[Chaco] Represión al pueblo Qom en Fontana.

Represión al pueblo qom en Fontana

Para que no haya impunidad deben cumplirse las leyes vigentes

Las conductas llevadas adelante por personal de la Policía del Chaco contra integrantes del pueblo qom del barrio Bandera Argentina de la ciudad Fontana este último domingo no solo son un conjunto de acciones arbitrarias e ilegales , que comprenden allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta abuso sexual contra menores adolescentes. Son algo mucho más preocupante, ya que constituyen un secuencia repudiable e injustificable de racismo, odio étnico y discriminación manifiesta llevados adelante por quienes se sienten amparados por la impunidad que viene de las mismas entrañas del Estado.

Por ello es muy importante para los chaqueños que el Sr. Presidente de la Nación haya condenado enérgicamente los hechos y acompañe el reclamo de las víctimas por justicia y castigo a los responsables. Las declaraciones de Alberto Fernández tienen una repercusión y un peso fuerte por venir de quien es : la máxima autoridad de un poder del Estado Nacional, obligado como también lo están los Estados Provinciales, a garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona .

Pero, con todo respeto, le decimos al Sr Presidente que el problema del Chaco no es que haya una deuda institucional sino que el problema es que hay impunidad porque no se cumplen las leyes que existen y están vigentes hace tiempo.

Hay impunidad porque no se cumple la Ley de Seguridad Provincial que establece claramente , desde el año 2012, que las inconductas y faltas policiales graves y muy graves serán investigadas por una Dirección de Control Policial, integrada totalmente por civiles, y eventualmente sancionadas por un Tribunal de Disciplina Policial, también integrado en su totalidad por civiles . Por el contrario, y tal como lo ha reconocido la ministra de seguridad, la investigación y la eventual sanción de hechos de tamaña gravedad estará a cargo del Órgano de Control Institucional (OCI) , organismo íntegramente policial, heredado de la vieja idea militarista que los pares deben ser investigados y juzgados por los pares, de lo que resulta que las habituales sanciones no pasan, como mucho, de suspensiones cortas, separaciones transitorios o traslados temporales para que pase el tiempo y nada pase.

Tampoco hoy se cumplen los objetivos de formar una nueva Policía , democrática, respetuosa de los derechos constitucionales, subordinada al poder civil, plasmados en la ley vigente con la creación del Instituto de Seguridad Pública del Chaco, y menos aún las disposiciones claras de la ley de seguridad que establece que el personal policial siempre deberá actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los Derechos Humanos, en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un superior pueda justificar el sometimiento a torturas u otros tratos crueles inhumanos o degradantes.

También es inconcebible y totalmente injustificable que existiendo un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes establecido por ley no se haya podido a la fecha integrar al mismo a organizaciones de la sociedad civil, entre ellos los pueblos indígenas, para reforzar , con participación y poder popular, los controles que permitan , precisamente, prevenir estas prácticas aberrantes que desde el Estado denigran la condición humana y a quienes lo llevan a cabo.

La creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, con rango de Ministerio, es un avance institucional importante siempre que se entienda al espacio como la dirección , articulación y fortalecimiento de los distintos dispositivos institucionales y organizaciones sociales existentes a fin de establecer políticas de Estado que contribuyan a prevenir y erradicar este tipo de conductas violatorias de los derechos de la personas. Lo demás es correr tras los acontecimientos luego de ser arrollados por los mismos.

Reitero la importancia del acompañamiento del Sr. Presidente en esta búsqueda de justicia y castigo a los responsables de los aberrantes hechos cometidos contra integrantes del pueblo qom en Fontana. También lo es el decir que la deuda institucional en el Chaco fue saldada hace varios años con la sanción de importantes leyes de avanzada. Lo que hace falta, para que estos hechos no se repitan ni queden sin castigo , es la voluntad política, fundamentalmente del gobierno provincial, de cumplir y hacer cumplir las leyes que existen para cuidar a nuestros ciudadanos.

Carlos Martínez
Presidente Libres del Sur Chaco

Diputado Provincial (M.C.)
Coautor junto al Poder Ejecutivo de la Ley de Seguridad del Chaco
Autor de la Ley de Creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.

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