Ley ART: Intervenciones de las y los diputados del FAP

 

Sr. De Gennaro.- Señora presidenta: la casualidad o la Providencia –según en lo que uno crea me colocó el viernes último, en oportunidad de la asunción de las nuevas autoridades de la Federación Judicial Argentina, en un homenaje que se le hiciera a Luis Benencio, que probablemente sea uno de los miles y miles de militantes desconocidos.  

A Luis Benencio lo conocí entre los años 1984 y 1985 empezábamos con el ATE recuperado, cuando fuimos a investigar y estudiar los alcances de las enfermedades de los trabajadores mineros de Río Turbio. Me seguí encontrando con él en otras ocasiones, pero recuerdo sobre todo cuando nos tocó ir a declarar en el juicio que se le estaba llevando en Italia a Suárez Mason. Nos presentamos para que quedara preso por el asesinato del compañero Mastinú y de los compañeros del astillero Astarsa, que fueron perseguidos como él, y asesinados después del 24 de marzo de 1976 por la comisión de un único delito: haber tomado el astillero en 1973 al conjuro de la expectativa que significaba la vuelta al gobierno del pueblo en las manos de Héctor Cámpora y luego de Juan Domingo Perón.  

El astillero fue tomado por la muerte de un trabajador en un incendio.  En aquella época era natural que la construcción de cada barco en ese astillero costara una vida. Pero a partir de que los compañeros lograron crear la Comisión de Higiene y Seguridad, apoyados por aquel gran Instituto de Medicina del Trabajo del compañero Testa, que desde la Facultad de Medicina iluminó a todas las comisiones internas, no hubo un solo muerto durante tres años, como para demostrar claramente lo que decimos  aquí. Aquí se habla de la necesidad de un control efectivo para que no haya muerte. Lo que vamos a discutir hoy es la muerte y los negocios, como decía anteriormente el diputado. Los negocios de las ART que no solamente facturaron 12.700 millones de pesos sino que van en camino a los 20 mil millones. Son negocios que traen muerte. Sin lugar a dudas que las muertes existen. Y me sorprende que no se discuta esto; me duele. Pero no solamente esto sucede en este ámbito, sino que también cuesta discutirlo en otros lugares, en ámbitos públicos e incluso con los compañeros. ¡Cómo no va a perturbar saber que el trabajo puede costar la vida! Se mueren cuatro compañeros por día en accidentes de trabajo y dieciséis como mínimo por enfermedades laborales. O sea que estamos hablando de veinte muertos por día, más de 7.500 por año. Aclaro que estas son cifras mínimas de acuerdo con los índices internacionales. ¡Cómo no va a doler!

Duele mucho más cuando escuchamos a la presidenta referirse al cambio de la ley que posibilitaba esta discusión. Se habla nada más que de llevar al trabajador a la necesidad de elegir entre cobrar o hacer juicio. Esto es de una perversidad tremenda. En el peor momento del trabajador accidentado o de alguien que está sufriendo la muerte de un familiar, se le exige que decida si agarra la plata o va a juicio. Además, se le promete que no le conviene ir a juicio porque le van a dar un 20 por ciento más de indemnización, como si eso fuera un mérito. Tendría que haber vergüenza y plantear claramente que no se resuelve la inconstitucionalidad. Tuvimos la posibilidad de discutir esto en las reuniones conjuntas de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero lamentablemente se citó a todas las entidades después de que se firmaron los dictámenes. De todas maneras, vinieron y hablaron, y por eso solicito que se incorpore al Diario de Sesiones todo lo que se dijo en esas reuniones. Hablaron, entre otros, Ricardo Cornaglia, de FACA, Luis Piasek, de la Asociación de Abogados Laboralistas, los compañeros del Grupo 14 Bis, el doctor Fernández Madrid y también habló claramente el compañero Carlos Rodríguez, que fue uno de los directores de Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo y secretario de Trabajo en el gobierno de Santa Fe. No hubo uno solo que no dijera que se iba camino a la inconstitucionalidad.

¿Qué se gana con esto, si todos dicen que es inconstitucional y que es un parche que no resuelve los problemas? Lo lamentable –y por eso no lo puedo entender- es que lo único que se logra es mantener uno, dos, tres, cuatro o cinco años hasta que se determine la inconstitucionalidad. Mientras tanto, se siguen muriendo nuestras compañeras y compañeros, siguen los accidentes y fundamentalmente siguen las ganancias de los grandes grupos económicos en el sector financiero.

No me voy a referir –porque me da vergüenza ajena- a lo que significa este guiño que se hace a las mutuas, como diciendo que acá hay un negocio posible para los sindicalistas o sindicatos que quieran “arreglar”. Ya ha quedado demostrado lo que son las mutuas en España y en Chile. Acá también les dieron el negocio de las AFJP a muchos sindicatos, y prontamente fueron subsumidos por los sectores financieros. “No más parches”, decían. Y está claro que no hay que poner más parches.

Por eso yo siento orgullo aun en esta instancia porque estamos discutiéndolo; nos dieron una posibilidad y los trabajadores vamos a abrir la brecha.

Agradezco a Claudio Lozano que hace tiempo presentó un proyecto, y también a los diputados Alicia Ciciliani, Graciela Villata y Horacio Piemonte, que firmaron el dictamen que estoy informando y posibilitaron este debate. Pero mucho más agradezco a los compañeros que durante años fueron construyendo desde su conocimiento un proyecto de ley, como Horacio Meguira, del Observatorio Jurídico, el ISLyMA de Córdoba o tantos otros que han efectuado sus aportes, demostrando que frente al negocio y la muerte se puede tener un proyecto de solidaridad y vida. Se trata de recuperar para el Estado la seguridad social algo tan sencillo como eso por medio de un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales para terminar con esto de dejar a la mitad de la clase trabajadora sin cobertura.

