[Corrientes] Desarrollo costero: audiencias públicas o paquete cerrado? Por Dr. Gabriel Romero

El Plan de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes ha sido lanzado hace algunas semanas por el Gobernador de la Provincia, responsables del Plan Belgrano y el Intendente de Capital.

Se sostiene que el emprendimiento denominado “Agua Brillante” es promovido como una articulación nación, provincia y municipio.

Se refiere que el financiamiento del desarrollo costero es 100% privado pero que la recuperación del espacio es “para la gente”.

Hay dudas sobre el Puerto. Si se mantiene o se desplaza a El Sombrero. Las noticias no son precisas en cuanto a los porcentajes para espacios públicos. Y nada se ha dicho sobre el lugar para la memoria en el Regimiento 9 como ex centro clandestino de detención.

Se dice que se transformarán en espacios públicos a sectores que hoy están restringidos como los edificios de Vías Navegables, el de Vialidad Nacional, el Puerto, las viviendas del Ejército, el ex Regimiento 9 y la Unidad Penitenciaria.

Se apunta que la inversión privada sostendrá el desarrollo público.

A partir de estas noticias se han generado diversas reacciones entre los correntinos.

Un tema de esta envergadura es lógico que dispare distintas opiniones.

Se trata de un nuevo enfoque de la ciudad. La posibilidad de que la misma “mire al río”.

Lo cierto es que la ciudad y sus vecinos tienen el derecho y hasta el deber, de comprometerse, opinar, criticar, aportar sobre este singular plan.

Algunos anticipan su desconfianza. Se trataría de un paquetazo. Un negoción inmobiliario que reportará ganancias para un puñado de sectores, confort y lujo a quienes tienen poder adquisitivo alto para vivir en esa zona privilegiada.

Otros – con no poca razón – sostienen que otra vez se vuelve sobre la Costanera; que la ciudad enorme está desatendida con el 70 % de sus calles de tierra; que es injusto que la energía estatal se dedique obsesivamente a esta zona de nuevo.

No son pocos tampoco los que ven en este proyecto puestos de trabajo, modernización y progreso.

El Señor Intendente encabezó una charla con los Concejales de la Ciudad y luego ingresó un proyecto de Ordenanza que pasó a dos Comisiones del Concejo Deliberante.

Un paso que debe completarse para que el tratamiento cumpla con la base constitucional correspondiente.

Como lo he sostenido al momento de tratar lo relacionado con los emprendimientos de Santa Catalina es no solo saludable, transparente y democrático poner este tema a discusión en Audiencias Públicas donde se convoque a los vecinos de la ciudad, sino que se trata de un requisito constitucional.

Efectivamente dentro del Título III de la Constitución de la Provincia referido a los Municipios se ubica el Capítulo IV – De la Participación Ciudadana – principiando el mismo con el artículo 226 enteramente aplicable a este tema.

El tercer párrafo del mismo sostiene: “También es obligatoria (la audiencia pública) antes del tratamiento legislativo de proyectos que pongan en riesgo el desarrollo sostenible de la comunidad, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”.

Es muy claro que tratándose de proyectos que bordean nuestro Río Paraná exigen no solo buenas intenciones sino garantía, certeza, seguridad, de que los muy diversos emprendimientos no impactarán negativamente sobre la ribera del mismo. También es muy evidente que el desarrollo preanunciado involucra modificaciones en bienes e instalaciones públicas que hoy tienen una finalidad y pasarán a tener otra.

Con estas Audiencias Públicas – que como quedó dicho son obligatorias - se cumplirá con la requisitoria constitucional que dará base jurídica indispensable a los actos sucesivos evitando litigios.

Al mismo tiempo servirán para convocar a las Universidades Públicas y Privadas con asiento en la ciudad, Consejos Profesionales, Arquitectos, Planificadores Urbanos, Emprendedores Inmobiliarios, vecinas y vecinos que en general se sientan interpelados por el tema y quieran exponer sus puntos de vista, críticas e iniciativas.

Las y los vecinos de la ciudad merecemos este ejercicio participativo que además es una exigencia constitucional.

Si eso no ocurre estará jaqueado el plan – desde el origen - en su legalidad.

Gabriel Alejandro Romero Concejal M. C.
Libres del Sur Corrientes

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