Salir de la cuarentena con más y mejor participación del Estado. Por Isaac Rudnik.
Salir de la cuarentena con más y mejor participación del Estado
Cualquiera sea la modalidad adoptada, requerirá una mayor y más fuerte presencia del estado en todos los órdenes de la vida del país.
La extensión de la cuarentena contó con el apoyo de una inmensa mayoría de la población que abarca a todas las franjas de la sociedad. La presencia global del coronavirus que se cobra víctimas diarias en los países centrales desde Europa a EEUU, comparada con las consecuencias acotadas que hasta ahora va teniendo en una Argentina controlada por la cuarentena, se han convertido en argumentos más que convincentes para sostener la continuidad de esta situación inédita.
En líneas generales se cumplen de igual manera las orientaciones para quedarse en las viviendas respectivas en todos los sectores sociales, aun cuando no sean iguales las dificultades que acarrean a todos los hogares. En éste, como en otros escenarios complicados que nos han tocado en las últimas décadas, las enormes inequidades con las que convivimos cotidianamente emergen críticamente visibilizando que hay situaciones y posibilidades muy diferentes.
En estos días afloran las graves carencias de los/as millones que no cuentan con ingresos fijos, viven de trabajos eventuales, y ahora deben hacer fila en la puerta de comedores comunitarios o tienen que esperar en sus casas que les llegue el bolsón con algunos pocos alimentos básicos. También se agudizan los graves problemas de cientos de miles de PYMES -que ocupan a millones de trabajadores- ahogadas por el cierre total o casi total de la comercialización de sus productos, pero que deben seguir pagando gravosos costos fijos, que van desde los salarios de los sus empleados a alquileres, tarifas y costos financieros, pasando por la continuidad del pago de impuestos y servicios.
Asimismo, se visibilizan las insuficiencias estructurales de los hospitales públicos enclavados en las zonas más pobres, que en el mejor de los casos ahora empiezan a recibir en cuenta gotas algunos de los insumos indispensables con los que deberían contar siempre, pero que corrientemente no están. Como así también las carencias nutricionales de la alimentación que provee el estado a través de los comedores escolares. Hospitales y Escuelas Públicas sostenidas antes y durante la pandemia principalmente por docentes y trabajadores de la salud, que todos los días siguen concurriendo a recibir los pacientes y repartir los alimentos.
Un 40% de nuestra población, cargando sobre sus espaldas con niveles de pobreza que van hasta la indigencia (10% de los argentinos), sostiene el aislamiento en medio de privaciones que van desde la precariedad de las viviendas hasta la ausencia de agua limpia. Y con las limitaciones de un estado habitualmente flaco y anémico para cubrir las necesidades básica del barrio, mantienen disciplinadamente la cuarentena, contribuyendo sustancialmente a que, a más de un mes de haberse iniciado, vayamos ganando desde el conjunto de la sociedad esta durísima batalla.
Algunas recomendaciones del FMI para el contexto global.
“1) Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales: Deben incrementarse los recursos para pruebas de detección del COVID-19 y su tratamiento. Deben mantenerse la atención sanitaria habitual, la producción y distribución de productos alimenticios, las infraestructuras esenciales y los suministros públicos. Podrían ser necesarias incluso medidas intrusivas por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, recurriendo a mandatos en tiempo de guerra, con la priorización de contratos públicos para insumos esenciales y productos finales, la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas. 2) Proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por la crisis: Los hogares que pierdan sus ingresos debido directa o indirectamente a las medidas de confinamiento necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente se quede en casa y al mismo tiempo mantengan sus empleos (las licencias médicas financiadas por el gobierno reducen el movimiento de personas y, por tanto, el riesgo de contagio). Las prestaciones por desempleo deben ampliarse y extenderse. Es necesario que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes y sin empleo. 3) Evitar una disrupción económica excesiva. Los cierres de empresas causarían pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos productivos a largo plazo. Las disrupciones en el sector financiero también intensificarían las dificultades económicas. Los gobiernos deben proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, inclusive mediante subsidios salariales, con condiciones adecuadas. Ya se han puesto en marcha grandes programas de préstamos y garantías (con el riesgo asumido en última instancia por los contribuyentes) y la UE ha suministrado inyecciones directas de capital a las empresas con la relajación de su normativa sobre ayudas estatales. Si la crisis empeora, podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión. La emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan las circunstancias excepcionales, pero dicha intervención deberá realizarse de forma transparente y con cláusulas de caducidad automática claras” (https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13126 )
Las orientaciones de todos los organismos internacionales y las políticas de los gobiernos de las potencias centrales van en dirección de destinar grandes montos fiscales para impedir caídas verticales de sus economías, aun a costa de promover las intervenciones estatales mucho mas allá de las habituales “ayudas focalizadas” o de regulaciones coyunturales. Sin embargo, el aparente acuerdo para impulsar la intervención estatal en todos los órdenes no está exento de fuertes disputas.