Este proyecto nada dice de los 8 millones de trabajadores que quedan afuera y que deben ser cubiertos con una política clara de prevención y reparación de daños: trabajadores rurales, trabajadoras domésticas, trabajadores de las penitenciarías, los autogestionados, los que están en pasantías educativas. 

Hay que abrirse a entender y resolver el problema de la prevención y la reparación, lo cual se logra muy fácilmente con cuatro instrumentos.

 

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez. 

Sr. De Gennaro.- Primero, una oficina nacional de seguridad y salud laboral; es necesario tener una planificación, un análisis, una estadística, un estudio epidemiológico laboral, en suma, una cultura de la prevención.

Segundo, una comisión nacional de seguridad y salud laboral que sea capaz de asesorar al Ministerio de Trabajo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a todas las regiones.

Tercero, un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La idea es volver a tener un banco público que sea claramente posible. Alguna vez tuvimos un  Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilaciones y Pensiones. No es algo raro, sólo del Primer Mundo; los compañeros uruguayos tienen el Banco de Seguridad del Estado han tomado para ellos el monopolio de la gestión o el Banco de Previsión. Claro, hemos aprendido con lo de las AFJP y vamos a hacer como los uruguayos. Sí, lo vamos a hacer así: vamos a dar participación plena para que sea un banco público con manejo del gobierno y no una caja del gobierno, con participación de los trabajadores y los empresarios. Hemos aprendido de la desvergüenza que tiene el señor Bossio, el director de la ANSES, que cobra más de 50 mil pesos por mes pero paga 1.839 pesos a más de 4 millones de jubilados, usando la plata que nosotros aportamos para hacer negocios y no para servir a sus verdaderos y legítimos dueños.

Por supuesto proponemos comisiones médicas que puedan resolver las contradicciones de las enfermedades, y hasta dejamos abierta la posibilidad de que vayan a la justicia laboral.

Estamos hablando de derechos constitucionales e internacionales que tienen que ser consagrados y defendidos, como el derecho a la información, a la consulta, a la participación de los trabajadores, delegados de prevención en cada empresa votados por los trabajadores sin importar su afiliación sindical. La prevención salva vidas, como lo vimos en Astarsa y en otros miles de ejemplos que podríamos mencionar.

Hay que perder el miedo a la libertad y la democracia sindical. Hay que enfocar la luz en el sector del trabajo. (Aplausos.)

Da pena que según las estadísticas oficiales el 84 por ciento de las empresas privadas no tienen delegado. Hace treinta años que recuperamos la democracia y donde se genera la riqueza todavía no hay una auténtica democracia. Tal vez tengamos que recuperar los comités mixtos de riesgo del trabajo como existen en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires en el área de salud. 

Hay que animarse a llevar adelante una discusión sobre democratización, y por eso hay que ir a fondo: responsabilidad solidaria para las empresas que llevan a contratistas y subcontratistas a no cumplir. Recuerdo al compañero Daniel Solano, desaparecido y asesinado. Fue encontrado después de un año, ¿saben dónde? En Expofrut, empresa que subcontrataba y no cumplía con ninguna norma; cuando alguien levantaba la cabeza había castigo. 

Es hora de abrir el espacio hacia una reparación integral que garantice el derecho a reclamar con toda claridad.

Después de haber escuchado a los compañeros de la Comisión de Legislación del Trabajo y a los que concurrieron posteriormente a la audiencia, a ninguno se le ocurriría no defender la competencia de la Justicia ordinaria laboral, ya que es el tribunal natural donde deben discutirse estos diferendos. 

Es cierto que hay cuestiones lamentables. Discutir hoy esta iniciativa en el marco de un Congreso vallado no era mi objetivo. Si me hubieran dicho que íbamos a debatir sobre los derechos de los trabajadores con el Congreso vallado, no lo habría creído. (Aplausos.) Sin embargo, tengo esperanzas. Se equivocan en el motivo; lo  vallan por temor al debate. En el corto tiempo que estoy aquí, aprendí algunas cosas. No tengo ingenuidad; siempre supuse que había poder, pero hoy entiendo que hay mucho más del que creía. Estamos hablando de la vida y de la muerte de los compañeros trabajadores. ¡Vaya si no podíamos resolverlo! Hay más poder, pero también menos debate del que pensaba. 

Mi esperanza es que aquí afuera están mis compañeros de la CTA encabezados por Pablo Micheli, los compañeros de la CGT de Hugo Moyano, los trabajadores autogestionados y de las cooperativas que se movilizan para producir este debate. 

No debemos tener miedo al debate. Esa movilización, ese apoyo que se está construyendo, sin lugar a dudas alimenta mi esperanza de que vamos a resolver el problema a favor de la gente. Tardaremos uno, dos o cinco días, pero tarde o temprano tendremos que discutir sobre la vida y la continuidad de nuestros conciudadanos.

Porque trato con mucho respeto a todos, no quiero decir cosas diferentes a las que expreso afuera. Me he acostumbrado a mantener una coherencia. En la marcha del 13 de septiembre, en la que presentamos el proyecto que hoy venimos a defender y a proponer, terminé diciendo que me daba mucha alegría que muchos levantaran el nombre de nuestro compañero –para mí un amigo, un hermano Germán Abdala. ¿Quién puede dudar de la conducta, la idoneidad y la fortaleza que tuvo Germán para plantarse en la década del 90 y pelear contra las privatizaciones? 

Me enorgullece que lo hagan desde distintos pensamientos partidarios. Ninguno, y menos yo, podría defender lo que piensa partidariamente escudándose en los dichos y la actuación de Germán Abdala. No es mi característica. Aspiro a que aprendamos de su ejemplo. Quienes pretenden referenciarse con él, deben saber que cuando llegó el momento más difícil de su vida en los años 90 y tuvo que elegir entre la disciplina partidaria y la disciplina de clase, no dudó ni un momento y eligió la disciplina de clase, y fue bandera para enfrentar la política de los 90.(Aplausos.)

