Alberto Binder

La administración de justicia del país, y no digamos la federal, necesita cambios profundos, urgentes y de largo aliento. Desde hace muchos años hemos denominado a ese programa “democratización de la justicia” bajo el entendimiento de que no se trata de que los jueces sigan los dictados de la mayoría –lo que iría en contra de su función constitucional- sino que se trata de que la administración de justicia sepa acompañar el crecimiento y desarrollo de una sociedad plural, dinámica, tolerante e inclusiva.

Hoy no puede hacerlo con su cerrazón, sus procedimientos antiguos, su lógica de trámites, su pesadez burocrática, su egocentrismo valorativo, su falta de imaginación y su desprecio práctico hacia todo lo que tenga rostro humano y no sean papeles.  Por eso adherimos al debate que se abrió en los últimos meses y hemos hecho propuestas concretas para alimentarlo.

Lo que está en juego es la necesidad de contar con espacio judicial nuevo, donde la lucha por los derechos, el control del poder, la gestión pacífica de los conflictos, la vigencia efectiva de la Constitución y la afirmación de valores básicos de la convivencia se haga de un modo transparente, abierto, sensatamente rápido y con un nuevo diálogo con la sociedad. Todo esto es muy importante para el futuro de nuestro país.

El plan que ha presentado el Poder Ejecutivo Nacional es una versión pobre, escuálida y timorata de ese proyecto. La reacción de la oposición es previsible, funcional al empobrecimiento del debate y sin muchas ideas.  La sociedad se queda, en consecuencia, sin chicha ni limonada.

La ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura no apunta a ningún tema de fondo.

Por otra parte, el mantenimiento de vacantes permanentes es una práctica del Poder Ejecutivo, no por falta de gestión sino para negociar con la corporación judicial.  La Creación de nuevas Cámaras de Casación, en el contexto actual, es un plan de burocratización (no de democratización) que sin duda dejará contentos a  abogados y jueces con sus nuevos honorarios y cargos.  

Seguirá siendo un organismo burocrático, repleto de personal y cada vez mas trabado en su propia lógica corporativa, alejado de la sociedad y atrapado en la lógica judicial y sus “operadores judiciales” oscuros. Para destrabarlo hay que ir en sentido inverso, reduciendo sus miembros,  y reformarlo de raíz en su funcionamiento cotidiano.

La limitación  de las medidas cautelares es dependiente de la rapidez de los procesos y ellos con los actuales procedimientos y prácticas seguirán demorando, dejando los derechos en el aire y permitiendo la extorsión judicial- que no la sufre solo el Estado nacional-.   Nombramientos por concurso está muy bien, veremos bajo que método y de todos modos el punto es que el personal no cumpla funciones judiciales y se acabe la delegación judicial en empleados subalternos.

La transparencia de las declaraciones muy bien, pero existen mil formas de amañarlas.

En el camino quedaron grandes temas que no fueron encarados: la verdadera participación ciudadana a través de jurados, la transparencia real y publicidad de todos los procedimientos a través de la oralidad, las medidas de fortalecimiento de la justicia de cercanía para facilitar el acceso a la justicia, la reforma de la abogacía para generar una verdadera abogacía social, el reconocimiento de la justicia de los pueblos indígenas, la modificación profunda del sistema recursivos, la democratización interna del poder judicial cambiando las formas de gobierno interno, la creación de una verdadera carrera judicial.  Además las medidas están llenas de guiños hacia la corporación judicial. No se toca el tema ganancias cuando la AFIP puede ya comenzar a cobrarlo, dado que lo único que puede hacer el Poder Judicial (en términos administrativos) es negarse a ser agente de retención), nada se dice de la exclusividad que tienen que tener jueces y fiscales, que ocupan todos los cargos universitarios sin dedicarse verdaderamente ni a una ni a otra cosa, nada se dice de los verdaderos sistemas de control  patrimonial, ni de cómo evitar que los jueces cobren fortunas con subrogancias y viáticos que los llevan a prolongar juicios, haciendo negocio incluso con los juicios de lesa humanidad. Con estas medidas tampoco se va a “controlar” el poder judicial, ni se lo va a sacar de su letargo ni se beneficia a la ciudadanía en su acceso a la justicia.  

