecho algún esfuerzo por ajustar esa definición, pero continúa siendo realmente insuficiente ya que se trata de un tipo penal abierto que consolida en la Justicia la idea de arbitrariedad judicial.

          Yo me pregunto: si este proyecto de ley antiterrorista llega a sancionarse, ¿dónde quedaría Vilma Ripoll que, por ejemplo, en este momento está procesada por cortar una calle? Para muchas personas este acto puede considerarse como atemorizante para la población.

          Si se sanciona esta ley y su aplicación cae en manos de los mismos jueces que condenaron a Emilio Alí, a la docente Marina Schifrin o al concejal Horacio Cepeda  por defender sus derechos, resultaría inaceptable que hoy estemos considerando esta iniciativa aquí porque es una verdadera vergüenza. Lo que deberíamos estar tratando es un proyecto de ley de amnistía para los más de 5 mil luchadores sociales que están detenidos en estos momentos precisamente por exigir sus derechos.

          Párrafo aparte merece la excepción que la misma norma contempla, es decir, aquellas personas que están manifestándose en pos del ejercicio de un derecho social o un derecho humano que, en realidad, quedan exceptuadas de este proyecto. Es superflua esta acotación que hace la norma, porque el ejercicio del reclamo de un derecho social o de un derecho humano en forma generalizada nunca puede constituir un delito.

          Pese a que el proyecto oficial afirma que estas conductas por las que se reclaman el respeto de los derechos humanos van a quedar terminantemente excluidas, Gastón Schiller, director ejecutivo del CELS, se opone a la sanción de esta iniciativa, porque una persona puede ser encarcelada y mucho después probada su inocencia. Prueba de ello tenemos de sobra. Solo voy a mencionar una: las catorce personas que fueron detenidas después de los incidentes en la ciudad de Buenos Aires y que fueron dejadas en libertad tres años después.

          Por supuesto que la inocencia es inútil, porque este tipo de legislación invierte la carga probatoria, que es uno de los pilares de nuestra legislación penal.

          Demás está decir que las normas sancionadas por este Parlamento deben cumplir con las obligaciones a las que nuestro país se ha ceñido, como por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que desde nuestro punto de vista este proyecto claramente vulnera.

          Entre otros derechos y garantías cobra trascendencia el principio de legalidad que en materia penal exige la precisión de la materia punible. Como ya hemos dicho, los tipos penales abiertos sólo invitan a la discrecionalidad en el sistema represivo. Expertos en derecho penal vienen alertando, aún antes de esta reforma, sobre la utilización de ciertos delitos que describen conductas punibles en forma ambigua o que ni siquiera requieren de daños concretos a bien jurídico alguno, todo lo cual es utilizado para la represión de la protesta social.

          Ese panorama se va a complicar aún más con esta reforma
que nos proponen, toda vez que implica un inusitado agravamiento de las penas para todos los delitos previstos en el Código. Ni siquiera se acotó tal agravamiento para los delitos contemplados en el artículo 2º de la Convención Interamericana.

          En lo que respecta a la legalidad, la jurisprudencia internacional lleva tiempo haciendo hincapié en la importancia de este principio. Cabe recordar que fue el propio secretario general de Naciones Unidas quien en el marco de las observaciones hechas a la reunión especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, que se celebró el 6 de marzo de 2003, declaró que dado que el terrorismo entraña un uso calculado de la violencia en la violación de la ley, la respuesta a él debe dirigirse a garantizar el imperio de la ley. Luego agregó que los actos de terrorismo, en particular los que conllevan la pérdida de vidas humanas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, pero la respuesta nunca debe poner en peligro el goce de esos derechos humanos.

          La reforma que nos están proponiendo implica también un grave riesgo para las organizaciones que prestan apoyo a los movimientos sociales. Al respecto, sería importante recordar que en la Argentina no tenemos registro –salvo un caso‑ de personas privadas de su libertad por la comisión del delito de lavado de dinero. Sin embargo, como manifesté al principio de mi exposición, hay más de cinco mil procesados por ejercer la protesta social.

          A continuación quisiera referirme a una nota que escribió Mempo Giardinelli oponiéndose a la sanción de estos dos proyectos. En su nota señala: “Y si es cierto, como sugiere el colega Verbitsky, que esta legislación es  producto de exigencias o presiones del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI), para así calificar a la Argentina como destino seguro para inversiones externas, entonces la cosa es más grave aún.

          “Primero, porque debe rechazarse toda propuesta o reclamo de organismos internacionales que vulnere derechos fundamentales. Y después, porque de este modo los movimientos sociales, que en nuestro país son variadísimos, podrían empezar a ser vinculados con delitos de financiamiento al terrorismo, e incluso las protestas pasarían a ser consideradas acciones terroristas.

          “Mejor no imaginar lo que sería este país si ello sucediese. Por eso, nada mejor harían nuestros legisladores que archivar estos proyectos.”

          Esta nota la dejo a disposición de los señores diputados, porque hoy se han mencionado muchos diarios; en este caso, se trata de una publicación independiente llamada “MU”.

          Lo cierto es que para las organizaciones sociales que luchan por sus derechos esta es una ley de terror, no una ley contra el terrorismo. Reitero que en el país hay cinco mil personas procesadas. Tengo aquí, por si lo quieren ver, el mapa que muestra dónde está cada una de esas personas que pelean por sus derechos humanos, que hoy están detenidas y que van a ser el blanco de estos dos proyectos que pretenden convertir en ley. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dispone de siete minutos.