«Este proyecto de ley les paga más por no trabajar que si estuvieran trabajando»dijo el legislador republicano Lindsey Graham en la sesión del Senado de los EEUU, preocupado por la porción dedicada a los subsidios a los desempleados, cuando hace pocos días se votó el paquete de recursos fiscales destinado a poner paliativos a la crisis. Y repitió uno de los más antiguos y clásicos dogmas liberales: “los grandes programas gubernamentales de asistencia a los desempleados simplemente fomentan la pereza en la clase trabajadora”.
Y para que no haya confusiones respecto a las eventuales convicciones keynesianas de sus directivos, el FMI en la misma página que hace las recomendaciones que mencionamos más arriba dice: “A diferencia de otras desaceleraciones económicas, la caída del producto en esta crisis no está provocada por la demanda: es una consecuencia inevitable de las medidas para limitar la propagación de la enfermedad. El papel de la política económica no es, por tanto, estimular la demanda agregada, al menos no de forma inmediata”.
O sea, no hay mayor discusión sobre la necesidad de utilizar los ingresos fiscales para suavizar las consecuencias de una crisis que hoy afecta a todos los países del globo. Pero hay debate y sobre todo disputa, en la Argentina y en el mundo, respecto al destino principal de esos recursos.
En la Argentina
Sería prematuro e irresponsable especular confiadamente que en la Argentina la guerra contra la pandemia está definitivamente encaminada. Por el contrario, hay que esperar la evolución favorable de las herramientas que están jugadas, que todo indica que son las más adecuadas, mientras analizamos detenidamente el conjunto de las políticas y sociales que las rodean.
Claramente, las medidas implementadas en estos días críticos -independientemente que varias de ellas puedan ser consideradas insuficientes o deficientes- en general siguieron el camino adoptado desde el inicio por actual gobierno, poniendo los escasos recursos fiscales disponibles en el campo de los más vulnerables, priorizando entre otras cuestiones la Lucha contra el Hambre.
En el ámbito del trabajo, se anunciaron pagos del estado a parte de los salarios de los empleados de empresas en dificultades (programa de Recuperación Productiva); se ampliaron las partidas destinadas al seguro de desempleo; se suspendieron temporalmente las contribuciones patronales de los sectores más afectados, como cines y teatros y restaurantes, transporte de pasajeros y hoteles; se dispuso “la prohibición de despidos y suspensiones sin causa justa por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” (Decreto de Necesidad y Urgencia del 01/04).
En Obra Pública: se relanzó el Plan Procrear para la construcción y/o refacción de cien mil viviendas, y se anunciaron doscientos mil nuevos pequeños créditos rápidos para pequeñas refacciones; se habilitó una línea de créditos blandos -al 24% anual- por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos; se destinaron $25.000 millones en créditos del Banco de la Nación Argentina a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos; se dispuso de $8.000 millones para financiar la producción de equipamiento tecnológico a fin de garantizar la modalidad de teletrabajo, y otros $2.800 millones destinados al financiamiento de infraestructura en los parques industriales.
En asistencia a los sectores más vulnerables: se adelantó al 27 de marzo el pago de AUH, pensiones, jubilaciones y otras asignaciones sociales; se otorgaron bonos de $3.000 para jubilados que cobran la mínima, y para tributarios de planes sociales, de $3.100 para los que cobran asignaciones equivalentes a una AUH adicional ($3.100) por hijo; se concedieron dos meses adicionales de gracia, abril y mayo, para el pago de los créditos de Anses. Se instauró una asistencia especial de diez mil pesos para los monotributistas de las categorías más bajas para el mes de abril, que puede extenderse en la medida que siga la emergencia.
Para sostener el consumo se prolongó por seis meses la vigencia del plan Ahora 12, se establecieron precios máximos para más de quinientos productos de primera necesidad, y se postergaron vencimientos de tarjetas de crédito hasta el final de la cuarentena.
Para garantizar que las microempresas y PYMES puedan pagar sin dificultades los sueldos de abril, se abrió una línea de créditos especiales a una tasa del 24% anual, para lo cual el Banco Central emitió resoluciones específicas que facilitarán la operatoria de las entidades financieras (liberó dos puntos de los fondos que deben habitualmente mantener inmovilizados los bancos y proveyó de un fondo de garantía por el cual el estado es garante del 100% de los fondos prestados).
Contrariamente a lo que pudiera esperarse estas orientaciones cuentan con no pocos detractores.
“El Gobierno partió de dos diagnósticos equivocados. El primero es haber colocado el foco solo en las personas más pobres, cuando el problema es más generalizado. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia destinado sólo a los monotributistas de las categorías A y B deja afuera a muchos pequeños comerciantes que ahora no tienen ingresos… Estos sectores de clase media baja están más desprotegidos que los beneficiarios de los planes sociales… El segundo, dado que el país tiene una gran debilidad fiscal, tiene que apuntar bien a los sectores a los que ayuda. Suena bien darles una suma fija a los jubilados, pero ellos no perdieron ingresos: cobran lo mismo que el mes anterior. O solo darles créditos y ayuda impositiva a las pymes… En Alemania la primera asistencia fue para las empresas grandes y no a las chicas, porque las grandes arrastran a todas las demás y a los proveedores. Sin ingresos, una empresa no puede sobrevivir, más allá de su tamaño.
