Sobre el Derecho a la Seguridad

A propósito del Debate sobre el Derecho a la Seguridad
NO VOLVER AL TIEMPO DE LAS CAVERNAS Y LAS POLITICAS ESPASMODICAS

Zaffaroni -a partir de una genealogía- describe la situación actual de la discusión política en torno al tema de inseguridad urbana y la actitud de los operadores políticos de turno. Señala que se recurre a fórmulas mágicas, sin fundamento científico y cuantos más ridículas resulten –siempre apelando al “sentido común del hombre honrado que paga sus impuestos”- mas polémica genera, mas medios de comunicación tendrá a su disposición por el espectáculo generado y así estará en la escena pública. “En el tiempo de las cavernas el hombre primitivo dibujaba en las paredes la imagen del animal que quería cazar, y de esa manera pensaba que si tenía la imagen se acababa la amenaza, tenía al animal. Pero no tenía nada, sólo tenía la imagen. Un pensamiento mágico”. Entonces lo que hoy se hace es dibujar las leyes, dibujamos un delito, dibujamos una medida cautelar restrictiva de la libertad, dibujamos penas, etc… y así mágicamente se cree desaparecerá el delito. Pero en realidad no tenemos nada, solo una ilusión. Esto es irrazonable. Es manipular las emociones de la sociedad y atenta contra la lógica de formulación de políticas públicas en un estado social y democrático de derecho.

Desde hace alrededor de 15 años se escuchan los mismos discursos: en 1999 Ruckauf prometía “meter balas a los delincuentes”, Menem en el 2003 “hay que sacar las FFAA a las calles para combatir la inseguridad”; Patti en el 2002 “hay que destruir el Código de Procedimiento por que se hizo para proteger a los delincuentes y no a la gente de bien”.

Cuando el Estado no aplica políticas efectivas en materia de Salud, Educación, Cultura, Vivienda, Trabajo, no tiene éxitos para demostrar, entonces echa mano al discurso de lucha contra el delito para lograr exposición pública. Así de esta manera se convierte al Poder Judicial (que debiera ser el defensor de los derechos y garantías del ciudadano) en un implacable verdugo canalizador de las demandas vindicativas de una sociedad atemorizada.-

De esta manera se plantean reformas legislativas sin el más mínimo análisis de las consecuencias sociales y económicas de dicho proceso. Actualmente las cárceles se encuentran desbordadas con una superpoblación que duplica la capacidad de los establecimientos en algunos casos, como es el caso de la alcaidía metropolitana.
 

El planteamiento de reformas que implican lisa y llanamente la supresión de garantías constitucionales –como la libertad producto del principio de inocencia que tiene consagración por vía inversa en el Art. 18 de la Constitución Nacional, en los artículos 8, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que ha sido receptados por el artículo 267 de nuestro Código Procesal Penal- encierran en realidad el reconocimiento por parte del Estado de su incapacidad para actuar sobre la prevención del delito y sobre las verdaderas causas estructurales del delito. Implica hacer una reforma a medida de las necesidades de una Policía ineficiente y un Poder Judicial saturado que convalida silenciosamente. La falta de capacitación para resolver adecuadamente los delitos y la alta tasa de impunidad se cubren con reformas legislativas, parches que aprueban los errores que se cometen en la instrucción de las causas (por ejemplo, limitando las excarcelaciones con simples presunciones o alargando los plazos procesales, no se establecen audiencias previas a las medidas coercitivas y los internos pasan a ser meros números de expedientes). Que una persona se encuentre en libertad durante la tramitación de un proceso judicial en su contra no implica que el delito quede impune.
 

Debemos reclamar un Estado que intervenga activamente en la realidad social para componer los conflictos, mediar entre el capital y el trabajo y, en la lucha de intereses. Pero esta intervención no puede ser desquiciada ni demencial. Necesitamos funcionarios públicos que conozcan la realidad social -sus variables cualitativas y cuantitativas- a fin de generar estrategias serias de intervención y actuación.
 

