Allá por 1910, la revolucionaria Clara Zetkin propuso que cada 8 de marzo se rinda homenaje a las obreras de una fábrica textil de Nueva York que en 1908 fueron encerradas y prendidas fuego en su lugar de trabajo por reclamar mejoras laborales. Como tantas veces en la historia, este hecho trágico no hizo más que activar todo un movimiento internacional de mujeres que empezamos desde entonces, y antes también, a no descansar en la lucha por nuestros derechos, que ante todo son DERECHOS HUMANOS.

La Argentina del siglo XXI nos encuentra con avances importantes en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres. En marzo de 2009 fue votada en la Argentina laLey 26485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en donde desarrollan sus relaciones interpersonales. También se logró incorporar el femicidio al Código Penal para visualizar los asesinatos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo y cuando medie violencia de género. Por otro lado, se reformó para mejor la ley de trata, gracias a la maduración y el fortalecimiento que han hecho decenas de organizaciones sociales y de mujeres, la movilización y las estrategias de concientización en el resto de la sociedad, para llevar al seno de las instituciones del Estado estas reivindicaciones fundamentales. O sea, no es favor, ni regalo de ningún gobierno de turno, sino todo lo contrario, pues desde ahí también provienen muchas resistencias a estos avances.

Igualmente entendemos que la lista de reivindicaciones propias esta lejos de estar resuelta. La Ley 26.485 prevé el diseño y la implementación de políticas públicas para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, pero su órgano de aplicación, el Consejo Nacional de las Mujeres, tiene un presupuesto asignado para 2013 de tan solo el 0,0027% del presupuesto nacional, lo que significa que el Gobierno no ha incorporado en sus políticas de estado el verdadero respeto de nuestros derechos humanos. Por eso, durante 2012 miles de mujeres nos movilizamos en todo el país para exigir la inmediata aplicación de la ley 26.485 y la urgente declaración de la Emergencia Nacional para combatir la violencia contra las mujeres, como así también que se avance en la creación y ejecución de las políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que la misma ley prevé. Y finalmente, para que de una vez por todas avance en el Poder Legislativo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para evitar que miles de mujeres, principalmente jóvenes y pobres, mueran en todo el país.

A su vez, estos días se vuelven a conocer los números escalofriantes de mujeres asesinadas por hombres de su círculo íntimo que sistemáticamente realiza el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro: los mismos nos dicen que una mujer es asesinada por violencia machista cada 35 horas en nuestro país; que en los últimos cinco años se registraron 1.236 femicidios y 87 femicidios vinculados; que entre enero y febrero de este año 48 mujeres perdieron la vida por el sólo hecho de ser mujeres; que el 10% de las víctimas había realizado denuncias por violencia de género y que la mayoría de los femicidios fueron perpetrados por la pareja o ex pareja de la mujer. Y muchos otros más que conforman un cuadro alarmante.

Lo más grave de estas estadísticas es que seguramente son peores aún, si tenemos en cuenta que este trabajo lo realiza una ONG dedicada al tema, con recursos escasos, y no el mismo Estado. De hecho, todo lo contrario, pues justamente en este plano la iniciativa oficial parece un chiste de mal gusto, ya que en noviembre del año pasado anunciaron que, a partir del 1º de enero, el Gobierno pondría en marcha un Registro Único de Violencia contra la Mujer, donde se centralizaría la información de las denuncias que se realicen ante organismos públicos en todo el país con el objetivo de conocer la dimensión de las problemáticas sobre violencia de género. El anuncio fue realizado en forma conjunta por las titulares del INDEC, Ana María Edwin, y del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras Buscetto. Sí, escuchamos bien. ¡¡¡El INDEC!!!, el instituto intervenido desde 2007 por Moreno para deformar todas las estadísticas oficiales. Y aún así este registro fuera elaborado de buena fe, lamentablemente y según anunciaron, recibirá solo denuncias de violencia doméstica y de casos de violencia institucional, laboral y mediática; por lo que no realizará una sistematización de los asesinatos de mujeres por violencia de género, por lo que el principal problema del momento sigue sin medirse y sin abordarse.

Como dice la referente nacional del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), Raquel: "Creemos que la violencia de género es uno de los principales problemas sociales del país. Desde el caso de Wanda Taddei en 2010, más de 132 mujeres han sido quemadas. La realidad de inseguridad que vivimos las mujeres amerita declarar la emergencia nacional en materia social por violencia de género".

Que el Estado no se haga cargo de manera urgente de esta problemática constituye violencia institucional. Me siento parte de ese colectivo inmenso de mujeres que no queremos más muertas por causas evitables. El 8 de marzo es un día reivindicativo para nosotras, y con ese espíritu participaré de varias actividades, fundamentalmente de la convocada por MuMaLa, que llevará adelante una vigilia cultural en varias provincias del país bajo el lema "Por ellas, por nosotras, por todas. Ni una menos", para exigir que se aplique sin más demoras la ley 26.485 sancionada en el año 2009 y se declare la Emergencia Nacional para combatir la violencia hacia las Mujeres. Por todo esto, nada mejor que encontrarnos unidas, activas y reflexionando para gritar bien fuerte NI UNA MENOS.