En fin reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni tampoco ponen en peligro la República: sólo son demostración de la escasa reflexión que tiene nuestra dirigencia política sobre la función del poder judicial en nuestra democracia.

Retórica ya inútil a esta altura del partido que distraerá esfuerzos y nos hará perder el rumbo de la democratización por un tiempo.

Mi simple percepción personal, si se quiere emotiva: se trata de armar un boquete para que un sector que hoy está en la periferia de la corporación judicial se posicione mejor. En buen romance, agrandar la “familia judicial” con alguna nueva tribu en crecimiento. La corporación judicial, contenta, un nuevo miembro es siempre una nueva oportunidad de revitalizar las viejas mañas. 

Agregamos algunos apuntes del Blog de Roberto Gargarella 

Democratizar la justicia 21: No debate

Democratizar la justicia 19: Las reglas del juego

A la luz de los agravios que genera el Poder Judicial, y el modo en que su accionar afecta, expulsa y daña a los más desaventajados, la reforma de la justicia propuesta es una falta de respeto. Ella no dice nada sobre los excluídos; no facilita en nada el acceso de los pobres a los tribunales; no les ahorra formalismos, ni abogados, ni dinero. Por el contrario, la reforma, por caso, agrega instancias (nuevas Cámaras de Casación) que servirán para levantar el poder de extorsión de los poderosos, y forzar a los pobres a negociar su rápida salida de un un juicio que ellos no pueden nunca y de ningún modo mantener en el tiempo (pero sí sus patrones). Es decir, se trata de una reforma antipopular, antiobrera, vestida de reforma democrática. Un asco. Cuánto mal que están haciendo, en nombre del bien! Qué rabia dan! Los miembros de Justicia Legítima, en su mayoría vinculados al mundo del Derecho Penal, aplauden esta reforma desde el privilegiado lugar que ocupan. Ellos se han especializado en asegurar la justicia que tenemos: hablan de causas de lesa humanidad, mientras protegen en silencio a los Boudou y Oyarbides de este mundo, y mantienen las cárceles pobladas de jóvenes y niños pobres del Conurbano. Trabajan duro para los peores, y hasta es posible que piensen para sus adentros que están haciendo justicia.

En fin. Una pena más, algunas libertades democráticas menos.

Me detengo, de todos modos, en un punto abstracto, para escapar por un momento del dolor de los hechos concretos. Hay una cuestión más, entre las que me preocupan de la reforma, que tiene que ver con un mal que arrastramos desde hace tiempo: la idea de que el poder puede cambiar las reglas de juego, mientras el juego se está jugando. Como que a alguien que está jugando una partida del ajedrez, le digan que el caballo o el alfil, desde ahora, van a moverse de este otro modo: impensable, inaceptable siempre. Sin embargo, el gobierno insiste en modificar las reglas del juego, a su beneficio; en inclinar la cancha a su favor, mientras el juego se juega. Lo hizo hace unos años, con la primera, tramposa e inconstitucional reforma del Consejo de la Magistratura. Lo hizo luego, con la reforma de las normas electorales, para expulsar del juego a la izquierda. Lo hace ahora, para contar con más herramientas de presión sobre los jueces no adictos. Dan asco. La buena noticia es que todas estas medidas debieran considerarse inconstitucionales, sólo por esto: dado el principio de que el jugador dominante no puede cambiar las reglas del juego a su favor, cualquier duda interpretativa relevante (y aquí hay muchas, relacionadas, por caso, y justamente, con la elección popular de los miembros del C. de la M.),* debe interpretarse en contra de la posibilidad de que el gobierno de turno gane más control sobre el juego que se está jugando.

* ver el post de hoy de don g.arballo, acá, que objeta esa posibilidad, por razones diferentes de las que aquí acabo de ofrecer

Democratizar la justicia 18: Justicia legítima

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