En este sentido debemos tener en claro que la idea que las cárceles en la provincia del Chaco tienen “puertas giratorias” es una falacia. Una mentira tan grande que resulta imposible esconder. Desde la debacle económica de 2001, la provincia del Chaco ha aumentado su población carcelaria en un 800% (y más de la mitad se encuentra con prisión preventiva). En 2002 teníamos poco mas de un centenar de presos y hoy tenemos aproximadamente 900 y en aumento. En comparación: Buenos Aires en el mismo período aumentó su población carcelaria en un 60%; y en el total país (tomando tanto las cárceles federales como provinciales) la población privada de su libertad aumento en un 80% en 10 años.

En segundo lugar entender que no existe relación entre la cantidad de gente encarcelada y la evolución de la tasa delictiva, o sea que mas gente en cárceles no trae como efecto una disminución de los delitos. Esto se refleja desde diferentes puntos de vista: Por un lado, ninguna persona que sale a cometer un delito se fija antes en el Código Penal a cuantos años lo condenarán si lo agarran o si le van dar la libertad bajo palabra. El que comete el delito cree que jamás lo van a agarran; es más tiene plena conciencia de que le va a pasar si lo agarran. Seguramente podrá ser objeto de apremios ilegales, torturas (en nuestra provincia se calcula que en alrededor de 200 denuncias anuales por estos delitos con un cifra oscura que ronda el 300% y en mas de diez años solo se condenó a dos personas) e igual decide delinquir. Por que las leyes son simbólicas por mas rigurosas que sean, no tienen efecto disuasivo. Pero por otro lado la tasa delictiva en nuestra provincia se ha mantenido prácticamente en términos similares en los últimos años (tenemos la misma cantidad de delitos contra las personas desde hace 15 años e incluso la cantidad de homicidios dolosos ha bajado en mas de la mitad. Respecto a los delitos contra la propiedad el mayor pico lo tuvimos durante la crisis económica de 2001 y 2002 donde aumentó en 60%). Es decir estadísticamente la tasa de victimización es la misma, pero lo que ha aumentado es la alarma social generada por el delito, el espectáculo mediático del delito y el oportunismo populachero de políticos que venden sus recetas mágicas. La sociedad es minada de escenas mediáticas de violencia -reproducidas y amplificadas se repiten una y otra vez-. Se dramatiza y se refuerza el sentimiento de indefensión. Tal como lo presenta el famoso teorema de Thomas, se crea una imagen de la realidad, como consecuencia de la creencia en ello, la sociedad hará realidad las consecuencias de la imagen (piénsese en la gripe A).-

Otro punto que tenemos para destacar es el funcionamiento del servicio público de seguridad y justicia. Debemos revisar la eficacia de la tarea de la Policía y las Fiscalías Penales en la investigación de los hechos delictivos. Resulta imprescindible realizar un control acabado y preciso respecto a la manera en la que se utilizan los recursos humanos y financieros en la lucha contra el crimen. Debemos tener una Policía altamente capacitada y preparada en la realización de las pesquisas legales. Funcionarios policiales especialistas en materia de seguridad y no con cursos de entrenamiento de corta duración. Los datos lo demuestran: en el 65% de los hurtos no se logra identificar al autor del hecho. Respecto a los robos la cifra de autor desconocido ronda el 40%. Por otra la tasa de impunidad nos muestra con diáfana claridad el modo que se efectúan
las investigaciones penales: mientras en el caso de homicidios se llegan a esclarecer prácticamente el total de los mismos (condenándose a sus autores); en el caso de robos sólo el 3% de los hechos llega a una sentencia condenatoria, el 20% en causas de delitos contra la integridad sexual y el 8% en causas de fraudes a la administración pública recibe una condena penal.- Igualmente tenemos que tener en cuenta la cifra oscura (es decir los delitos que no se denuncian): Según la encuesta de victimización realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el año 2000, sobre la base de 2000 casos encuestados el 68% no denunció los hechos delictivos que habían sufrido. Es importante tener en cuenta que el 38% manifestó que no denunció porque la policía no hubiera hecho nada, el 20% porque era de escasa importancia, el 12%por el costo económico/pérdida horas de trabajo, 11% por la falta de pruebas, 5% la Justicia no hubiera hecho nada, entre otros motivos.-

