Para opinar y proponer un nuevo marco institucional –y hasta la sindicalización- de las fuerzas de Seguridad, debe hacerse también un análisis del contexto que el país atraviesa, sino aquello puede ser irresponsable.

Soy de la idea de que lo que empezó en Córdoba el 3 de Diciembre pasado con el acuartelamiento de la policía provincial y los saqueos salvajes, no responde a las mismas causas que originaron otros fenómenos sociales similares, como los saqueos y conflicto social del 89` o del 2001. Mientras en 1989 los problemas sociales se dieron como consecuencia de una gran hiperinflación impulsada por los grandes grupos económicos y financieros, en 2001, los saqueos surgieron de una de la crisis del desvastador modelo neoliberal. Esta vez, aunque vivimos un contexto de creciente inflación y altos niveles de pobreza, el conflicto se disparó a partir del rol que las fuerzas de seguridad provinciales, junto con segmentos sociales marginadísimos, cumplen en el negocio de la droga en todo el país, y a partir de la interna abierta en el PJ. Esto quedó en evidencia en el caos que reinó en Córdoba y la impresionante y rápida recomposición salarial obtenida por los policías cordobeses, lo que sirvió para que esta iniciativa prenda velozmente en las policías de las otras provincias.

Pienso que lo que hay que poner en primer plano, es que la pobreza y la indigencia estructural, que se mantiene a pesar del crecimiento del PBI, es base para el innegable incremento de la distribución y el consumo de drogas y el crecimiento del narcotráfico, y para la corrupción policial y de otros funcionarios del Estado. Otro gran dato, es que en septiembre la cúpula de la policía de Córdoba fue relevada por complicidad con el narcotráfico, y que en los saqueos, se vieron proporcionalmente menos habitantes de los barrios pobres buscando alimentos y sí más delincuentes en motos ostentando armas e intimidando a la población. Por lo que es muy válida la sospecha sobre si ésta policía, igual que en el resto del país, no facilitó que sectores vinculados a la droga y el delito participaran activamente en los desmanes, como forma de aumentar la presión para que se les satisfagan sus demandas.

Es que en un país donde los salarios públicos están tan retrasados, los reclamos de aumento de sueldos por parte de las fuerzas de seguridad no son una novedad. Ya el año pasado la Gendarmería se acuarteló también en el Edificio Centinela reclamando lo mismo. Pero la legitimidad que puede tener un reclamo salarial policial, se vio afectado por el método de protesta utilizado que amenaza a toda la sociedad, liberando las ciudades para que delincuentes y oportunistas lleven el miedo y la angustia a los barrios en donde viven argentinos honestos que trabajan todos los días. 

Por otro lado, en estos años nada se hizo en relación a democratizar las fuerzas de seguridad o crear cuerpos especiales para combatir este creciente flagelo y todo eso está muy presente en lo que está ocurriendo aun en estas horas. En este conflicto, el Gobierno nacional se manejó muy mal. Para empezar, mantuvo la costumbre de confrontar con los gobierno provinciales que no le son funcionales, para desgastarlos políticamente, poniendo a la gente de rehén de dichas disputas. Y completó sus desatinos haciendo una ostentosa fiesta de celebración de los 30 años de la Democracia, mientras más de 10 argentinos morían por el paro policial y cientos de argentinos perdían todo; mostrando su tradicional soberbia  sin que le importe qué pasaba en muchas ciudades del Interior de las 19 provincias afectadas por similares acuartelamientos y/o protestas policiales, que fueron privadas del derecho fundamental a la seguridad.

Particularmente en Tucumán el paro de la Policía provincial, que dejó a los vecinos durante dos días a la suerte de los saqueadores, transformó el poco respeto que los tucumanos ya le tenían a esa fuerza, en un sentimiento muy generalizado de repudio que se manifestó ayer de distintas formas. Por ejemplo, un lugar de comidas del centro de la capital puso en la vereda una pizarra en la que se leía: "En este comercio NO se vende mercadería a personal policial". Y en una cuadra peatonal del microcentro vendedoras callejeras enfrentaron a una mujer policía diciéndole "La plata del aumento está manchada de sangre". Esto pinta claramente también cómo salen de deslegitimadas las fuerzas policiales de este conflicto, ya que se atrevieron a usar las armas, que el pueblo les ha "otorgado", en señal de amenaza para respaldar su reclamo salarial.

Para el Gobierno Nacional todo esto fue una planificación quirúrgica, negando el efecto contagio. Algo de aquello puede haber sucedido, ahora, aunque así fuera; nadie puede negar la vinculación política de la mayoría de las gobernaciones provinciales, casi todas oficialistas, con esas policías, dándoles cada vez más poder por un lado, y manteniéndolas con sueldos de hambre por el otro. Haciendo así la vista gorda al hecho de que para llegar a un sueldo más o menos aceptable a fin de mes, deban acudir a "cajas oscuras" para completar sus recursos. Esta situación era una bomba de tiempo que desde hace años se anunciaba que iba a estallar.

Hace varios años mantengo un proyecto de democratización de las fuerzas de seguridad, principalmente referido a la Policía Federal; que dispone los derechos y obligaciones que tendrá el personal de la Policía, destacándose el derecho a la dotación del armamento, vestuario y equipo que garantice el eficiente cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad para su vida e integridad; la cobertura médica integral por cuenta del Estado y el derecho a asociarse sindicalmente, así como también el derecho a participar activamente en el sindicato de conformidad a los tratados internacionales y la legislación nacional vigente, entre otros derechos ahí planteados. En definitiva, lo que se persigue con la constitución de esta nueva policía es contar con una herramienta adecuada frente a la posibilidad de que se cometan delitos a través de conductas graves que afecten a la seguridad nacional (no militar), como son las redes de trata, redes de desarmaderos, narcotráfico, etc. 

De todas formas, esta nueva institución tampoco creo que pueda edificarse sobre una estructura putrefacta que en estos días mostró su peor cara. Debe sanearse primero esta institución actual, separar y sancionar a los que impulsan y protagonizan actos delictivos y luego avanzar rápidamente hacia su verdadera democratización.

(*) Victoria Donda Pérez  es diputada nacional por Libres del Sur.