Por eso, y lo digo con toda claridad, debemos tomar ese ejemplo con profundidad. Afirmo –como pensaba él, que era consecuente- que los diputados de hoy no están votando la ley del futuro, están votando igual que lo hacían los diputados en los años 90: negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos solidaridad y vida. (Aplausos.)

 

 

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 

Sra. Stolbizer.- Señor presidente: me llama la atención los esfuerzos realizados por el miembro informante del dictamen de mayoría para tratar de explicar lo realmente inexplicable. Creo que al propio oficialismo le ha costado mucho encontrar voluntades para defender este dictamen.

Llego a esta sesión con un sentimiento contradictorio, que es participar, por la atención que me produce, de un debate buscado, ansiado y promovido durante muchos años en este Congreso, y al mismo tiempo hacerlo con la convicción de que el resultado del debate que estamos dando llevará a este Poder Legislativo a cometer uno de los más grandes errores e injusticias de toda su historia, así como en su momento lo fue la sanción de la ley.

La dimensión del error y la injusticia tiene que ver no solamente con la reforma que se promueve sino –y me animaría a decir que es más grave aún- con la convalidación que se hace por esta vía del mantenimiento incólume de un sistema que durante muchos años ha sido realmente injusto e inhumano. Además, esto implica mirar con indiferencia e ignorancia la gran cantidad de ejemplares sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a lo largo de los años declararon la inconstitucionalidad de ese sistema. Se la ha declarado a no menos de diez o doce artículos de la ley que hoy se está intentando reformar.

Me animaría a decir que esos reiterados fallos del máximo tribunal de Justicia fueron casi como un grito hacia los legisladores para que nos hagamos cargo de reformar la norma a fin de que recupere constitucionalidad, pero sobre todo recuperar justicia y protección para los trabajadores como destinatarios principales de la normativa.

También creo que no todos los que voten afirmativamente esta norma enviada por el Poder Ejecutivo creen que es una solución a algo, más bien al contrario. Es verdad que es difícil avanzar en un debate de estas características sin hacerlo desde una perspectiva claramente jurídica, ya que esto es de lo que se trata. También es imposible abordar este debate sin consideraciones políticas y sin medir además el impacto humano y social que tiene la reforma que se va a aprobar en el día de hoy.

Dos derechos fundamentales son los que sostiene como base el sistema de prevención y reparación de los accidentes de trabajo, que han sido consagrados en todo nuestro plexo normativo, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94 y la jerarquización de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

Uno de estos derechos se refiere fundamentalmente al que tienen las personas a no ser dañadas. Este derecho va acompañado obviamente con el de ser reparado cuando se produce ese daño por aquellas personas que producen ese daño y en la medida en que ese daño afecta a la persona.

La indemnización debe cumplir siempre el objetivo de volver la situación al estado anterior al menoscabo, y recomponer económicamente a la víctima que lo ha sufrido.

Como se ha dicho, la sanción de esta ley en 1995 y su puesta en vigencia en 1996 puso en guardia a muchos académicos del derecho, a magistrados, a representantes gremiales y también a muchos legisladores, frente al silencio de los muchos que descargan su diatriba contra la década del 90 pero cerraron su boca cuando se instaló ese sistema. La década del 90, los contratos basura, la característica represiva del reclamo obrero que tuvo la legislación de esa época y la definitiva pérdida del principio protectorio del derecho del trabajo hicieron de esta ley, que hoy se reforma pero se sostiene, el perfecto instrumento al servicio de la instalación de un mercado de capitales y de negocios a costa de la salud y la vida de los trabajadores.

Lo peor del caso es que ese ataque y agravio a los derechos de las personas y de los trabajadores en particular se consagró a partir de la propia ley. La ley es la que violenta los derechos humanos. Lejos de los falaces argumentos con los que pretendieron y vuelven a pretender con la ley y su reforma avanzar en la prevención o disminución de la litigiosidad, todos sabemos que nunca tuvieron ninguna probanza seria, porque en realidad lo que eliminaba el sistema y la ley eran los incentivos para el buen comportamiento. El Estado entregaba su estructura de controles para garantizar la rentabilidad de los representantes de ese nuevo mercado de capitales.

Las reacciones no tardaron en llegar porque los aspectos lesivos de la norma eran muchos, evidentes y flagrantes. Así se fueron dando desde finales de la década del 90 e inicios del 2000 cientos de fallos de tribunales inferiores, primero en la provincia de Buenos Aires y después en el resto del país, que iban reconociendo los argumentos sólidos e irrefutables, declarando la inconstitucionalidad de muchos de esos artículos.

En este Congreso se sucedieron debates, audiencias y proyectos que buscaban poner sobre la mesa la necesidad y urgencia de la reforma. Presenté por primera vez un proyecto de modificación bajo el expediente 6.975 en 1999, en el que me acompañaron los diputados Brandoni, Vázquez, Raimundi, Passo, Villalba y Pernasetti; volví a hacerlo en 2001, con el proyecto 1.814; en 2003, con el 4.797, y en 2005, con el 1.784, firmado por los diputados Giúdici, Giubergia, Nieva, Tate, Basteiro, Pernasetti, Jorge Rivas, Mínguez y Alberto Piccinini. Luego, vino el expediente número 4.827, firmado por los diputados Milman, Riobó, Cuccovillo, Peralta, Alcuaz, Carca y Linares, y el expediente que tuvimos hoy a la vista, número 2.916, acompañado por los diputados Duclós, Linares y Milman.

Quiero destacar la importancia de esos debates, y el prestigio de los académicos que participaron durante todos esos años. También quiero destacar los consensos sobre los que avanzamos en algún momento para plasmar en un dictamen lo que había sido un acuerdo de la CGT y la CTA, cuando el diputado Recalde era asesor de la Comisión de Legislación del Trabajo y actuaba como un componedor, conjuntamente con las otras personas que participaban, entre las que recuerdo al diputado Gerardo Martínez.

