[Mendoza] Un año de Jachal. Por E. Mancinelli

Un año de Jachal

Se cumple un año desde el derrame de Barrick Gold en Veladero, San Juan. Desde entonces –o quizás desde el momento en que comenzó la explotación minera- el pueblo de Jachal padece no solamente contaminación, también atraso y olvido, un estancamiento en el tiempo que muy lejos está del “desarrollo” que venden quienes promueven la megaminería como una actividad generadora de trabajo y progreso.

Con cierta preocupación analizamos el documento planteado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en el que se plantea la posibilidad de una “Minería Responsable para el crecimiento sustentable con equidad”. Los argumentos que allí esgrimen son los mismos que se escuchan una y otra vez sin conocimiento in situ del estado de cosas. Según el informe del CEM el desarrollo de la minería en Argentina implicó: 1) Cambios en la estructura productiva en provincias mineras como San Juan y Catamarca; 2) Nuevas oportunidades de empleo; 3) Mayor afluencia de recursos fiscales y divisas.

Nada más alejado de la realidad que viven los pobladores de Jachal, que se percibe a simple vista recorriendo la localidad: calles y caminos rotos o en mal estado, inmuebles derruidos, falta de infraestructura básica y de canales para aumentar la zona cultivable, pésimos servicios de salud, etc. Hace muy poco realizamos una visita junto a otras autoridades, y pudimos analizar en primera persona esas implicancias que enumera el CEM:

1. La estructura productiva del distrito sin dudas cambió, pero cambió para mal. Ya no son productores de cebolla como fueron tradicionalmente, y las aguas de la cuenca que irrigan Jachal, contaminadas por la Barrick, dieron producciones defectuosas que generaron dudas a sus clientes. Esto llegó al punto que en 2015 el ISCAMEN estudió la realización de un protocolo para determinar si las cebollas que provenían de Jachal estaban “inocuas” (léase libres de cianuro).
2. Sobre las nuevas oportunidades de empleo, en San Juan reconocen que durante la construcción de Veladero se tomaron cerca de 3.000 empleados que mantuvieron sus puestos de trabajo mientras duró la obra. Hoy –nos comentan los vecinos de Jachal- solamente 50 personas del pueblo trabajan en la mina. Las recientes cifras del INDEC sobre desempleo indican que San Juan sigue registrando mayor desempleo que Mendoza (7,8 % vs. el 4,4 %). Siguiendo la comparación, el reimpulso a la construcción de Portezuelo del Viento que ha anunciado el gobernador Cornejo empleará la misma cantidad de personas que Veladero, pero para generar energías limpias.
3. Respecto a la mayor afluencia de recursos fiscales y divisas, es de público conocimiento que las inversiones mineras han sido absurdamente beneficiadas con rebajas impositivas, y peor aún, el gobierno de Macri acaba de quitarle las retenciones. Como si esto fuera poco, el estado nacional continúa sosteniendo económicamente a las provincias mineras, lo cual se ve reflejado en las transferencias automáticas (por coparticipación federal y otras) que indican que Catamarca recibe el triple que Mendoza per cápita, y San Juan el doble (INDEC, agosto 2015 - julio 2016).

Dicho esto, me parece importante detener la mirada sobre algunos puntos clave que nos deja el caso de Jachal como legado para analizar. En primer lugar, la falta de acceso a la información pública y de mecanismos transparentes en la que estamos inmersos incrementa la incertidumbre de la población ante hechos como el derrame, y en general ante cualquier situación que esté vinculada a la actividad productiva. Nos comentaban algunos integrantes de la Asamblea de Jachal su preocupación ante la suba de temperaturas y las posibilidades de un nuevo derrame al ceder los glaciares sobre los que se asienta parte de la explotación. Sin aventurar un pronóstico apocalíptico, esta vulnerabilidad en la que están inmersos, deja en evidencia la falta información clara, accesible y suficiente para los ciudadanos.

En segundo lugar, la contaminación ambiental que genera la Barrick ya es un hecho probado por organismos competentes como la UNCuyo, la ONU y el Dpto. de Delitos Ambientales de la Policía Federal. Los peligros que acarrean este tipo de mega-emprendimientos en provincias como la nuestra son muy grandes, por su nivel de impacto (explosiones, extracción de grandes cantidades de agua, utilización de sustancias tóxicas, etc.) y también por los pasivos ambientales que dejan una vez que la actividad de las empresas ha terminado. El déficit institucional en este sentido es evidente, y está más que probado que los organismos de control de la actividad minera no han actuado debidamente.

Por último, queda claro que las provincias argentinas no obtienen ningún beneficio con el desembarco de la explotación minera a cielo abierto, y que la “estrategia de desarrollo” como tal, es un conjunto de frases vacío de contenido. Las cargas impositivas y transferencias hacia las arcas públicas son mínimas, se extraen recursos en detrimento y perjuicio de otras economías regionales, que generan más trabajo sostenido, como las agrícolas. El empleo generado es temporario como el de cualquier gran obra, pero la contaminación ambiental es irreversible. Así, el desembarco de la megaminería solo se entiende pensando que existen beneficios para determinados sectores económicos minoritarios.

A modo de cierre, me gustaría dejar claro que cuestionar la megaminería no implica “minería cero”. El desarrollo de la producción minera a pequeña escala, o la llamada minería de tercera generación, cuyo impacto es menor y puede ser más controlado, es un camino efectivo que, con los controles suficientes, puede ser una alternativa viable para ampliar la matriz productiva.

En los tiempos que corren, es crucial el sostenimiento y defensa de la Ley 7722, ante la preocupación que nos genera el discurso de algunos sectores empresariales que argumentan  el potencial de la minería “responsable” como “motor de crecimiento con equidad”. La experiencia de Jachal lo refuta, con sólo caminar por las calles del pueblo se lo puede comprobar.

Ernesto Mancinelli, Senador (LDS)
Presidente Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería

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