Fracaso de entes reguladores

La política de servicios públicos controlados por entes “reguladores” vive un período de fracaso. No podría ser distinto, cuando se los pone fuera de la ley, intervenidos para que actúen a favor del Gobierno y los concesionarios, ignorando así el largo plazo estratégico y las políticas de Estado.

¿Puede existir una política de regulación con organismos al servicio de los que debieran ser controlados? ¿Puede tener sentido la existencia de organismos que deben ser independientes y neutros aun en un ambiente de corrupción generalizada? Con la crisis financiera de 2008 y la petrolera de 2010, en Estados Unidos se manifestó una de sus peores prácticas: entes reguladores en manos de los presuntamente regulados. Tanto la crisis financiera como la provocada por el derrame petrolero no se deben a fallas técnicas o a falta de tecnología financiera, sino a una regulación descontrolada. Con la crisis de Enron en 2001 se abrieron las esclusas de los enredos de la regulación por estos entes.

¿Qué hacer entonces con los entes reguladores? En nuestro país, ante el fracaso de la economía de los servicios basada en los entes, deben buscarse soluciones que eliminen los abusos . O se transforman totalmente, o deben dejar de actuar porque han perdido la confianza de los usuarios. Ningún plan económico, en su capítulo energético, podrá dejar de proponer soluciones para este tema.

Además de la corrupción que provocan los entes cooptados, aumenta la desconfianza popular: los entes que juzgan, administran y norman los servicios públicos resultan ser dependientes del gobernante de turno e, indirectamente, de quienes deben ser regulados. La cooptación de los entes y las concesiones sospechosas, tanto en las obras públicas como en la prestación de los servicios esenciales, exigen soluciones urgentes.

El modelo que sólo toma medidas de corto plazo y da soluciones momentáneas ya mostró su ineficacia y la caída en contradicciones.

Cuando se afirma que no habrá cortes eléctricos y en realidad los hay, se afirma que son “programados”; pero cuando son salvajes, se sugiere que pueden ser causados por presuntos sabotajes, y así se sigue hasta caer en irracionalidades.

Las medidas, como los dichos, son cada vez más incoherentes: ahora se contratan obras públicas más caras, con tarifas más elevadas y con aumento de la deuda externa (caso del Chihuido) . Se considera un éxito la división de los mercados de crudo, gas natural, electricidad y refinerías a través de “planes plus” que rompen la unidad sectorial. Así se mantienen servicios públicos con tarifas administradas pero al mismo tiempo se crean mercados paralelos con precios acordados entre concesionarios y usuarios, que pasan a ser verdaderamente “clientes”.

Hay medidas aisladas, fuera de los marcos legales, que tienen la capacidad de cambiar la naturaleza de las cosas: para el Gobierno nacional, el Mar Argentino vecino a las costas fueguinas dejó de ser argentino, ya que las regalías que deberían ser de todo el país, incluso de todas las provincias no marítimas, fueron donadas a la provincia austral.

Ya no hay Mar Argentino para todos los argentinos.

Lo mismo sucede cuando convierten al Golfo de San Jorge en mar interior, para que las regalías sólo las reciban los gobernantes de Santa Cruz y Chubut . Por otra parte, Santa Cruz recibe el 6 por mil de la factura de electricidad de todos los argentinos que usan electricidad , lo que se justificaba en la falta de conexión de la Provincia con el sistema nacional; pero ahora, cuando ya está interconectada, sus gobernantes se incomodan por perder un ingreso financiero, en vez de alegrarse por haberse integrado a todo el país.

En realidad, los enojados deberían ser los humildes trabajadores jujeños o formoseños y los demás argentinos que viven en los cordones alrededor de la Capital Federal que utilizan electricidad para cocinar y calentar. También los correntinos y misioneros que pagan más cara la electricidad que generan en Yacyretá, que no participan de la renta petrolera y gasífera argentina, y a los que nadie les ofrendó un fondo para expandir la red gasífera.

Todo esto nos indica que se necesita un plan energético que ponga las cosas al derecho . Es decir, que termine con irracionalidades e intereses que no respetan la justicia para toda la población.

Por su parte, los que integran los entes reguladores deberían analizar y proponer proyectos concretos, institucionales y sociales, para este gran cambio energético que el país exige.