Todo ello fue en vano. Nunca se logró avanzar en el debate que tenemos hoy, con la trascendencia que tiene el tema del que hablamos. Hablamos nada menos que de 11 millones de trabajadores registrados bajo la cobertura de la ley, más un 35 por ciento aproximadamente sobre quienes no hay registro, y de una siniestralidad de aproximadamente 700 mil personas por año. Este sentimiento contradictorio al que me refería es acompañado de una enorme frustración en razón de que considero que la aprobación del dictamen de mayoría es un retroceso.

Sin duda, esta reforma es una soga que se tira para salvar empresas como beneficiarias directas, pero al mismo tiempo es una soga al cuello que asfixia a los trabajadores víctimas de su aplicación.

Vamos camino a un retroceso de derechos del trabajador ya consagrados mediante jurisprudencia de la Corte. Esto no es otra cosa que el contrapeso de las extraordinarias ganancias que este gobierno ha transferido al capital financiero y concentrado.

Retomando el relato de estos años, esos debates, proyectos y fallos a los que me referí fueron sucedidos por la extraordinaria valentía y sapiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a partir de la primavera de 2004, en una sucesión de fallos de importante contenido, comenzó a resolver la sanción de inconstitucionalidad de la ley 24.557. 

Quiero citar al doctor Horacio Shick, pues sin duda ha sido uno de los más firmes y consecuentes luchadores, entre quienes aportaron esfuerzo intelectual militante. Él dijo que fueron los fallos de la Corte los que hicieron colapsar los pilares de este engendro normativo. 

Fue a partir de la obligatoriedad impuesta, que la siniestralidad ha ido disminuyendo en la medida que los obligados sintieron el peso de una Justicia que por fin atendió la vigencia del derecho, la aplicación de sus principios fundamentales y las garantías constitucionales para que ningún trabajador pudiera ser dañado impunemente y siempre existiera un responsable de reparar las consecuencias sufridas.

Desde entonces, se sucedió una enorme cantidad de fallos ejemplares –entre ellos, los casos Aquino, Castillo, Minole, Llosco, Silva, Torrillo-, y lo que más claramente han dicho los jueces, además de reconocer los derechos invocados, es que los legisladores deben hacerse cargo de producir los cambios necesarios en la norma. Ése fue el mensaje.

Ésta es nuestra oportunidad y responsabilidad de hacernos cargo, debatiendo y aprobando una reforma que recupere constitucionalidad y legalidad y, al mismo tiempo, justicia para sus destinatarios.

Desde nuestras competencias legislativas estamos obligados a acompañados esos fallos de la Corte; sin  embargo, el dictamen de mayoría camina exactamente en camino contrario.

Muchos se deshacen en elogios hacia los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Repetiré lo que planteé en su momento en comisión. Fui de aquellas personas que, ingenuamente, se entusiasmaron cuando el ex presidente Néstor Kirchner emitió un decreto de autolimitación de atribuciones respecto de la designación de los miembros de la Corte. Se estableció un procedimiento transparente que permitió llevar al máximo tribunal de Justicia a personas prestigiosas e intachables. La ingenuidad residió en pensar que lográbamos esa Corte, aunque colgada de un cuadro de honor, porque jamás se habría de hacer caso a los fallos de ese cuerpo prestigioso, de los que muchos hablan, que no acompañaran los intereses y designios del gobierno.

Las reiteradas inconstitucionalidades declaradas sobre la ley no han conmovido el espíritu reformista marcado por la Corte, sino que ha sucedido todo lo contrario. 

La semana pasada, con dictamen firmado, la Comisión de Legislación del Trabajo recibió una cantidad de personas muy acreditadas en la materia. En verdad, no nos llamó tanto la atención que el oficialismo no pudiera sentar a la mesa de esa comisión a representante alguno de las organizaciones sindicales afines para defender este proyecto. Era lógico que ningún representante gremial iba a venir a dar la cara para defender lo indefendible. Pero nos llamó la atención que tampoco el oficialismo pudo sentar en la comisión a ninguna organización de académicos ni juristas que viniera a defender la ley. Insisto: la norma es indefendible.

Las posiciones marcadas tanto en el seno de la comisión como en todos los informes que hemos recibido son unánimes. Este proyecto que se impulsa, de la misma forma que lo fue la ley de accidentes de riesgo de trabajo, no supera ningún test de constitucionalidad.

Me reservo para insertar en el Diario de Sesiones los documentos que nos acercaron el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados Laboralistas y el Colegio de Abogados de Quilmes. Todos con una posición unívoca en cuanto al disparate que constituye la reforma que se promueve.

La conclusión es una: esta reforma, que no soporta un test de constitucionalidad, nos remonta al más rancio neoconservadurismo de los 90, constituyendo un agravio intolerable a los derechos humanos. Además, el proyecto implica una repetición de lo que fue la ley 24.028 de 1991.

Para fundamentar el dictamen de minoría agradeciendo el acompañamiento de los diputados Milman y Tunessi-, me voy a referir a uno de los aspectos que considero más graves en el dictamen del oficialismo. Fundamentalmente tiene que ver con el artículo 4° y la opción excluyente. Parece casi imposible de pensar que esa cláusula que fue progresista cuando se impuso en la ley 9.698, en 1915, pueda ser incorporada hoy –cien años después-, cuando por supuesto ya no es una cláusula progresista. Parece imposible que esa cláusula quiera introducirse nuevamente en nuestro sistema positivo luego de los fallos ocurridos, fundamentalmente el del caso Aquino.

El establecimiento de la opción por el lado de la eliminación de la “doble vía” veda el acceso a la Justicia intentando disfrazar lo que en verdad resulta ser una ley hecha a la horma de los zapatos de los empresarios que aplaudieron fervorosamente el discurso de la presidenta, cuando hizo el anuncio del envío del proyecto al Congreso de la Nación en la cena de la Unión Industrial.