 

Sra. Parada.- Señora presidenta: en primer lugar lo que quería destacar es la franca crisis que observo en relación a las facultades legislativas que niega el Poder Ejecutivo y esto enmarcado en nuestra Constitución.

          Lo veo en crisis porque el tratamiento en sesiones extraordinarias de una ley de carácter penal es un retroceso, uno de los retrocesos que vengo a marcar y en verdad más allá de otras cuestiones que hoy se plantearon aquí me parece que éste sí es uno de los proyectos que en el caso de sancionarse no sé de qué se van a disfrazar para aplaudirla con la misma vehemencia con que aplaudieron las otras sanciones.

          El bloque oficialista impulsa una ley que, como se ha dicho aquí, habla de aterrorizar.  No hay todavía una definición unívoca en relación al terrorismo a nivel internacional y nosotros siendo más papistas que el papa vamos a decir aterrorizar.  ¿Qué es aterrorizar?  Causar terror.  ¿Y qué es terror?  Un miedo muy intenso.

          Nosotros hoy vamos a dar sanción a una ley por la que aquellas personas que para cometer un presunto delito –los delitos hay que probarlos y uno es procesado con semiplena prueba‑ hayan causado un miedo intenso.  Ese miedo intenso genera el doble del mínimo y el doble del máximo, es el doble de la pena.

          Todos los posibles delitos que tiene nuestro Código Penal van a revestir el carácter de terroristas si se da esa condición de causar miedo.

          Y además se baja la edad de imputabilidad, porque hasta una fiesta de Halloween puede llegar a ser terrorista.

          Después de escuchar al ministro Alak me preguntaba sobre la legislación que encontramos en esta materia y veía que ni Estados Unidos en determinadas materias genera legislación permanente de esta envergadura.

          Cuando la señora presidenta se encontró con el presidente Obama, muy contenta destacó, después de ese encuentro, que él es un amante de la ciencia y de la tecnología y yo también.  Soy la presidenta que creó el Ministerio de Ciencia, hasta ahí todo bien.

          Ahora bien, si a eso le sumamos el tema de seguridad y el compromiso de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, temas emblemáticos para ambos países, creo que la reunión será muy fructífera y muy provechosa para ambos presidentes, pero sobre todo para ambos países.

          En verdad, más emblemático que dos casos únicos que tenemos, donde las causas por las que no son resueltos son de franca inmoralidad, y nada tienen que ver con que nos esté faltando legislación, no ameritan bajo ningún punto de vista que estemos legislando en esta materia, abriendo la caja de Pandora, que es la parte principal del Código Penal, no habiendo dejado los artículos en los que ya se había legislado en la materia y cuyas versiones taquigráficas son tan extensas, con los fundamentos, para haberlo legislado en la parte especial, sostenido por quienes hoy también son legisladores.

          Eso demuestra cómo se puede decir todo esto y todo lo contrario o ninguna de las dos cosas.  Sin embargo la presidenta Rousseff, quien fue la primera a quien visitó Obama en su primera visita oficial, lo que le exigió al presidente Obama fue un tratamiento de igual a igual y le reclamó además de esa relación de iguales, derribar las barreras comerciales.

          Brasil, cuya presidenta estuvo aquí sentada el día de la asunción de nuestra presidenta, no tiene legislación antiterrorista y me parece que no le va nada mal.  Sin embargo ese mismo día la presidenta nos dijo que el derecho de huelga no es chantaje ni extorsión, dejando no sé a título de qué este paralelismo, que
es el que nosotros denunciamos, que abre la puerta a la persecución de la protesta social.

          Yo les pregunto a los miembros del bloque oficialista si para hacer de este proyecto algo nacional y popular, lo van a llamar “terrorismo para todos”, porque este proyecto implica eso.

          Cuando digo “para todos” me refiero muy especialmente a los trabajadores. Más allá de la crítica que hizo la presidenta el día de su asunción en relación con el peronismo y el derecho de huelga,  a ese partido político le debemos el haber forjado un espacio para los trabajadores organizados, y esto es lo que está en franco retroceso.

          El Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores, en el primer semestre de 2011, ha registrado 260 denuncias relacionadas con violaciones de la democracia y la libertad sindical. De ellas, el 60 por ciento son por participación en conflictos, paros y movilizaciones. A su vez, el 60 por ciento del 60 por ciento han sido despedidos por participar en esas movilizaciones.

          Más allá de esta pequeña apostilla, quiero dejar sentado que, en cuanto a si se está violando un derecho constitucional, el general Perón decía que la única verdad es la realidad, y ella está representada por los cinco mil procesados de los que hablaba la diputada Donda Pérez, más los campesinos perseguidos, procesados y desalojados, más los indígenas - que son desalojados porque no se cumple la ley de tierras-, y más una infinidad de organizaciones populares que están siendo perseguidas.

          Esta no es otra cosa más que una ley de terror que, efectivamente, pretende disciplinar a las organizaciones populares y a la sociedad toda. Es una iniciativa de terror. Ténganlo claro: ¡terrorismo para todos! (Aplausos.)