Por otra parte, quienes son los destinatarios del rigor de la ley penal, los clientes vulnerables al sistema penal, (veremos la selectividad del sistema penal)
El 80% de los privados de su libertad tiene entre 18 y 34 años (de allí la mitad tiene entre 18 y 24 años).
El 70% de los reclusos sólo alcanzó a ir a la escuela primaria.
Mas del 80% se encontraba desocupado al momento de ser arrestado y luego ingresado al sistema penitenciario.-
Solo el 5% de la población penitenciaria tiene una profesión.
En igual manera también es una falacia la supuesta “mano blanda” de los jueces al aplicar condenas:
Mas de la mitad de los internos cumple condenas de entre 6 y 12 años.-
El 70% de los reclusos no tiene salidas transitorias.-
Solo el 2% goza del régimen de semilibertad.-
Menos del 10% se incorpora al régimen de pre-libertad.-
El 90% no tuvo reducción de las penas.-

Lo que se pretende entonces es utilizar las herramientas coercitivas derivadas del monopolio de la violencia que ejerce el Estado con una función meramente simbólica. Utilizar el Derecho Penal para mantener el orden social y evitar el caos que se pudiera generar en épocas de crisis económica. Es un discurso de emergencia, cortoplacista y efectista. Tiene un doble efecto: El funcionario no se hace responsable de sus políticas de gobierno (la sociedad es mala intrínsecamente) y por otra parte genera la sensación en la ciudadanía que las autoridades están haciendo algo, “que tomaron el toro por las astas”, cuando en realidad lo que hacen es esconder a las victimas de las políticas económicas y sociales desacertadas. La cárcel se convierte entonces en el deposito donde van a parar todos los excluidos y marginados del sistema, sin posibilidad de competir por un lugar en la sociedad.-
 

Frente a una sociedad que se encuentra atemorizada por los avatares políticos, la suba constante del costo de la canasta familiar, la suba de los servicios públicos, la perdida del poder adquisitivo de la moneda, los reclamos populares por la inclusión en planes laborales, el miedo a perder el empleo, etc. Se plantean estrategias desde el Estado que reconducen ese miedo ante la crisis económica en “miedo al otro” en “miedo a la criminalidad”.
 

Frente a la esquizofrenia de la “tolerancia cero” debemos plantear la “exclusión cero”. La seguridad urbana no es problema del número de policías en las calles, ni de cantidad de gente encarcelada. Es un problema de marginación y exclusión social. Economistas de la Universidad Nacional de Córdoba en una investigación sobre el comportamiento de actos ilícitos contra la propiedad en el país desde 1990 hasta el 2007 concluyeron que cada incremento del 1% en la tasa de personas excluidas en el país, trepa entre el 1,65% y 2,34% la probabilidad de que el delito crezca. Por tanto debemos atacar las causas estructurales de la inequidad y desigualdad del país si queremos tener soluciones reales y duraderas.
Por ultimo, existe un lugar común para aquellos que paladines de la mano dura, y es que nosotros no tenemos una propuesta frente a la actividad delictiva. Para ellos es dable recordar que a fines del año pasado hemos acompañado EL ACUERDO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA, donde se analiza una política criminal racional y un esquema de funcionamiento de los organismos de seguridad eficiente y comprometida con valores democráticos.-

Carlos Martinez
Diputada Provincial
Bloque Libres del Sur-Chaco