Deberíamos ser claros: nos estamos perdiendo la posibilidad de avanzar en la prevención, porque no va a aumentar la inversión en este rubro. Es imposible creer eso porque no van a invertir cuando los costos son cada vez mayores, cuando no existen incentivos y cuando se asegura la rentabilidad de los empresarios, quienes no discuten la economía, la competitividad ni el crecimiento, sino el abaratamiento de sus costos laborales aun cuando sea a costa de la salud y vida de los trabajadores.

Me pregunto si ninguno de los firmantes del dictamen advirtió que las sugerencias de la OIT, en relación con las enfermedades laborales, procura que la normativa sea abierta y no cerrada. Se actúa al revés, o sea, se cierra, lo que implica abrir la litigiosidad.

Es fácil advertir que ante una enfermedad no enlistada el trabajador lo que hace es recurrir a la Justicia. En un Estado de derecho, ese acceso nunca le puede ser vedado.

¿Cómo explicar por un lado que se pretende bajar la litigiosidad violando el acceso a la Justicia de los trabajadores? Cuando se habla de la “industria del juicio”, debemos recordar que si existen juicios es porque hay derechos vulnerados. Frente al atropello de la ley y el abandono del Estado, el juicio termina siendo el único camino para reclamar la tutela y la garantía de los derechos constitucionales.

El acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental, sobre todo ante la negación de otros derechos. Mucho más lo es cuando al trabajador se le niega el acceso a reclamar por los derechos que le corresponden.

Cuando la señora presidenta cuestiona el accionar de los abogados, debería recordar –según ella misma lo ha dicho-, que ha sido una letrada prestigiosa defendiendo seguramente causas justas con los resultados patrimoniales que se conocen. Si hay juicios es porque hay accidentes en condiciones degradantes para los trabajadores y porque no se trabaja ni se trabajó nunca respecto de la prevención. Sin embargo, es necesario decir que frente a los 700 mil accidentes por año el número de causas iniciadas es de 53 mil, o sea que el porcentaje de juicios es ínfimo. Los reclamos judiciales existentes se corresponden con niveles razonables de litigiosidad propios del Estado de derecho, donde el acceso a la Justicia es un derecho fundamental.

La propuesta legislativa que se analiza promueve además el desinterés de los obligados, porque la tendencia es conformar al trabajador con una indemnización tarifada para que se desentienda, debiendo renunciar a la posibilidad de reclamar una indemnización integral. En atención a la opción excluyente del artículo 4°, resulta claro que no es el camino para resolver…

 

Sr. Presidente (Domínguez).- Vaya concluyendo, señora diputada. 

 

Sra. Stolbizer.-  Cómo no, señor presidente.

Solicito autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Finalmente, quiero reiterar lo que planteé en la comisión: esta no es una opción sino lisa y llanamente una extorsión a los trabajadores, porque se abusa de la condición y del estado de necesidad y de debilidad que tiene el trabajador accidentado.

Esta ley seguramente ha recogido uno de los rankings más llamativos: es la ley que más cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad ha tenido a lo largo de los años. Sin embargo, creo que hoy podemos estar alcanzando otro enorme símbolo para otra ley: el de la vergüenza. Sin duda esta nueva ley será por muchos años el mayor símbolo de vergüenza inexplicable por quienes terminen hoy aprobando este proyecto de reforma. (Aplausos.)

 

 

Sr. Lozano.- Señor presidente: adelanto que voy a acompañar el dictamen que defendió mi compañero, el diputado Víctor De Gennaro, que contiene un proyecto que ha sido promovido por la Central de Trabajadores de la Argentina, en el que se plantea –creemos que esto es imprescindible un cambio de fondo y de régimen.  En esto no se parece en nada a la propuesta oficial, que maquilla y blanquea la lógica de los 90, y que justamente por eso rechazamos.

¿Qué nos dice el gobierno?  Nos ha dicho que elevando los montos indemnizatorios, incorporando mecanismos de actualización, exigiendo la renuncia al juicio, cambiando al fuero civil y reduciendo los honorarios de los abogados se resuelve el problema.  En realidad, lo que están haciendo es acorralar al trabajador que sufre el accidente, planteándole que renuncie a sus reclamos y que cambie de fuero. Con esto pretenden restituir un equilibrio precario que no va a funcionar, porque es claro que en la Argentina de hoy las políticas de los 90 políticamente no funcionan.  Por ello, esto se va a caer antes que tarde.

Esta propuesta no soluciona tres cuestiones que son fundamentales. No resuelve el manejo privado con fines de lucro de fondos públicos de la seguridad social; no resuelve el hecho de que se mantenga la connivencia entre las aseguradoras de riesgo del trabajo y las empresas, porque son socias en la estrategia de reducción de los costos laborales y, por último, no incorpora a los trabajadores en la prevención, dando una muestra más de este peculiar caso de experiencia que se dice peronista, pero que no convoca a participar a los trabajadores en los ámbitos en los que debe hacerlo.

¿De qué estamos hablando?  Hablamos de un sistema que sólo cubre al 51,4 por ciento de los trabajadores, es decir, a 8.498.000 trabajadores sobre una población activa de 16,5 millones de personas. Esta cobertura está estancada desde 2008, revelando que esto no lo resuelve el negocio privado, sino que requiere de política pública.

Además, los días de baja e incapacidad se han incrementado un 14 por ciento en 2010 respecto de lo que ocurrió en 1997. La duración media de las bajas también está por encima de lo que ocurría incluso en la época de la convertibilidad. 