(Daniel Artana, economista, opinando sobre las políticas del gobierno de Alberto Fernández). https://www.infobae.com/economia/2020/03/31/daniel-artana-hay-que-bajar-los-salarios-del-sector-publico-porque-si-no-van-a-volver-las-cuasimonedas-y-esto-sera-un-desastre/
Pero estas diferencias no se plantean sólo en el debate de ideas, sino que se trasladan sin escalas a acciones directas a través del no cumplimento de varias de las más importantes medidas sancionadas. Entre las mas notorias se pueden contabilizar: incrementos permanentes, impulsados por los formadores de precios en los valores de los alimentos y productos que componen las Canastas Básicas, en muchos casos por encima de los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio; despidos y suspensiones masivas por parte de grandes empresas como Techint (construcción 1500), Mirgor (celulares, 750); incumplimiento de los bancos privados en el otorgamiento de los créditos blandos a PYMES y microempresas a pesar que cuentan con los fondos y las garantías necesarias concedidas por el estado; negativa de grandes cadenas de comercialización a vender bajo la modalidad Ahora 12; negativa de los bancos privados a hacerse cargo de los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Como salimos de la cuarentena
En un marco en que la imposición del aislamiento obligatorio, por un lado, ha conseguido lentificar la cadena de contagios, y por otro, ramas importantes de la economía sufren los efectos negativos de un funcionamiento nulo o reducido, es necesario y responsable a empezar a pensar en el día después de la cuarentena, cuya salida seguramente será paulatina y fuertemente regulada.
De hecho, el presidente aludió a una perspectiva post pandemia en el mismo momento que anunció la extensión de la cuarentena. Dijo que en 2003 -él mismo era parte de aquel gobierno- el PBI se pudo recuperar (“De la caída del PBI se vuelve, de la muerte no”). Y en los días siguientes el tema empezó a aparecer cada vez con más fuerza en forma de diferentes propuestas, que en muchos casos no están al margen del debate principal respecto a las características de la continuidad del proceso económico en el marco de la persistencia de la crisis.
Diferentes reuniones se suceden entre el presidente y otros funcionarios de primera línea con las gremiales empresarias que piden acelerar el final de la cuarentena. Llevan diversas propuestas, algunas buscan un equilibrio entre la reactivación de la actividad económica y el resguardo de la salud de la población en un marco en que si bien la cadena de contagios estría aparentemente controlada, la pandemia seguirá siendo una amenaza presente; otras sólo contemplan la defensa de los ingresos empresarios.
Primero y antes que nada deberían comprometerse a desempeñarse dentro de las normativas vigentes, y el gobierno debería ser inflexible a la hora de exigir su complimiento: prohibición de despidos y suspensiones con la reincorporación inmediata de los trabajadores/as que entraron en esa situación en este período; apertura por parte de los bancos privados de las líneas de créditos blandos anunciados por el gobierno en los últimos días; incorporación de los grandes bancos privados a las cadenas de pagos a jubilados, pensionados y receptores de asignaciones sociales; cumplimiento estricto de las normativas que permiten a los/as trabajadores/as que entran en contacto con personas sospechosas de estar infectadas, a tomar licencia inmediata. Es importante mencionar que en muchas situaciones esta última norma no se cumple ni en la actividad pública ni en la privada, lo que es un indicativo de la necesidad de reforzar los controles oficiales.
En un país en el que los grandes grupos económicos siempre (histórica, constante, y permanentemente) anteponen sus intereses a los del conjunto de la nación, no será fácil empezar a soltar la cuerda de la cuarentena vigente, sin desencadenar un proceso negativo para la mayoría de la población. Cualquiera sea la modalidad adoptada y en los tiempos más cortos o prolongados que sea programada, requerirá una salida signada por un mayor y más fuerte seguimiento participación del estado en todos los órdenes de la vida de la nación, lo que permitirá zanjar las disputas en curso en favor de los intereses de las mayorías. Invirtiendo lo necesario en la salud y la educación públicas, recreando la infraestructura de las zonas en que viven millones de argentinos y argentinas sumidos en la pobreza, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de las PYMES, de los pequeños emprendimientos, de la agricultura familiar y de la economía popular.
Después de todo esta guerra contra el coronavirus la ganamos todos y todas juntos y juntas -como viene siendo hasta ahora- o la perdemos todos y todas si predominan los intereses de pocos y pocas.
Isaac Rudnik
Director
ISEPCi | Instituto de Invetigación Social, Económica y Política Ciudadana
Nota publicada en: http://isepci.org.ar/2017/03/02/entre-la-irrealidad-y-los-deseos/
