La empresa, propiedad del Municipio, Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) cerró días atrás la adjudicación de los servicios de recolección de residuos y barrido de la ciudad de Córdoba con las empresas Cotreco SA en la zona sur y Logística Urbana SA en la zona norte.

Dicho contrato tendrá una vigencia de 22 meses y un costo mensual de 37,2 millones de pesos para 2012 y 40,85 millones de pesos para 2013. A estos números habría que sumar, para calcular el costo total del servicio, lo correspondiente al enterramiento, la limpieza de basurales y desagües, y el mantenimiento de la escombrera y los espacios verdes, que quedarán a cargo de Crese. Sobre dichos servicios, existen discrepancias en su valor.

Mientras que, según estimaciones de la Municipalidad, el costo rondará los seis millones de pesos mensuales, Eduardo García, ex presidente de Crese, lo estima en 12 millones. Esto nos da un total aproximado que oscila entre 43,2 y 48,2 millones de pesos para este año y 46,85 y 51,85 millones para el próximo, siempre y cuando no se produzca un ajuste tarifario, lo cual es muy probable.

Poco racional. Ahora bien, en el momento de analizar en profundidad esta medida, tomada desde el Departamento Ejecutivo municipal, podemos observar un camino signado por irregularidades y decisiones que se alejan de lo racional.

En primer lugar, observamos los mecanismos legales que fueron utilizados para llevar a cabo la privatización del servicio. Estamos frente a una verdadera privatización de servicios públicos, ya que se trasladó a la órbita privada uno de los servicios esenciales para los cuales fue creada Crese.

Si bien es cierto que por su estatuto se permite la tercerización de actividades, dicha disposición tuvo como fin, al ser creada, permitirle a la empresa delegar funciones secundarias y no esenciales. Podríamos mencionar, como ejemplo de tercerización válida, la contratación de una empresa para el mantenimiento de los camiones de recolección.

La Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba, norma suprema del municipio a la cual deben sujetarse todos los demás actos y normas municipales, incluyendo el estatuto de Crese, dispone en el artículo 78 que la privatización de obras, servicios y funciones del municipio deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante a través del mecanismo de doble lectura, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y con la realización obligatoria de al menos una audiencia pública.

Si consideramos que estamos en presencia de una privatización, como ya lo explicamos, es evidente que el contrato debió haber sido sometido a la opinión de la ciudadanía a través de una audiencia pública, y a su posterior aprobación en doble lectura por el Concejo Deliberante.

Interrogantes. También resulta objetable el sistema de contratación utilizado. El concurso de precios es un sistema de contratación que debe emplearse para realizar contrataciones de pequeña o mediana envergadura.

Dicho sistema, a diferencia de la licitación pública, no otorga garantías de transparencia ni permite un análisis profundo de las ofertas. Una contratación como la firmada, que implica un gasto de alrededor de 444 millones de pesos anuales, debería haber resguardado mínimamente estos aspectos.

Desde el directorio de Crese, justifican la decisión de no llamar a licitación argumentando que con el concurso de precios no deben indemnizar a los trabajadores, lo cual tendría un costo estimado hoy en 40 millones de pesos.

Sin embargo, hay que considerar que a este importe habrá que adicionarle alrededor de 50 millones extra cuando en 22 meses se llame a licitación y la Municipalidad de Córdoba, a través de Crese, tenga que afrontar dichas cargas.

La falta de transparencia de todo este proceso se evidencia en los interrogantes que surgen durante el análisis. ¿Existen diferencias entre el servicio que presta Crese y el que van a prestar los nuevos contratistas? ¿Qué pasará con los empleados de Crese una vez transcurridos los 22 meses de contrato? ¿Cuál es el futuro de los 72 camiones que tiene Crese? Éstas, entre otras preguntas, quedan sin respuesta ante el ciudadano que tiene derecho a saber.

Principio de razonabilidad. En segundo lugar, analizamos de manera detenida la decisión tomada por el intendente Ramón Mestre. Todos los actos de la administración deben ser juzgados a la luz del principio de razonabilidad.

Este principio jurídico se presenta como un límite de gran valor a las facultades discrecionales del gobernante, evitando arbitrariedades y desviaciones de poder.

Crese nació a fines de 2008 en reemplazo de la empresa Cliba, del Grupo Roggio. Desde sus inicios, presta el servicio en toda la ciudad de Córdoba sin mayores inconvenientes. En la actualidad, cuenta con una de las flotas de camiones más grandes del país, con 116 camiones propios y 53 alquilados, lo cual evidencia que en sus tres años de vida tuvo gran capacidad de capitalización.

El costo total del servicio de Crese es de alrededor de 40 millones de pesos mensuales, por lo que los nuevos costos, que incluyen a los contratistas privados y a los servicios que seguirá prestando Crese, son para este año entre tres y ocho millones más caros.

La deuda actual que Crese mantiene con sus proveedores tiene como causa directa la deuda de la Municipalidad de Córdoba por los servicios prestados. Si nos referimos a las empresas adjudicadas, vemos que ninguna de las dos ha prestado el servicio en una ciudad del tamaño y la dispersión poblacional que tiene Córdoba, por lo que su capacidad técnica no ha sido demostrada.

En fin, podemos concluir que no existió ninguna causa razonable que justifique el traspaso a manos privadas de una empresa estatal que en modo alguno evidencia problemas graves.

¿Oportunidad perdida? Por último, hay que remarcar que, de considerar el intendente que Crese tiene problemas estructurales que la hacen insostenible, existen alternativas a la privatización.

Mejoras en la organización administrativa, implementación de las reglas de gobierno corporativo, mayor autonomía respecto del poder político, gestión participativa, sistemas de transparencia que garanticen el acceso de la comunidad a la información relevante de la empresa, mecanismos de control participativo, regulación de los sistemas de contratación, límites al ingreso de personal, mecanismos de incentivos y límites al endeudamiento, son, entre otras, medidas que pueden mejorar de manera notable el funcionamiento de las empresas estatales.

En conclusión, la privatización de Crese ha estado signada por irregularidades y por la falta de razonabilidad en todo el proceso.

Estamos perdiendo la posibilidad de consolidar una empresa que viene en constante crecimiento desde su comienzo y que ha otorgado una alta rentabilidad social. Nuevamente vemos cómo los recursos de la comunidad son entregados a manos privadas sin ningún tipo de responsabilidad.

*Investigador del Cippes, área Empresas del Estado