En 1997 la duración promedio de las bajas e incapacidades era de trece días; hoy es de más de treinta y un días. Las jornadas no trabajadas entre 1997 y 2002 eran en promedio de 1.435 días; entre 2003 y 2010, de 2.200 días. Los casos registrados de accidentes son cerca de 600 mil, y si uno incorpora los no registrados, nos acercamos a los 900 mil casos de accidentes laborales.

Entre los años 2003 y 2010 el número de trabajadores cubiertos creció en un 80 por ciento, pero los días de baja y de incapacidad laborar aumentaron un 104 por ciento. La cifra de trabajadores fallecidos entre 2003 y 2010 creció un 28  por ciento, y tenemos entre seis y siete muertes por día.

Esta realidad de agravamiento del cuadro de accidentes laborales coexiste con el manejo de un mercado que se ubicó en el orden de los 13 millones de pesos para el año pasado y que está cercano a los 20 mil en el presente año. Esta notable expansión de accidentes, de días, de bajas y de muertes tiene que ver con un incremento del 1.300 por ciento en la facturación de este mercado desde el año 2003, crecimiento que duplicó el incremento de la recaudación en el mismo período y donde sólo seis empresas controlan el 64 por ciento del total de la facturación de ese mercado. Tres de ellas integran el pool de la élite empresaria del país. 

Están pretendiendo hacernos votar el retorno a los 90 con un sistema que es un pingüe negocio para pocas empresas que por esta vía integran la élite de conducción empresaria del país, mientras se cubre a la mitad de los trabajadores y tenemos seis o siete muertos por día. Están defendiendo el negocio financiero y están haciendo primar el enfoque de la reducción de los costos laborales por sobre la vida y la salud de los trabajadores.

Es bueno decir cómo se llama esta ley.  Esta ley se llama empresa Prevención número uno del mercado, empresa Consolidar número dos, empresa Asociart número tres, empresa La Caja número cuatro, empresa Mapfre número cinco, empresa La Segunda, número seis. Son ellas. Y leyendo la página 18 del “Buenos Aires Económico” del día de hoy, también se arroja luz sobre lo que estamos votando. Es Galeno, un actor principal de la medicina privada, el que además de haber comprado Consolidar, está comprando Mapfre. Sólo dos empresas en la Argentina –Prevención y Galeno- se quedan con el 40 por ciento del mercado.

Lo que estamos discutiendo es mantener el negocio privado de la salud y fortalecer la estrategia de reducción de costos laborales como criterio para generar empleo. Es algo que está absolutamente asociado a la estrategia de los 90. Es la lógica que propone alguien que es un esbirro del grupo Techint, como Ignacio De Mendiguren, y alguien que representa el interés del capital concentrado. Eso es lo que pretenden hacernos votar, y no tiene absolutamente nada que ver con cualquier discurso vacío de contenido nacional y popular. (Aplausos.)

 

 

Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

 

Sr. Zabalza.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar que las bases estructurales de nuestra posición como Frente Amplio Progresista han sido marcadas por las participaciones de los diputados De Genero y Stolbizer, que con diferentes enfoques han puesto de manifiesto nuestra oposición al proyecto de ley en consideración.

Quiero también aprovechar esta oportunidad para destacar la conducta viva y activa de un dirigente sindical como Víctor De Genaro, cuyas palabras tienen una riqueza particular porque provienen del sector de los trabajadores. Es un dirigente gremial que ha comprendido cabalmente que además de la actividad gremial hay un marco global en el cual debe participar el movimiento obrero argentino. No se puede construir un país sin un rol activo del movimiento obrero encarnando un nuevo proyecto nacional.

Como bien decía el señor diputado Recalde, esta preocupación por la salud de los trabajadores y la vida comienza en 1915 con la sanción de la ley del entonces diputado socialista Alfredo Palacios. Hasta ese momento el empleado tenía que demostrar el criterio de culpa en un accidente, y a partir de entonces se produjo un cambio, pasando a ser el dueño de la máquina el que responde por el accidente. Esa es la esencia de la legislación que a partir de 1915 y por obra de diversos legisladores –muchos socialistas nos honran en esa labor fue modificando y avanzando en la Argentina hasta explotar positivamente en materia de derechos en el primer gobierno encabezado por Juan Domingo Perón.

Posteriormente tuvimos avances y retrocesos. Hubo retrocesos en las épocas en que la voluntad soberana del pueblo fue violada al intentar avanzar sobre los intereses, la vida y la salud de los trabajadores.

Los avances se produjeron en democracia, y a veces no tanto, porque también padecimos los años noventa y la década más cruel del neoliberalismo personificada en 2001.

En la actualidad la vida y la salud de los trabajadores están regladas por dos leyes: la 19.587, de higiene y seguridad en el trabajo, que es de la dictadura militar, y la de ART, que es de Menem, como bien lo explicitó el señor diputado Lozano y otros colegas.

Por los compromisos internacionales asumidos por este gobierno, como por ejemplo los convenios de la OIT números 155 y 187, que fueron refrendados por él; por la propia legislación del Mercosur, que muy clara y taxativamente plantea el tema de la participación de los trabajadores en las tareas de prevención, y por algunas declaraciones en el sentido de que podíamos avanzar, nosotros teníamos alguna esperanza. Sin embargo, lamentablemente nos han enviado un proyecto de ley corto en cuanto a contenidos sociales, no en lo atinente a su texto, y fundamentalmente en lo referido a la justicia social y la dignidad de los trabajadores.

Este proyecto de ley no garantiza la salud de los trabajadores sino el lucro de las empresas. Además, implícitamente tiene un contenido negativo que ignora todo el avance de la legislación en este sentido al negar la participación del propio trabajador en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Por otra parte, este texto remitido por el Poder Ejecutivo no asegura que se garantice la reparación integral de los trabajadores, que es la base de todos los fallos que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de 2004. No serían los únicos fallos de la Corte que se desconocen en este momento, pero en verdad nos preocupa. porque el tema de la reparación integral no se aborda exclusivamente planteando una cifra dineraria que se pueda reajustar. 

