Viki Donda: El "Ni Una Menos" sigue más vigente que nunca
A punto de cumplirse el primer aniversario de la multitudinaria marcha en la que la sociedad exigió #NiUnaMenos, me siento a escribir esta columna acerca de las deudas pendientes respecto del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Sacando la cuenta, veo que siguen siendo muchas.
Es el Estado quien tiene la obligación de generar, a través de los tres poderes, las condiciones para una sociedad sin desigualdad de género y sin violencia. Y es el Estado quien mantiene una enorme deuda con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto.
En el caso del Poder Legislativo, del cual soy representante, su principal deuda con las mujeres es el no tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en nuestro país: se calcula que aproximadamente 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, casi un 40% de los embarazos totales; 80 mil mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones en estos abortos y 250 mueren por año. Este año tengo el honor de encabezar la firma del proyecto de ley que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará por séptima vez, proyecto que fue presentado por primera vez hace diez años y nunca fue puesto a debatir en el Parlamento.
Por otro lado, podría decirse que un gran avance de estos últimos años fue la sanción de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en 2009. Se trata de una completa ley de avanzada que reconoce amplios derechos a las mujeres, pero que, sin embargo, podemos ver que no alcanza, que no es suficiente, que la ley no ha producido una merma en la violencia contra las mujeres. Ello se debe a las deudas que el Poder Ejecutivo tiene con la sociedad y las mujeres. Principalmente la falta de voluntad política que los distintos ejecutivos han demostrado para terminar con la violencia contra las mujeres hace que derechos que han sido consagrados en leyes tan buenas caigan en saco roto.
El Poder Ejecutivo destina el 0,0055% del presupuesto nacional para la lucha contra la violencia de género, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer, menos que lo que cuesta un paquete de chicles en un quiosco. Sin presupuesto, no es posible desarrollar políticas públicas efectivas para combatir la violencia machista. Sin presupuesto, el Gobierno no lleva adelante las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos consagrados en la ley 26485. Sin presupuesto, no hay casas refugios. Sin presupuesto, no existe la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para víctimas. Sin presupuesto, no existen las campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres, y la lista sigue.
Finalmente, la deuda con las mujeres y sus derechos también la tiene el Poder Judicial, tanto para su interior como con los litigantes. En el Poder Judicial federal y nacional el 56% de los empleados son mujeres. Sin embargo, esta proporción baja drásticamente entre los cargos jerárquicos. Entre los jueces, por ejemplo, sólo el 29% son mujeres, y la cantidad de mujeres es aún más baja entre los jueces de Cámara: menos del 25% son mujeres. El Poder Judicial necesita empleados y órganos capacitados en la materia, necesita teñirse con perspectiva de género para comprender la problemática de las mujeres que atraviesan por situaciones de violencia y generar así las mejores decisiones judiciales, que realmente sean herramientas útiles para las mujeres.
A su vez, es necesario que los medios de comunicación que forman opinión no difundan mensajes o imágenes que construyan patrones socioculturales reproductores de la desigualdad entre varones y mujeres para que logremos alcanzar una vida libre de violencia machista.
La cristalización de todos estos temas pendientes es la preocupante cifra de femicidios que año a año sigue alarmándonos. Conforme la estadística elaborada por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), entre el 3 de junio del 2015 y el 31 de mayo del 2016 hubo en Argentina 241 femicidios (24 de los cuales fueron vinculares).
Estas son sólo algunas de las deudas que la democracia y los distintos gobiernos tienen con las mujeres y sus derechos. Es por ello que este viernes convocamos a las 17 horas a que todos volvamos a marchar, volvamos a gritar #NiUnaMenos #VivasNosQueremos.
La autora es diputada nacional de Libres del Sur/ Progresistas por la ciudad de Buenos Aires.
Nota publicada en: http://www.infobae.com/2016/06/03/1815920-el-ni-una-menos-sigue-mas-vigente-que-nunca
