[CABA] Primer round para la incineración de la basura en la CABA. Por S. Ferreyra

La legislatura porteña finalmente modificó la Ley Basura Cero

Tras la aprobación en la legislatura porteña de la modificación a la Ley Basura Cero para habilitar la incineración de basura, Eduardo Macchiavelli rompió el silencio y admitió: “es un cambio de paradigma en la gestión de residuos”. El gobierno y las empresas se aprestan a sentar las bases para el proceso de licitación y determinar dónde funcionarán las plantas. El ministro de ambiente de la CABA confirmó que analizan la posibilidad de instalar una de ellas en Lugano, en Avenida Roca y General Paz, dentro del área de saneamiento del Riachuelo.

El funcionario mencionó que esta planta de Ciudad y las que se instalarán en el conurbano bonaerense estarán bajo el control de la CEAMSE y las autoridades ambientales de ambos distritos: la Agencia de Protección Ambiental-APRA y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible-OPDS. Recordó que tanto los procesos de licitación para su construcción como la rezonificación de los predios donde se localizarán las instalaciones deberán contar con el aval de la legislatura. En la CABA, además, el cambio de zonificación requiere aprobación con mayoría especial y doble lectura.

El triunfo del oficialismo en la votación reciente fue el primer paso a sortear, en el marco del rechazo de diversos sectores de la sociedad que ya manifestaron su posición: la iglesia a través de los curas villeros, la Cámara Argentina de la Industria de Reciclado Plásticos, la Facultad de Agronomía de la UBA, investigadores y docentes de universidades nacionales, el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la CABA, la Federación de Argentina de Cartoneros, Cartoneras y Recicladores-CETEP, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales-FARN, Greenpeace, AVINA, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración-GAIA, entre otras organizaciones sociales y políticas. La aprobación de la modificación a la ley contó 36 votos a favor (toda la bancada oficialista de Vamos Juntos, más los legisladores Abrevaya y Depierro) y 22 en contra (toda la oposición, más una parte de los “aliados” del gobierno, del bloque Suma+ de Martín Lousteau).

Desde hace años el PRO intenta avanzar con la incineración de los residuos, pero hasta ahora no tenía las condiciones dadas para cumplir su objetivo.  A partir del resultado electoral de 2017 la alianza gobernante logró por primera vez mayoría propia en la legislatura porteña, y a muy pocos votos en el caso de la bonaerense. Rápidamente activó a la CEAMSE, sociedad de estado conformada por ambas jurisdicciones, para instrumentar la interlocución con los gobiernos locales y el sector privado dentro y fuera del país.

Consciente de las dificultades para avanzar sin consenso hacia un cambio de paradigma en la gestión de los residuos en la zona metropolitana, el PRO diseñó una estrategia de corto plazo, principalmente mediática, con muy baja exposición de referentes o funcionarios políticos, sin despliegue territorial ni debate en los ámbitos establecidos. En los primeros meses del año eludieron todos los pedidos de informes presentados desde distintos sectores ante las declaraciones que aparecían en los principales medios de comunicación sobre la instalación de estas nuevas plantas de incineración para generar energía. A fines de marzo el Ejecutivo presentó la modificación a la Ley Basura Cero, sin que nadie fundamente el real alcance de la medida, logrando en seis semanas su aprobación.

Sectores de la oposición dieron a conocer horas antes de la sanción de la norma, una serie de documentos filtrados, emitidos a fines del 2017 desde organismos oficiales del gobierno de la Ciudad, entre otros la propia Agencia de Protección Ambiental-APRA. Uno de ellos contempla los principales puntos de la estrategia: “segmentar audiencias: público consciente está en Capital Federal, público de acción social en zona sur, público afectado en tercer cordón, etc.”, plantear “un paquete de leyes para minimizar el foco en la discusión”, “es crítico posicionar que esto es una discusión integral de la problemática de la basura”, “meter todo para que el volumen de la discusión tape la temática de fondo”, “cambiar la conversación, no negarla”, “volver a tocar tema ´cooperativas´ y su rol en esto”. Otro documento reconoce que la tecnología generará residuos peligrosos y en consecuencia “deberán tratarse dentro de su marco legal vigente”; en otro se plantea una línea de tiempo, cumplida a la fecha, para avanzar con la “campaña” desde su inicio en diciembre de 2017 hasta fines de 2018. Finalmente, se incluye un “listado de personajes escaneables”, donde figura una caracterización de “activistas” y periodistas: “difícil, inamovible, viable, abordable, posible”. En el caso de los periodistas, indicaciones tales como: “habrá que ver si acepta cambiar o morigerar su posición a cambio de algún acuerdo de pauta para sus medios”, “testear si son permeables a la propuesta si se le ofrece publicidad”. Uno de los referentes mencionados en la lista, el abogado Enrique Viale, señaló que están evaluando hacer una denuncia penal por el manejo de la pauta oficial.

No es el único aspecto de este plan para habilitar la incineración que ameritaría la intervención de la justicia. Se mencionan sólo algunos: de confirmarse la intensión de instalar una de las plantas en la Comuna 8, a metros del Matanza Riachuelo, estaría a contramano del Plan de Saneamiento dispuesto por la ACUMAR, bajo el control de la Corte Suprema de Justicia. Si el gobierno insiste en considerar la energía obtenida en estas plantas como “energía renovable”, dando vía libre a los recursos del Estado dispuestos a tal fin, primero debería modificar el régimen vigente, ya que actualmente no se considera la incineración de residuos como fuente renovable. También existen compromisos internacionales asumidos por nuestro país respecto a emisiones de los denominados contaminantes orgánicos persistentes, propias de este tipo de tecnologías.

Una larga lista de argumentos refuta esta falsa solución propuesta por el gobierno de la CABA para paliar su deliberado incumplimiento de las metas de reducción de residuos enviados al CEAMSE en todos estos años. Uno de los sectores directamente perjudicados por la decisión, las cooperativas de recicladores, cartoneros y cartoneras, hace meses se vienen movilizando, alertando a toda la sociedad no sólo los riesgos para el ambiente y la salud sino para su propia fuente de trabajo. Desde hace unas semanas realizan una tarea casa por casa en su recorrido, explicando la intensión del gobierno de volver a incinerar la basura, insistiendo con la necesidad de promover el reciclado. Es importante que desde distintos sectores aportemos a esta tarea de concientización y debate de cara a la sociedad, difundir los y las legisladoras que apoyan este retroceso, interpelar su votación en la modificación a la Ley Basura Cero y las que quedan por delante. No hay margen para que una planta de estas características se instale ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en el conurbano. No todo está dicho en esta pelea.

Silvia Ferreyra
ISEPCI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana

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