El tema es mucho más profundo porque tiene que ver con la integralidad del trabajador y su familia, con que después de un accidente que él no produjo se pueda reincorporar a una vida de normalidad y dignidad. Por eso nosotros no compartimos este proyecto ni la forma en que se elaboró. Creemos que el mecanismo adecuado es la concertación, el diálogo, entre los sectores involucrados. Aquí hay dos sectores básicamente involucrados: los trabajadores y sus organizaciones, y los empresarios. Obviamente, este diálogo tiene que ser convocado por el Poder Ejecutivo y debe respetar un lineamiento básico. No es posible un lineamiento para que todos escuchen lo que quieren escuchar, y otro de acuerdo con el público al que está dirigido. 

Es necesario tener un único mensaje que vaya de la mano del progreso social, en una Nación que contenga a todos, de respeto a la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores y sus familias. 

En esta puja de intereses que está viviendo el país, se ha optado por disminuir al más débil. Lamentablemente, estamos en el inicio de ese camino que los argentinos debemos reconstruir, pero en sentido inverso. (Aplausos.)

 

Sr. Cortina.- Señora  presidenta: en un tramo de la sesión en la que se trató la ley de matrimonio igualitario, el diputado Agustín Rossi dijo que después de las palabras del diputado Ricardo Cuccovillo ya no hacían falta más discursos, que estaba claro lo que había que votar. Con mucho respeto sostuvo que los otros discursos estaban de más.

Quizá en esta sesión muchos discursos estén de más después de la brillante intervención del colega y compañero de mi Interbloque, diputado Víctor De Gennaro, pero en estos breves minutos diré algunas cosas.

Como saben los compañeros peronistas, socialistas y de izquierda, la lucha y la discusión en favor de la seguridad y la higiene en el mundo del trabajo –a partir de disminuir los riesgos de los trabajadores- prácticamente nacieron con el movimiento obrero. Los socialistas estamos orgullosos de que el primer antecedente fuera la ley de accidentes del trabajo sancionada en 1915, de autoría de Alfredo Palacios. 

Próximamente se cumplirán cien años, y es notable que ya en aquella época se hablara de que los peligros ocasionados por el funcionamiento de la máquina deben estar a cargo de la industria. Hace casi cien años el concepto indicaba que la responsabilidad objetiva era del empleador. 

Todos sabemos que hubo un terremoto político, social y económico en la Argentina: la década del 90, en la que, de la mano de las recetas neoliberales, los costos laborales elevados eran el mal de las economías, por lo cual se desguazó el Estado y se flexibilizó el trabajo.

Para satisfacer a los organismos internacionales de crédito se puso en marcha un conjunto de reformas, entre ellas una vergonzosa moneda de dos caras: por un lado, la eliminación del sistema de jubilación estatal y la creación de las AFJP, y por el otro, las ART, como nuevo sistema de riesgos del trabajo. 

El objetivo era claro: se excluía al empleador como sujeto pasivo directo. Esto importó un enorme retroceso para los trabajadores en su conjunto y tuvo como consecuencia el nacimiento de lo que se conoce como la doble vía,  habilitada por la Corte.

¿Qué tiene que ver esta ley con la estatización de las AFJP? ¿Quieren una cara de la moneda con las convicciones que todos compartimos y otra con la profundización de la década del noventa? ¿Quieren sancionar una ley que los jueces laborales ya han dicho que no podrán aplicar? Es un proyecto de ley que no podrán aprobar con quienes defendimos la estatización de las jubilaciones, y que tendrán que sancionar con otros sectores políticos que no son afines al oficialismo.

Todos los supuestos beneficios, el 20 por ciento adicional, la aceleración o el acortamiento de los plazos y la actualización semestral, no sirven para esconder el beneficio en favor de los empresarios. Incluso, frente a los industriales usan los mismos escenarios y discurso: es para terminar con la industria del juicio, tomando los mismos argumentos que utilizaba Cavallo en los 90. El eje es el mismo: mantener disminuida la responsabilidad empresaria en lo que respecta a la seguridad y los riesgos del trabajo, que muchas veces sufren nuestros trabajadores.

Hoy es un día triste, porque estamos perdiendo la oportunidad histórica de avanzar en un nuevo marco legal que exprese una visión integral de la seguridad, la salud de los trabajadores y el medioambiente del trabajo, en lugar de priorizar la prevención y la defensa de su integridad psicofísica por sobre la garantía de la ganancia empresaria.

Votaremos en contra del dictamen de mayoría oficialista porque no somos hipócritas. Por las mismas razones que acompañamos la estatización de las AFJP, jamás podríamos votar por la afirmativa este dictamen. (Aplausos.)

 

Sra. Ciciliani.- Señora presidenta: en lo personal, siento la desazón de la oportunidad perdida. Creí que iba a tener la posibilidad de votar una ley importante, como lo pude hacer en muchas ocasiones en estos tres años que llevo de diputada. 

Con el tratamiento de esta norma estamos olvidando una cara de la moneda: la prevención junto con la reparación. Hablamos de un modelo productivo antiguo, atrasado, que no entiende que las condiciones de trabajo mejoran necesariamente la productividad de la empresa. No hay ninguna contradicción en cuidar la vida de los trabajadores con el lucro de una empresa. Estamos seguros de que cuidar la salud y la vida de los trabajadores redundará en una mayor productividad de las empresas y de la sociedad en general. 

