Primer round a favor de los pueblos originarios
Avanza la prórroga a ley que suspende los desalojos de comunidades indígenas
Primer round a favor de los pueblos originarios
Por tercera vez desde su aprobación en 2006, el Senado Nacional dio media sanción ayer a la prórroga por cuatro años más a la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que vencía el próximo 23 de noviembre. Votación enmarcada por la desaparición de Santiago Maldonado y la reedición de un discurso xenófobo en la sociedad promovido desde las usinas del poder mediático, donde los indígenas serían cuanto menos vagos o fácilmente manipulables, cuando no delincuentes o terroristas.
En las últimas semanas distintas organizaciones y sectores vinculados a la problemática indígena llevamos adelante una campaña para promover una nueva prórroga, en alerta por la coyuntura política mencionada, la demora en el tratamiento legislativo tanto en Diputados como en Senado de los proyectos correspondientes, la proximidad de la fecha de vencimiento y el riesgo de perder esta débil herramienta jurídica para hacer frente a los desalojos.
La preocupación no era para menos. En diputados en diciembre de 2016 un proyecto igual al aprobado recientemente había logrado el visto bueno de la Comisión de Población, pero dormía el sueño de los dioses desde principios de año en las otras comisiones que debían tratarlo. Entre pasillos, legisladores oficialistas nos decían que era la oposición, principalmente el Frente para la Victoria, quien se negaba a dar quórum para su tratamiento. La razón, supuestamente, era el histórico reclamo de que cada provincia arregle los conflictos con sus comunidades.
En Senado el debate pudo avanzar más rápido. En marzo se creó la Comisión Especial de Pueblos Originarios, que recién en julio pudo dar tratamiento a los proyectos de prórroga allí vigentes. La siguiente comisión, de Presupuesto, pudo dictaminar ese mismo mes, por lo cual ya estaba en condiciones de ser tratado en sesión desde entonces. En ambas comisiones la aprobación fue por consenso, no se presentaron disidencias de ningún bloque.
El 4 de agosto, a pocos días de la desaparición de Santiago Maldonado, la presidenta del Senado Gabriela Michetti, incluyó la prórroga a la Ley 26.160 en la convocatoria a sesión especial del día 16 de ese mes. Pero ese día, en reunión previa a la sesión, el senador Pichetto solicitó sacarlo del orden del día, postergando su tratamiento. En la siguiente sesión del 7 de septiembre el tema no figuraba en el temario, razón por la cual la titular de la Comisión de Pueblos Originarios solicitó su inclusión, opción que fue rechazada nuevamente, esta vez por el oficialismo y por la oposición. El propio senador Pinedo hizo referencia a que la Ley 26.160 era un obstáculo para el accionar de la Justicia.
Alertados por esta situación y el contexto político abierto a partir del caso Maldonado, la demonización o deslegitimación de cara a la sociedad de los reclamos de los pueblos originarios, y el escaso cumplimiento de la ley 26.160 en estos casi 10 años de vigencia, un conjunto de organizaciones y entidades vinculadas a la problemática indígena, junto a representantes legislativos de ambas cámaras, nos convocamos para coordinar acciones y lograr una nueva prórroga por cuatro años.
Sin desconocer los enormes límites de la norma para lo que propone, suspender los desalojos de las comunidades hasta tanto se complete el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan. También la falta de seguridad jurídica que tienen aún quienes lograron completar el proceso a la fecha sólo un 30% del total de comunidades registradas- ya que al no estar regulada la propiedad comunitaria indígena se plantean dificultades concretas para su titularización. Pero conscientes de que si esta ley se cae significa un retroceso en términos de derechos y un agravante para la actual conflictividad.
Desde distintos sectores, con mayor o menor grado de coordinación, se inició una tarea de visibilización del problema y de sensibilización a representantes legislativos de ambas cámaras, cada cual con contacto o ascendencia sobre distintos espacios políticos.
En la sesión del 16 de agosto, la senadora Magdalena Odarda y el senador Fernando Pino Solanas solicitaron su tratamiento sobre tablas, moción que no logró los votos suficientes. Una de las autoras de las propuestas de prórroga, la senadora Fernandez Sagasti propuso preferencia para su tratamiento el día 27 de septiembre, propuesta que fue aceptada. La oportunidad sirvió para hacer pública la postura de los distintos bloques: por ejemplo, el senador Rosas (UCR) mencionó que la ley 26.160 tal cual está no había servido para las comunidades, no se podía seguir prorrogando toda la vida, había que ponerle un fin. Proponía debatir un nuevo sistema para el relevamiento y a lo sumo prorrogarla sólo por 60 o 90 días.
El miércoles siguiente, en sesión de diputados, la diputada Victoria Donda y el diputado López de Salta propusieron el tratamiento sobre tablas de los proyectos de prórroga que esperaban dictamen en esa cámara. Si bien la iniciativa no logró los dos tercios necesarios para tal fin, a partir de la votación se pudo conocer la posición de los distintos bloques: el oficialismo votó en contra del tratamiento, supuestamente para esperar la sanción del Senado, y la oposición a favor.
Para ese entonces, si bien había un acuerdo generalizado entre los distintos bloques respecto a la prórroga de la Ley, tanto en el oficialismo como en la oposición había sectores que expresaban la voluntad de acortar sus plazos (se hablaba de uno a dos años y medio) y modificar aspectos de su instrumentación.
El 21 de septiembre hubo un debate en el Senado organizado por Pino Solanas, donde participaron distintos especialistas, organizaciones y representantes de pueblos originarios. El sábado 23 iniciaron un acampe frente al congreso comunidades de distintos puntos del país, que se extendió hasta el día de tratamiento en Senado. El martes 27, un día antes de la sesión, la diputada Silvia Horne (Movimiento Evita) autora de uno de los proyectos, convocó a legisladores y legisladoras de ambas cámaras y representantes de pueblos originarios de distintos puntos del país; allí se ratificó la voluntad de avanzar con la prórroga por cuatro años. La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la radical Patricia Giménez mencionó además su compromiso de avanzar con una ley sobre el problema de fondo: la propiedad comunitaria indígena. El día del tratamiento de la ley, el 27 de septiembre, se realizó una movilización con comunidades originarias junto a distintos sectores sociales, que aguardaron frente al Congreso la votación.
Finalmente se logró la media sanción, por cuatro años más. Resta ahora su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados. Difícilmente se hubiera logrado este resultado sin movilización ni una participación activa desde los distintos sectores, cada cual a su manera y con sus distintos interlocutores, una lección de la cual aprender. Sobre todo mirando la coyuntura política actual, los debates instalados en la sociedad hacia los pueblos originarios, y la necesidad de avanzar con los problemas de fondo: una ley que regule la propiedad comunitaria indígena y el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Silvia Ferreyra
Asesora Bloque Libres del Sur - HCDN
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