Abordar la problemática de la inseguridad desde la discusión sobre la edad de imputabilidad, obviamente es entrar a un callejón sin salida. Es como en tantos otras dificultades de la vida nacional que el gobierno no ha podido o no ha querido encarar y con el paso del tiempo se han ido agravando.

Si hay pobreza e indigencia, de eso no se habla y se modifican los porcentajes. Si hay inflación se manipulan los índices de los precios al consumidor. Si se reducen las inversiones y se fugan de divisas, y año a año aumentan los pagos de la deuda pública mientras se ensalza la política de “desendeudamiento”, se instrumenta  un cepo cambiario que no detiene la merma de reservas del Banco Central. Y así sucesivamente las soluciones que se proponen no tienen que ver con las causas de los problemas a los cuales van dirigidas.

Este gobierno está hace diez años. Tiene bajo su dirección todos los instrumentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las policías, las Fuerzas Armadas, las mayorías parlamentarias para sancionar las leyes, un extendido poder político territorial a lo largo y a lo ancho del país que le permite conocer las dificultades, los obstáculos, las virtudes y defectos de cada región, y tener un diagnóstico certero sobre donde están las raíces de los grandes problemas y por supuesto también de la inseguridad.

¿Ese diagnóstico lo llevará a la necesidad de bajar la edad de imputabilidad para empezar a resolver la inseguridad? En el año 2004 tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg se instrumentaron y modificaron disposiciones legales para endurecer las condenas. Quizás era justo elevar las penas de delitos abominables. Pero la cuestión es que eso no resolvió nada, los problemas de inseguridad se profundizaron, y algunos flagelos como el narcotráfico y la trata de personas no paran de crecer.

Es que tanto en aquella oportunidad como ahora se elude hablar de las cosas que están delante de nuestras narices, de lo que antes, ahora y siempre tiene que ver directamente con el delito: no se habla de los que son responsables directos de combatirlo, de porque no cumplen con sus objetivos. Ni más ni menos que trasladar a nivel institucional la pregunta que nos hacemos todos cuando nos roban o nos matan o venden la droga en la esquina de la plaza del barrio: ¿Dónde está la policía o la gendarmería o la prefectura o la metropolitana en este momento? ¿Dónde están los jueces, los fiscales para hacerse cargo de estas ausencias que se repiten? ¿Detrás de estas negligencias, omisiones o incapacidades reiteradas, no habrá complicidades?

Es muy obvio que si queremos entrarle al problema de la seguridad, primero hay que mirar a los que les dimos la responsabilidad de tomar ese tema. Así como cuando evaluamos las políticas educativas o de salud, miramos a los ministerios de esas ramas y hablamos de la idoneidad de maestros y profesores, y de médicos y enfermeros.

Sin embargo ninguna agenda política de las distintas variantes del PJ (ya sea la de los oficialistas o la de los que ahora fungen de opositores) habla de la incpacidad de la policía y el poder judicial, para contener el avance del delito. Prefieren meter por la ventana otro tema: la edad de imputabilidad de los jóvenes, aun cuando todas las estadísticas involucran a éstos en porcentajes que están por debajo de las proporciones con que aportan a la composición del conjunto de la población.

Las estadísticas reflejan la multiplicación de los hechos delictivos. Y también la persistencia de altas porciones -cercanas al 30%- de niños y jóvenes con necesidades básicas insatisfechas. Son dos problemas que pueden tener algunas delgadas franjas convergentes, pero que reconocen orígenes y recorridos que marchan sobre planos disímiles. Y si queremos empezar a encontrarles solución hay que abordarlos reconociéndolos como tales: son dos graves problemas diferentes.

Mezclarlos solo aporta confusión y favorece que se sigan extendiendo cada uno por su lado.-