No quiero abundar en temas que ya han sido explicitados hondamente por todos los compañeros del FAP. Simplemente deseo hacer una reflexión ante la enorme irresponsabilidad y la falta de respeto a la comunidad política santafesina de parte del señor diputado Cleri. Tal vez por ser joven no ha podido valorar el esfuerzo que hemos hecho los legisladores y la comunidad política toda. Este no es un proyecto del socialismo sino que ha sido promovido fundamentalmente por los trabajadores sindicalizados de origen peronista. Todos ellos, ya sea que estuviesen afiliados a la CGT o a la CTA, defendieron en la Legislatura de la ciudad de Santa Fe poder avanzar en sus derechos, y al frente de eso estaba un hombre intachable en la defensa de los intereses de los trabajadores, como es Carlos Rodríguez, que ha trabajado con Alfonsín, con Néstor Kirchner y en el gobierno de Santa Fe. Pero no trabajó para Hermes Binner, trabajó para defender la calidad de vida de los trabajadores.

Vino a Santa Fe a crear un Ministerio de Trabajo. Después de veinticuatro años de gobierno peronista en la provincia encontramos una Secretaría en la que los expedientes estaban en el baño y también se vendían. Hubo escuchas telefónicas que demostraban que había inspectores que vendían los expedientes, la salud y la seguridad de los trabajadores a los empresarios. A eso fuimos a la provincia de Santa Fe, pero no lo hicimos  solo nosotros, los socialistas. Lo hicimos con el Frente Progresista y con los peronistas que anteponían los trabajadores a las cuestiones políticas.

Tener hoy en Santa Fe a 172 mil trabajadores representados por su delegado de prevención, que lleva en su bolsillo una guía para la acción, que puede defender sus derechos teniendo la potestad de parar la producción si ve riesgo para la vida de los trabajadores, es un avance cualitativo. 

El diputado Cleri, que ha sido legislador porque alguien lo puso con el dedo y no porque haya hecho muchas cosas en su vida, no sabe lo difícil que es luchar contra el poder. (Aplausos.) En Santa Fe hemos dado el debate político y la lucha contra los empresarios que veían en esto un riesgo para sus emprendimientos.

En la última evaluación tripartita realizada, los empresarios reconocieron que mejoró dentro de las plantas el diálogo social y se redujo la accidentabilidad en el trabajo. Falta mucho por hacer, vamos por más, y este año en Santa Fe empezaron a trabajar los comités mixtos en las escuelas y en los hospitales. Veo que también en esta Cámara de Diputados hemos comenzado a discutir las mejoras en las condiciones de trabajo, y en esto tenemos mucho para avanzar.

Debo reconocer el trabajo conjunto efectuado a lo largo de estos años entre el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hemos encontrado en este Ministerio un respaldo cuando tuvimos que sumar inspectores. Se han integrado cien inspectores a la planta porque cuando llegamos no había ninguno. Pero nosotros creemos que la mejor defensa la hace el trabajador cuando defiende sus propios derechos.

Por eso Estévez Boero propuso en el año 1986 la creación de los comités mixtos en el ámbito nacional; después lo propusieron Binner y Mónica Fein. Ahora como Interbloque FAP volvimos a presentar la propuesta, de modo que vamos a seguir luchando, trabajando, y militando decentemente, pensando en los trabajadores y en la gente porque creemos firmemente en la política, somos decentes, no tenemos nada que ocultar y respetamos a las fuerzas políticas adversarias. 

Jamás las vamos a tratar como nos trataron a Vicky y a mí ayer en la reunión conjunta de comisiones. Nos sentimos agraviadas como mujeres y como políticas por un diputado que realmente tiene poco para mostrar en sus antecedentes en la vida política. (Aplausos.)

 

Sra. Donda Pérez.- Señora presidenta: no nos sorprende que este proyecto haya visto la luz en la cena de la UIA. La verdad  es que no nos sorprende el entusiasmo que despertó en los sectores empresariales. La verdad es que no nos sorprende que se hayan puesto felices los mismos que se alegraban y palmeaban el hombro cuando en este país se cercenaban los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso venimos a oponernos desde el Frente Amplio Progresista, sentados en estas bancas, pero también en la calle se manifiestan los trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, en contra de este proyecto de ley de vergüenza.

Este no es un proyecto de ley que cubre los riesgos del trabajo de los trabajadores. Este es un proyecto de vergüenza, porque una ley de riesgos del trabajo debe tener la voluntad de proteger a los trabajadores frente a los accidentes, prevenir esos accidentes, y en el caso de que ocurra inevitablemente un accidente, procurar la mejor reparación para el trabajador y su familia.

Es evidente que el gobierno y el PRO no opinan en ese mismo sentido. El leiv motiv de este proyecto parece ser, como la misma presidenta dijo en su discurso de presentación, darle competitividad a la economía.

Lo primero que quiero decir es que los argentinos y argentinas sí tenemos memoria. Ya sabemos qué se esconde detrás de este concepto. Durante todo el día se me vino a la cabeza la letra de un tango muy popular, Volver, cuando dice: “Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve”. Tengo miedo. Tengo miedo de volver a la mentira de los 90, cuando la política cambiaria fue en detrimento de la competitividad productiva y a Cavallo se le ocurrió aplicar el concepto de devaluación fiscal. Claro, como no podían devaluar por la ley de convertibilidad, lo que hicieron fue tratar de bajar lo que los empresarios llaman “costos laborales”. Así, recortaron los aportes patronales.

Llaman “costos laborales” a la fuerza del trabajo que genera la riqueza en este país y en el mundo. Quedó demostrado que un fajo de billetes no se reproduce por sí mismo si no hay hombres y mujeres que trabajan para lograr riqueza.

Nosotros creemos que es importante tener un gobierno que implemente medidas económicas que recuperen la competitividad, pero también sabemos que no va de la mano de bajar esos costos laborales, que en realidad para nosotros no lo son. No va de la mano de recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

 

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Señora diputada, se terminó su tiempo.

 

Sra. Donda Pérez.- Están volviendo a la alianza neoliberal de los 90 con la UCEDE, hoy llamada PRO.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

 

Sra. Donda Pérez.- ¡Chiflen todo lo que quieran! ¡Me daría vergüenza estar sentada con ustedes que votaron la ley antiterrorista! (Aplausos.)